El juicio de la financiación del PP de València queda visto para sentencia con peticiones de absolución

VALÈNCIA (R.C./EP). El juicio sobre la financiación de las campañas del PP para las elecciones de 2007 y 2011 dentro del caso Taula ha quedado este martes visto para sentencia. A lo largo de la sesión, los abogados de la mayoría de acusados han expuesto los informes de conclusiones para pedir las absoluciones de sus representados y cuestionar la prueba. 

En esta pieza separada dentro de la macrocausa, los investigadores apuntaron a que el PP de València ingresó y destinó a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos muy superior a la establecida legalmente mediante procedimientos clandestinos. Lo denominaron "sobrefinanciación articulada". Por estos hechos se han sentado en el banquillo el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau; la exsecretaria del grupo municipal popular Mari Carmen García-Fuster; el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas; y el exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón.

En su informe de ayer lunes, el fiscal sostuvo que el PP de València cometió en las elecciones de 2007, de 2011 y, en menor medida, de 2015, fraude electoral "porque incrementó su presupuesto para las elecciones mediante un dinero irregularmente obtenido". Lo hizo, sostuvo, de cuatro formas distintas: de dinero aportado por fundaciones y entidades municipales; de empresas valencianas y una sociedad fantasma; de ingresos en efectivo; y de billetes de 500 euros que entregó Grau a su exasesor Jesús Gordillo.

En relación con las campañas de 2007 y 2011, el fiscal recordó, tal y como manifestó en su momento el PP nacional, que los grupos municipales no podían manejar dinero en efectivo ni admitir donaciones, y que tenían designado un presupuesto desde Génova para las campañas. En el caso del PP de València, para la campaña de 2007 había un presupuesto de 133.762 euros; y para la de 2011, de 150.200 euros. "Sin embargo, en ambos casos, el dinero se multiplicó exponencialmente por el grupo", apostilló.

El fiscal recordó que el grupo popular tenía dos cuentas corrientes: una de ellas, la legal, donde se recibían las subvenciones del Ayuntamiento; y, otra, en la que García Fuster, "tesorera y la que mandaba y cobraba como asesora del Ayuntamiento", ingresaba "pequeñas corruptelas, tal y como decía la exconcejal de Cultura": "hacía y deshacía lo que quería, era como la 'Cueva de Ali Babá', una cuenta sin control". En el centro de todo situó a Grau. 

El abogado del exvicealcalde de València ha contradicho este martes toda la acusación porque, dicen, "no hay absolutamente ningún elemento que pueda sostener los delitos de malversación, cohecho y falsedad documental". En la misma línea lo hizo el lunes el letrado de García-Fuster, quien alegó prescripción y aseguró que no había "un solo indicio" contra ella de "ninguna irregularidad". "No hay pruebas contra mi cliente, son imposibles", insistió.

También ha expuesto su informe el letrado de Santón, quien ha defendido que su representado no era autoridad o cargo público puesto que fue un concejal no electo y delegado de Innovación y Grandes Ciudades. Respecto a CEyB ha señalado que Santón entró a partir de 2006 y fue creada bajo otra mercantil en 1989, sin tener el Ayuntamiento mayoría cualificada.

Ha señalado que "lo que hace CEyD todo el tiempo, bajo un hilo argumental real de todos los miembros de la entidad, es la promoción de la ciudad, cumplir con su objeto social", con lo que ha negado la malversación o prevaricación. También ha dicho que era el comité ejecutivo el que aprobaba contratos: "Tenían funciones ejecutivas".

En el caso de Fivec –de la que Santón fue presidente–, el letrado ha afirmado que, al igual que CEyD, tenía una composición plural, "con miembros distintos", y contaba con patronato, "quien tenía las funciones de hacer actos, contratos y efectuar pagos. El presidente no decidía", ha aclarado. En resumen, ha negado cualquier responsabilidad de su cliente en este procedimiento.

Por su parte, el letrado de Salinas ha defendido en su informe la "inocencia" de su cliente y ha subrayado que no se ha demostrado su intervención "en ningún hecho delictivo". "El relato acusatorio no se mantiene", ha afirmado.

Además, ha aclarado que su representado no era funcionario público, sino director gerente de Fundación Turismo Valencia, "una entidad privada", y actuaba "por delegación": "Hacía lo que tenía que hacer en la fundación y lo hacía bien. No había mando ni una subyugación en el patronato. No se imponía nada al patronato", ha destacado.

Con la exposición de los informes se ha dado por concluida la vista y el único acusado en utilizar el derecho a la última palabra ha sido Santón, quien se ha declarado "inocente" y ha asegurado tener la conciencia "muy tranquila". También ha dicho: "He tenido la desgracia de tener que recordar cosas de hace 20 años y eso para una familia ha sido duro".