VALÈNCIA. El que fuera vicealcalde de València durante los gobiernos de Rita Barberá, Alfonso Grau, es el centro de las investigaciones incardinadas en el conocido como caso Azud, centrado en una trama de comisiones a cambio de favores en el seno del Ayuntamiento de la ciudad. La investigación, tutelada por el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, da ahora un nuevo paso al levantarse el secreto de sumario. Según él, Grau habría escondido mordidas en el extranjero utilizando a su familia, que también se habría beneficiado con una empresa patrimonial conjunta.
En uno de sus autos, la jueza constata que una de las hijas de Grau, María Ángeles Grau, "participaba activamente junto a su padre [...] en la trama de ocultación y posterior afloramiento del dinero ilícitamente obtenido por el pago de las citadas comisiones". Y lo hacía principalmente, insiste el auto al que ha tenido acceso este diario, mediante dos cuentas bancarias.
Una de ellas, a nombre de María Ángeles junto a su marido norteamericano, Kent Lawrence, estaba radicada en la entidad JP Morgan y habría sido utilizada por el empresario corruptor, el otro eje central de la trama, Jaime Febrer, "para pagar a Alfonso Grau la comisión que, por importe de 1.000.000 euros pactaron ambos" a cambio de que el entonces vicealcalde "propiciara" uno de los beneficios urbanísticos investigados en la operación Azud, según dice el auto.
"Consta que una vez acordada el importe de la comisión que iba a cobrar Alfonso Grau por amañar esta operación urbanística, le facilitó a Jaime María Febrer la forma de pago de dicha comisión entregándole los datos de la cuenta bancaria titulada por su hija y yerno en la localidad de Wisconsin", prosigue el auto, según el cual la comisión se abonó a partir de julio de 2017. Con todo, la jueza indica que que Grau ya le había facilitado esta cuenta a Febrer "dos años antes en relación a otra operación inmobiliaria en la que intervino".
Además, la jueza apunta a otra cuenta bancaria cuya titular era la misma hija, con su marido de autorizado, en la oficina de Valencia de Citibank. Según la investigación, desde que se abrió la cuenta en 2006 y hasta 2014, Grau realizó "ingresos en efectivo" procedentes "de las comisiones ilícitas cobradas" que habrían permitido "distraer" unos 69.500 euros. Unos ingresos hechos, siempre, mediante importes inferiores a 3.000 euros para "poder escapar de los controles financieros y administrativos". Y un dinero que, insiste la jueza, "se incorporaba inmediatamente al peculio" de la hija de Grau.
Los ingresos en efectivo era una de las vías para aflorar el dinero cobrado de las supuestas comisiones, según la jueza. Pero había otro, "a través de compras de inmuebles en el caso de Alfonso Grau" y mediante la empresa familiar Edificio Familia 3000 dedicada al alquiler de locales comerciales, participada al 90% por Grau y el resto, repartido entre sus hijas, María Ángeles y Sofía -esta última administradora única-.
La jueza señala que, aunque la empresa está ligada a la empresa de Grau, "quien realmente la creó y diseñó" fue el empresario Jaime Febrer, quien llevaría a cabo "todo el entramado de las operaciones para su creación y quien le inyectó fondos de las comisiones que debía abonarle por sus favores y que se reflejaron en adquisiciones inmobiliarias a un precio muy inferior al real". Unas "maniobras", insiste la jueza, de las que habrían resultado "beneficiarios" tanto Grau como sus dos hijas.
Una de estas operaciones tiene por objeto un inmueble situado en la Gran Vía Fernando el Católico y que la compañía familiar compró, mediante hipoteca bancaria, por valor de 423.000 euros aproximadamente. Sin embargo, la tasación del inmueble y el contrato de compraventa, este último confeccionado por Febrer, fijaban un valor de 634.000 euros. "La diferencia hasta llegar al precio por el que se vendió el bajo comercial fue entregada por Jamie Febrer en metálico, beneficiándose directamente Alfonso Grau y sus hijas".
Otra de las operaciones reseñadas fue la compra de un local comercial y una plaza de garaje en Burjassot a la Inmobiliaria Guadalmedina (Igsa). Consta como precio de la operación 145.800 euros impuestos excluidos pero "el pago del precio real [...] fue abonado en metálico con dinero oculto proveniente de las comisiones ilícitas" más allá de los 30.000 euros de crédito solicitado por la firma, dice la jueza. Y el auto recuerda que Igsa "era una de las constructoras que [...] obtuvo pingües beneficios a través de operaciones inmobiliarias amañadas" entre Febrer y Grau.
"Todo ello lleva a considerar que Sofía y Maria Angeles Grau se beneficiaron de las comisiones ilícitas cobradas por su progenitor Alfonso Grau a través del entramado de la mercantil Edificio Familia 3000 S.L. que les dio la cobertura jurídica para adquirir inmuebles por un valor muy inferior al real, ya que al vencdor Jaime María Febrer Rovira le entregaba parte del precio de la venta mediante dinero metálico", concluye el auto.