ALICANTE. La instrucción sobre las supuestas irregularidades detectadas en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar enajenado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 continúa con nuevas declaraciones. La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que asume las diligencias de investigación, ha a acordado citar a declarar como investigados al presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa promotora del complejo residencial (que también adquirieron pisos en la urbanización), a partir de la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, que habría registrado su solicitud en las jornadas previas.
En esa solicitud se propone que se les cite a declarar "en calidad de investigados por la presunta participación en los delitos de prevaricación administrativa, artículo 404 CP, información privilegiada, artículos 417 y 418 CP, tráfico de influencias, artículos 428 y ss CP., fraude, artículo 436 CP y/o negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, artículos 439 y ss y ello sin perjuicio de la definitiva calificación de los hechos a realizar en el trámite procesal correspondiente", apunta el escrito.
La petición se justificaría en la necesidad de que pudiesen aportar explicaciones respecto a los dos contratos suscritos entre la cooperativa y su sociedad gestora Fraorgi y con la empresa Iuvenale Somnia SL (que comparten como administrador único al también investigado Francisco Ordiñana) en los que se concierta el pago de 3.430.000 euros (más IVA) y de 1.125.000 euros (más IVA), respectivamente, por la gestión de los trámites administrativos relacionados con el proyecto constructivo y por la comercialización de los pisos. En esa petición, eso sí, no se planteaba la citación de ningún representante político.
La jueza instructora asume la solicitud de Anticorrpución y acuerda su citación a declarar como investigados, el próximo 21 de octubre, con lo que son ya 18 los que tienen dicha condición en estas diligencias previas desde que fueron incoadas, el pasado mes de febrero. Entre ellos, figuran la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez; la exdirectora general de Organización Interna (que ha regresado a su plaza como jefa de Contratación), María Pérez-Hickman; los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret; el administrador único de Fraorgi (la entidad gestora de la cooperativa), Francisco Ordiñana; así como el técnico de la conselleria de Vivienda que visó la totalidad de los 140 contratos de compra, Roberto Palencia, además de algunos de los adquirientes de esos pisos.
Al tiempo, la instructora ha acordado la práctica de las nuevas declaraciones a petición de la Fiscalía en una providencia en la que también solicita al Ayuntamiento de Alicante información sobre si llevó a cabo alguna actuación en el proceso de enajenación de la parcela de propiedad municipal desde el acuerdo de la Junta Local de Gobierno que aprobó su valoración, del 10 de julio de 2018, hasta la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el 5 de septiembre del mismo año.
La providencia requiere en este sentido a los servicios jurídicos de la corporación que remita toda la documentación relativa a esa cuestión, incluidas las comunicaciones que pudieran haber mantenido las concejalías de Gestión Patrimonial y de Contratación o las habidas "en el interior de cada concejalía", así como "peticiones de informes, informes emitidos", etc, en el periodo comprendido entre esas dos fechas.
Se trata de una petición que, en parte, sintonizaría en las solicitudes planteadas por los grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante, en el seno de los trabajos de la comisión de fiscalización constituida para tratar de esclarecer los procesos administrativos seguidos en relación con el desarrollo de la venta de la parcela municipal y de la supervisión del destino pretendido: la promoción de VPP. Eso sí, con la salvedad de que las peticiones de información sobre esas comunicaciones entre las dos concejalías que plantean los grupos políticos se centrarían en este mandato, con el fin de determinar si alguien miembro del equipo de gobierno era conocedor de la identidad de los compradores, antes de que trascendiese la polémica, en enero de este año, como ha manifestado hasta ahora el exconcejal de Hacienda, Toni Gallego.
No obstante, esa documentación no se llegó a facilitar a los grupos políticos -como habían reclamado especialmente los concejales de Vox- después de que un informe emitido por el secretario municipal concluyese que esos hipotéticos correos que pudiesen haberse girado entre representantes de las dos concejalías no formaban parte del expediente de Les Naus objeto de revisión en la comisión y que, además, estaban amparadas por el derecho al secreto de las comunicaciones.
Informes sobre valoración del suelo
En concreto, la primera de las providencias dictada por la jueza instructora hace hincapié ahora en la necesidad de que el Ayuntamiento aporte "toda la documentación y comunicaciones relativas a las dudas surgidas sobre el precio de la parcela", así como sobre la "decisión de suspender cualquier actuación de impulso de dicho expediente" o el "alzamiento de la suspensión" del procedimiento de subasta. En principio, ese proceso quedó suspendido en dos ocasiones: primero en torno al año 2016, bajo el mandato del tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís; y después, ya bajo el gobierno del PP, a finales de 2018, después de que se registrasen dos recursos contra el pliego de condiciones (y la inclusión de la polémica cláusula de desempate que primaba la anticipación en el registro de las ofertas).
Por último, reclama al Ayuntamiento que informe, y aporte toda la documentación y comunicaciones al respecto, sobre si dio alguna publicidad al acuerdo de la Junta de Gobierno del 10 de julio de 2018, por el que se convocó el proceso de subasta del solar de La Condomina en el que se levantó la promoción, al margen de la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado, en el mes de septiembre.
Además, la magistrada ha dictado una segunda providencia, en este caso para requerir a la formación política Compromís, el depósito de una fianza de 3.000 euros como paso previo para admitir su personación en la causa como acusación popular. Una solicitud que todavía no se ha aceptado.
Gobierno municipal "acorralado"
El dictado de esas dos nuevas providencias ha propiciado las consiguientes reacciones políticas por parte de los portavoces de los tres grupos políticos del eje progresista que ejercen funciones de oposición. En primer término, la portavoz municipal del PSOE, Trini Amorós, ha apuntado que "hoy nos hemos desayunado otra ristra de imputaciones es porque la causa judicial para arrojar luz sobre el escándalo de Les Naus sigue su curso. Ya son 18 los investigados y la jueza vuelve a pedir documentación al Ayuntamiento sobre la enajenación de la parcela que se hizo con Barcala al frente del Ayuntamiento y las actuaciones de Patrimonio y Contratación".
"Gracias a esa investigación judicial y periodística cada día vamos conociendo más detalles sobre lo que ocurrió con el reparto de pisos entre amigachos del PP. Y todo pese a la obstrucción de Barcala, que ha impuesto la ley del silencio y se niega a dar cualquier tipo de explicación, por lo que cada vez está más acorralado. La Justicia determinará las responsabilidades penales; nosotros exigimos que se aclaren las responsabilidades políticas y que haya dimisiones. El alcalde se niega a asumir su responsabilidad y es grave porque estamos ante el mayor escándalo que se ha producido en este Ayuntamiento bajo su mandato. Mientras la gente está al límite porque no puede pagar alquileres de 1.200 euros en Alicante, estos amigachos del PP siguen disfrutando de sus pisitos en Les Naus", ha considerado.
En segundo término, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha sostenido que "mientras miles de familias estaban apuntadas para acceder a una vivienda protegida, mientras cientos de personas se enfrentan a desahucios, mientras miles de jóvenes no pueden emanciparse y parejas que se han separado tienen que seguir viviendo bajo el mismo techo, incluso en situaciones de maltrato, conocemos nuevos detalles del escándalo de Les Naus". En esta línea, ha recalcado que "mientras unos no tienen dónde vivir, otros consiguieron áticos con piscina y pádel en suelo público destinado a vivienda protegida. Ahora sabemos que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido investigar a la cúpula de la cooperativa. Sus tres máximos responsables y el promotor se quedaron con cuatro áticos y firmaron contratos por más de 4,4 millones de euros con empresas del propio promotor", ha asegurado, a partir de las indagaciones efectuadas por la Fiscalía.
En esta línea, se ha cuestionado cómo se justificaban esos contratos "para comercializar viviendas cuando había más de 2.000 personas en lista de espera". "¿Quién decidía quién entraba y quién se quedaba fuera?", ha proseguido. "Y mientras tanto, entre los adjudicatarios aparecen concejales, funcionarios y familiares de altos cargos". Así, ha vuelto a apelar de forma retórica al alcalde, Luis Barcala, para instarle a aclarar "dónde estaban los controles de su gobierno" y "quién conocía estas adjudicaciones y por qué no se actuó". "La justicia tiene que esclarecer todas las posibles irregularidades y responsabilidades. Y el Ayuntamiento debe explicar cómo se supervisó esta promoción. Estamos hablando del suelo público de Alicante y de viviendas que debían garantizar oportunidades a quienes más dificultades tienen para acceder a un hogar. Exigimos toda la verdad, responsabilidades políticas, dimisiones. que la jueza amplíe la causa y cite a declarar a Manuel Villar y que se recuperen las viviendas cuya adjudicación se declare ilegal", ha concluido.
Por último, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado que "tras esta imputación está claro que Les Naus se parece cada vez menos a una promoción de vivienda protegida y más a un negocio para unos pocos privilegiados. Había más de 2.000 personas esperando una vivienda y, aun así, se contrataron servicios de comercialización por más de 4,4 millones de euros más IVA.¿Qué había que comercializar si sobraban compradores?", se ha cuestionado. "Mientras miles de familias hacen números para pagar el alquiler, quienes dirigían la cooperativa acabaron con áticos. Hablamos de viviendas protegidas y suelo público, no de una oportunidad para alimentar sospechas sobre negocios y privilegios. Anticorrupción sigue tirando del hilo mientras Barcala y Villar esconden las tijeras con las que cortaron la comisión de investigación. Cada nueva imputación hace más insostenible el silencio de Villar y Barcala y apunta a su dimisión", ha concluido.
