VALÈNCIA (EFE). El expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Xàtiva con el PP, Alfonso Rus, se enfrenta a partir del próximo lunes a su primer juicio por las diferentes piezas del caso Imelsa, en el que la Fiscalía Anticorrupción reclama para él y dos de sus más estrechos colaboradores una condena de 12 años de prisión.
En esta causa también está procesado el exsubdelegado del Gobierno en Valencia con el PSPV-PSOE Rafael Rubio, quien supuestamente formó parte del grupo de trabajadores a nómina de la empresa pública Imelsa sin realizar tarea alguna en la misma. Por estos hechos se enfrenta a una petición de condena de 6 años.
El juicio se ha programado inicialmente en 24 sesiones entre el próximo lunes, día 23 de enero, y el 13 de marzo, con interrogatorios de los acusados los días 23, 24, 25, 26, 27 y 31 de enero y 1 y 2 de febrero. Las conclusiones e informes finales se prevén para los días 7, 9 y 13 de marzo.
Al igual que Rus, el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el que fue jefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, se enfrentan a una petición de pena de 12 años de prisión, dado que se unieron las causas por supuestos trabajadores 'zombis' en Imelsa y en Ciegsa (empresa pública dependiente de la Conselleria de Educación).
Aunque en la descripción de los hechos se reclama para ellos un total de 18 años, por pertenencia a organización criminal, malversación, prevaricación y falsedad (en su modalidad continuada), el fiscal aprecia que estos tres últimos delitos están en concurso ideal, por lo que estima más beneficiosa la aplicación de una pena conjunta para el delito más grave en su grado máximo.
Por ello, la petición queda reducida a 12 años, más una multa de veinticuatro meses con una cuota diaria de 30 euros y la inhabilitación especial por 6 años.
En el caso del que fue gerente de Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, el fiscal aprecia arrepentimiento y reclama para él una condena de 9 años y 6 meses, y de 4 años y medio para el presunto testaferro de Benavent, José Estarlich, que confesó lo sucedido, y para el empresario del sector de la comunicación José Adolfo Vedri, que según el fiscal se benefició de la trama porque Imelsa pagó los sueldos de dos de sus empleados, pero que "ha reparado el daño causado".
A juicio de Anticorrupción, "uno de los objetivos marcados en dicha organización -supuestamente corrupta- era contentar políticamente determinadas voluntades, realizando para ello, entre otras cosas, contrataciones ficticias de personal".
Estas, añade, "no respondían a un interés público sino a los intereses de dicha organización, de tal forma que, bien por favores políticos, bien por su propio interés, se pagan retribuciones desde Ciegsa a personas que no realizaban ninguna función".
"Con arreglo a dicho artificio se contrató en Imelsa por orden de Alfonso Rus y consentimiento de los contratados, sabedores que no iban a desempeñar ningún trabajo, a los acusados Miguel Angel Mullor Domenech, futbolista del Olímpic de Xàtiva, club presidido por Alfonso Rus; Eva Luisa Sarrion, ama de casa y en paro con problemas económicos, natural de Xàtiva, y Ángel Ramón Sanchís Rosa, amigo personal de Alfonso Rus y desempleado".
Estos tres, según la fiscalía, "aceptaron firmar un contrato laboral falaz con la empresa Imelsa que les suponía cobrar un estipendio público sin contraprestación alguna".
Asimismo, desde Anticorrupción se detalla que "por amistad personal con Marcos Benavent, y pidiéndole un favor el también acusado José Adolfo Vedri, le solicitó que con cargo a fondos públicos se hiciese cargo Imelsa de los sueldos de dos trabajadores suyos que en realidad trabajaban en su empresa La Gráfica", lo cual fue aceptado por el "yonqui del dinero".
El Juzgado de Instrucción solicitó a los procesados fianzas que suman en su conjunto 4.721.081 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles.