ALTEA. El Ayuntamiento de Altea ha aprobado este jueves en el pleno la suspensión del otorgamiento del informe de compatibilidad urbanística para viviendas turísticas. Lo hace por el plazo de un año y con la intención de que en este periodo puedan presentar una propuesta de regularización del sector. Así lo ha expuesto el concejal de Urbanismo, José Orozco, cuya moción ha contado con el voto a favor del gobierno local, Compromís y PSPOE, y el posicionamiento en contra de PP y Vox. A su vez, el edil del área quiso remarcar que todas aquellas que ya cuentan con licencia podrán seguir con su actividad con normalidad como hasta ahora.
De este modo, la propuesta afecta directamente a la compatibilidad urbanística. Una autorización indispensable para tramitar la vivienda para este uso. Durante este año que se dan de plazo, será tiempo para "diagnosticar, estudiar y participar con la ciudadanía con la finalidad de ordenar y regular la vivienda turística en Altea", dijo Orozco.
El concejal de Compromís pasó a detallar algunos de los datos sobre esta actividad en la localidad. Así, mencionó que hoy en día cuentan con más de 2.200 unidades implantadas de manera legal, lo que equivale al 13% del total del parque público. Antes de 2018 eran 642 las registradas. A continuación, se apoyó en 'los expertos' que consideran que este ratio "es mucho más que excesivo", sin contar con el mercado sumergido, a lo que añadió que esto comporta "daños colaterales como el encarecimiento del alquiler de larga duración, la gentrificación de barrios, como el pueblo antiguo, o molestias en las convivencia de diferentes tipos".
La idea, dijo Orozco, es que se fijen unas limitaciones y tratar de armonizar el interés de los propietarios para obtener beneficio económico de sus bienes inmuebles con otros intereses públicos, "como el medio ambiente, el derecho al descanso, la necesidad de preservar el uso urbanístico residencial...", explicó durante su discurso. Al mismo tiempo, reconoció que la industria ha comportado aspectos positivos al municipio: la flexibilidad del producto con respecto a los hoteles, la eliminación de la estacionalidad en segundas residencias, que hace que no estén infrautilizadas, o el complemento económico para las familias.
"Con todo, pensamos que es momento de parar maquinas y repensar el modelo turístico que queremos para Altea antes de que sea demasiado tarde", apostilló, argumentando que persiguen un turismo sostenible, desestacionalizado y con cuidado del pueblo y de la gente que vive en él.
Entre las motivaciones, Orozco dijo estar preocupados por si el alquiler vacacional está desarrollándose en el suelo urbano de primera residencia, reduciendo así la oferta de viviendas disponibles. E insistió en que esto provoca la subida del precio del alquiler "de una manera incontrolada" y hace "mucho más difícil" ese acceso a una vivienda asequible para los alteanos, "aumentando los problemas de emancipación" o que los trabajadores estacionales no encuentren dónde vivir a precios más bajos, además de que los estudiantes de la UMH de Bellas Artes "vean que Altea es menos atractiva".
A todo ello añadió los "problemas de convivencia" porque los "turistas muchas veces no están familiarizados con las normas y regulaciones locales, ruidos excesivos, fiestas, estacionamientos inadecuados algunas veces y otros comportamientos que puedan ser disruptivos, además del aumento del tránsito". Por todo ello, puso de ejemplo Ibiza o Málaga, ciudades del Mediterráneo donde "el turismo masivo ha aportado desplazamiento de la población local de sus hogares". Y finalizó: "Entendemos que estamos a tiempo de no ser los próximos".
Durante el plazo de un año se elaborará un estudio para el diagnóstico que tenga en cuenta los beneficios y el impacto de la vivienda turística en el pueblo, según anunció Orozco.
"Habrá trabajo de campo, consulta ciudadana y finalmente se hará una propuesta de regularización que se sustentará en varias líneas básicas", continuó. Entre ellas destacó "la protección al derecho a la vivienda, del entorno urbano teniendo en cuenta varias variables como la movilidad, la contaminación, la sobreexplotación de espacios naturales o el mantenimiento de la identidad cultural que haga de Altea un destino con una experiencia auténtica y no de una cultura de consumo superficial". Finalmente, recordó que estaban a favor de la aplicación de la tasa turística en la localidad, lo que habría reportado a las arcas municipales unos ingresos extra de un millón de euros anuales que podrían servir para destinarlo a servicios que requieren de refuerzo por el turismo.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Deo Sánchez, siguió en la línea de Compromís, mostrándose a favor de la "gestión adecuada" de las viviendas turísticas. Por ello, consideró que se tenían que tomar medidas "responsables" para una actividad sostenible. Finalmente, explicó que trabajarán con todos los que ya tienen estas empresas y los que quieran invertir para "abordar inquietudes y adoptar soluciones que beneficien a todos".
La moción solo contó con el apoyo del gobierno local, mientras que Vox y PP se significaron en contra. El portavoz de Vox, Diego Coello, consideró que se trataba del "intervencionismo de siempre" y reclamó que se estudiara "mejor" para no "entorpecer el poco crecimiento económico" que, dice, tiene la localidad. "Regulación sí, prohibición no", comentó.
Un discurso parecido al del PP, que defendió la concejal Maria Lloret. Para los populares, el "problema" no radica en el número de licencias otorgadas, unas 243 anuales según sus cálculos desde 2018. Para ellos, está motivado por las quejas de los vecinos. A su vez, afeó que se destine dinero para la promoción de la localidad sabiendo que cuenta con "déficit de plazas hoteleras". A lo que añadió que se presume de la cantidad de visitantes que tiene el Castell de l'Olla, pero "¿dónde se aloja esta gente, en los pueblos de alrededor?", invitando al gobierno local a la reflexión. Para Lloret, el turismo es el motor económico del municipio y la moción responde a la "falta de planificación y del plan director de turismo".
Con todo, dijo estar a favor de que se regularice el sector, pero en contra de la suspensión por la forma en la que se ha llevado, con carácter de urgencia y señalando "falta de información". Además de poner el foco en aquellos que ya han invertido para poner a punto la vivienda como uso turístico y no les ha dado tiempo a solicitar la compatibilidad.
