VALÈNCIA. La Audiencia de Valencia ha condenado a cuatro años y medio de cárcel al exvicealcalde de València Alfonso Grau por un delito continuado de malversación en la financiación en B de las campañas del PP para las elecciones de 2007 y 2011 dentro del caso Taula. Los magistrados también condenan al exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas, a cuatro años de prisión. Mientras, absuelven por falta de pruebas a la exsecretaria del grupo municipal popular Mari Carmen García-Fuster y al exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón.
El fallo establece que Grau deberá indemnizar al Ayuntamiento de València con 388.150 euros y le impone una multa de cinco millones de euros por un delito de cohecho. En caso de impago, se le añadirán seis meses más de cárcel. Por su parte, Salinas habrá de indemnizar al consistorio con 210.000 euros.
Esta investigación dentro de la macrocausa de Taula estaba centrada en la financiación del PP de València para las campañas electorales de 2007 y 2011. La instrucción apuntó a que el partido ingresó y destinó una cantidad de dinero y de recursos muy superior a la establecida legalmente
mediante procedimientos clandestinos. Lo denominaron "sobrefinanciación articulada". Por estos hechos se sentaron en el banquillo los cuatro acusados en un juicio que finalizó el pasado febrero.
La pieza colgaba de la del conocido como pitufeo, en la que se indagó en las aportaciones de mil euros de concejales y asesores del PP para la campaña electoral de 2015 que después se les habría devuelto en dos billetes de 500. En diciembre de 2021, la Audiencia Provincial archivó la investigación sobre este supuesto blanqueo de los exediles populares tras seis años de instrucción al no ver delito.
Una decisión que provocaba que el procedimiento sólo siguiera adelante en relación a la financiación de las campañas electorales de 2007 y 2011 con unas mecánicas que el juez consideraba irregulares. Motivo por el que sólo Grau y Fuster, junto a Salinas y Santón, acabaran sentados en el banquillo.
La sentencia, de 370 páginas, considera probado que el entonces concejal de Hacienda y vicealcalde Alfonso Grau desvió fondos de la Fundación Valencia Turismo Convention Boureau (FTVBC) y de la Asociación Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), que recibían aportaciones económicas del consistorio, para sufragar gastos generados por la campaña electoral municipal del PP de 2007.
Así, según recoge la resolución, la FTVBC, entidad de carácter privado financiada con aportaciones municipales y destinada a la promoción turística de la ciudad de Valencia, abonó al menos 210.000 euros la empresa que gestionaba la campaña electoral para el PP, Laterne Product Council (LPC).
Del mismo modo, CEyD, dedicada al desarrollo económico, cultural, social y tecnológico de Valencia y financiada mayoritariamente con dinero municipal, pagó 178.150 euros a la misma empresa. La sentencia mantiene que dichos pagos se efectuaron por decisión de Alfonso Grau y que José Salinas colaboró en la ejecución de los mismos.
La resolución también considera probado que Laterne recibió aportaciones de diversas empresas contratistas con el Consistorio que se dedicaron a sufragar gastos de las actividades de la campaña electoral del PP de 2007 y que se efectuaron bajo la apariencia de pagos por prestaciones que realmente no se habían realizado.
Empresarios que realizaron pagos para "significarse" por el PP
Esos empresarios hicieron dichos pagos para "significarse ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal", a fin de "apoyar que la candidatura del Partido Popular continuara gobernando (...) y poder, así, beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento, de las empresas públicas municipales y de cualesquiera otras entidades en cuyas decisiones pudieran intervenir los gobernantes municipales", según detalla la sentencia.
El Tribunal ha dictaminado que esos pagos se hicieron a petición de Alfonso Grau, "quien se prevalió de la posición que ocupaba como teniente de alcalde del Ayuntamiento para conseguir aportaciones económicas de "las empresas que mantenían relaciones económicas con la Corporación Local por importes relevantes o que podían tener interés en poder acceder a contratar con el Ayuntamiento".
En todo caso, lo hicieron -prosigue la Sala- "en atención a la posición de poder que él ocupaba y a la capacidad que podía haber desplegado o podía en el futuro desplegar para poder influir en la contratación municipal".
Según la Sección de la Audiencia de Valencia, en esa acción, "cuanto menos colaboró en la comisión de los hechos" el entonces director gerente de FTVBC, pues autorizó los pagos y "no cabe plantear como hipótesis razonable" que lo hiciera "por error o engañado", sino que su colaboración fue "necesariamente consciente de su finalidad".
No hay prueba evidente en la campaña del 2011
Diferente conclusión alcanza el Tribunal respecto a la campaña de las municipales de 2011, que también eran objeto de acusación, pues entiende que no hay una prueba evidente del origen de los fondos utilizados por el PP para sufragar los gastos electorales.
"La prueba existente y analizada no permite descartar que las facturas analizadas se correspondieran con trabajos efectivamente realizados", precisan los magistrados.
Así, aunque el pago de gastos electorales con los saldos de la cuenta del Grupo Municipal Popular se efectuaron "al margen de la contabilidad del PP y con incumplimiento de las exigencias de la legislación sobre financiación de partidos políticos y de la legislación electoral", esos hechos, cuando se cometieron, no eran constitutivos del delito de financiación ilegal, añade el Tribunal.
Foto: KIKE TABERNER