VALÈNCIA. Altos cargos de Compromís han refrendado un comunicado en el que reafirman su rechazo a la Zona de Actuaciones Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia. El escrito, impulsado por Joves-PV, una de las ramas juveniles de la coalición Compromís, ha contado con el apoyo de conocidos rostros de la coalición valencianista como el conseller de Educación, Vicent Marzà, la secretaria autonómica de Política Territorial, Imma Orozco, o el director general de Infraestructuras de Servicios Sociales, Enric Juan, así como la vicepresidenta de la diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, el síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, y diputados del grupo parlamentario como Graciela Ferrer, Juan Ponce, Papi Robles, Carles Esteve y Josep Nadal. La coportavoz de la formación, Àgueda Micó, ha estampado también su rúbrica.
El escrito hecho público este miércoles asegura que la ZAL es un proyecto "del siglo anterior" que contrapone el medio ambiente a la economía, y que "no tiene razón de ser hoy en día". Así, recuerdan que se trata de un proceso "judicializado que tiene posibilidades de ser anulado", por lo que consideran "un error" la aprobación del plan del Puerto para reacondicionar las infraestructuras ya construidas.
Este trámite tuvo lugar hace apenas dos semanas en la Junta de Gobierno Local de València, formada por Compromís y el PSPV. La propuesta, elevada por la concejalía de Urbanismo que dirige la socialista Sandra Gómez, salió adelante, un paso previo para que el consistorio recepcione las obras ya realizadas en su momento. El escrito, sin embargo, reconoce que de no haber aprobado este paso administrativo sin motivos, "se podría incurrir en un delito de prevaricación".
Los impulsores y firmantes de la coalición valencianista recuerdan que Compromís formó gobierno con el PSPV tanto en 2015 como en 2019 "porque se considera que estos gobiernos pueden mejorar considerablemente la vida de las personas, como se está haciendo en educación, políticas sociales y promoción de la economía de proximidad". Sin embargo, dice, la aceptación de medidas como la ZAL, "con las que no estamos del todo de acuerdo", es algo que no ocurriría "gobernando en solitario".
Así, sostienen que es preciso "reflexionar sobre los errores cometidos y reafirmar nuestro compromiso con el territorio, la ciudadanía y la salud ambiental", máxime después de que el pasado mes de septiembre la Generalitat Valenciana decretara el Estado de Emergencia Climática y precisamente ahora que "una pandemia global nos ha obligado a repensar la dependencia del comercio internacional". Una situación que evidencia, a juicio de los suscriptores, la necesidad de generar "espacios naturales, amplios, que prioricen el espacio público para la ciudadanía y que generen salud".
En este sentido, acciones como la ZAL "haN destruido el modelo de vida de miles de personas y sacrificado la huerta no sólo como espacio social, humano y medioambiental, sino también como motor de una economía de proximidad y familiar, con capacidad para abastecer de alimentos a más de un millón de personas en el área metropolitana de València". Así, la ZAL es, subrayan, una de estas "agresiones", actuación llevada a cabo en los años 90 "por los gobiernos del PSOE y el PP en el Estado y la Generalitat que, después del sufrimiento que generó a cientos de personas y la cimentación de 30 hectáreas de huerta, fue tumbada por el TSJ en 2013 y anulada por el tribunal supremo en 2015". Ahora, lamentan, "estos terrenos son unos inmensos solares". En 2017, el Tribunal Supremo volvió a anular el proyecto de red eléctrica de alta tensión de este espacio.
