Foto: ALBERTO ORTEGA/EPVALÈNCIA (EP). Álvaro García Ortiz ha tomado posesión este lunes como nuevo fiscal general del Estado, en sustitución de Dolores Delgado, que dimitió el pasado julio alegando motivos de salud, en un acto formal en el Tribunal Supremo donde ha estado amadrinado por la propia Delgado y por la teniente fiscal del Alto Tribunal Ángeles Sánchez Conde.
El acto ha estado encabezado por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y ha contado con la presencia de autoridades como la ministra de Justicia, Pilar Llop.
El hasta ahora jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya prometió el cargo ante el Rey el pasado 2 de agosto en un acto celebrado en el Palacio de la Almudaina de Palma de Mallorca.
Fue propuesto para comandar la FGE el 19 de julio, después de que Delgado anunciara su salida esgrimiendo que no se encontraba en las condiciones físicas necesarias para continuar en el puesto debido a la operación de columna vertebral a la que se sometió en abril.
El Consejo de Ministros ratificó su nombramiento vía Real Decreto después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avalara su candidatura -con el voto discordante de siete vocales- y de que García Ortiz defendiera su idoneidad para el cargo ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Como ya hiciera entonces, durante el breve discurso que ha pronunciado este lunes en el acto de bienvenida celebrado posteriormente en la sede de la FGE, García Ortiz ha dado las gracias a Delgado por la confianza depositada en él. "Gracias a su generosidad y a su honestidad puedo pronunciar hoy este discurso", ha dicho.
También ha extendido su agradecimiento al Gobierno, "por su confianza para el desempeño de tan alta responsabilidad", al tiempo que ha recalcado que "es el Poder Ejecutivo a quien constitucionalmente corresponde proponer al candidato o candidata a fiscal general del Estado". "Pues parece que algunos discuten su legitimidad y la discrecionalidad de su elección", ha apostillado.
En la misma línea, ha querido poner de relieve que "ante los mandatos constitucionales para la configuración de nuestras instituciones no hay alternativa, bien se trate de nombramientos discrecionales, bien sometidos a otros sistemas de designación", haciendo así una velada alusión a la situación en la que se encuentran tanto el CGPJ como el Tribunal Constitucional (TC).
"Su cumplimiento es imperativo, indispensable para el buen funcionamiento y la credibilidad de nuestras instituciones, para el fortalecimiento de la democracia, tal y como la conocemos. Quienes creemos en el Estado de Derecho sabemos que no se elige el cómo o el cuándo y que el cumplimiento de la norma no se condiciona", ha remachado.
Además, ha reiterado que representa "la continuidad de un proyecto", señalando como principales retos "la reforma estructural del sistema de justicia penal", donde los fiscales están llamados a ejercer de "protagonistas" como instructores.
Asimismo, ha vuelto a reclamar "mayores cotas de autonomía para la Fiscalía" a todos los niveles: "organizativo, funcional, formativo y, por supuesto, presupuestario, porque solo con un presupuesto propio y capacidad y medios para gestionarlo podremos alcanzar una verdadera autonomía en todos los ámbitos".
"Asumir cuotas de autonomía supone, y somos conscientes, la exigencia de más responsabilidad e instrumentos de contrapeso, pues en democracia, en un Estado de Derecho, ningún estamento o institución pueden pretender ejercer sus funciones de manera absoluta", ha sostenido.
García Ortiz ha abogado también por hacer "un esfuerzo de transparencia y apertura a la ciudadanía" para cumplir con el cometido de la FGE.
Como parte de los cometidos a abordar en esta nueva etapa en la FGE, ha mencionado la creación de una unidad especializada contra los delitos de odio, de la que ha dicho que será "una de las más vanguardistas"; la creación de un fiscal de sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática; y "la novedosa e inaplazable implantación de la figura del promotor de la acción disciplinaria" para dar "plenas garantías" a los fiscales en la tramitación de los expedientes sancionadores.
El nuevo fiscal general ha aprovechado su intervención para dar a conocer el nombre de su sucesora al frente de la Secretaría Técnica de la FGE, Ana García León, que actualmente forma parte de dicha secretaría. Se ha referido a ella como "el mejor ejemplo de equipo, la seguridad y la fiabilidad de la culminación de un trabajo colectivo".
García Ortiz ha explicado que ya ha avanzado al nuevo Consejo Fiscal la designación de García León, sin perjuicio de que se lo comunique formalmente el próximo 14 de septiembre, en su primer pleno.
Ha anunciado también que a lo largo de este mes habrá hasta tres plenos del Consejo Fiscal y que se celebrará una junta de fiscales superiores y otra de fiscales de sala "no más allá del mes de octubre".
"En esta semana o la siguiente convocaré a las asociaciones profesionales de fiscales", ha avanzado para añadir que "ya se están librando las correspondientes comisiones de servicio para la constitución de la Comisión Ética, la reunión de la Comisión de Formación de la carrera fiscal y que está en marcha un concurso discrecional".
García Ortiz, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y fiscal de carrera desde 1999, ha trabajado hasta ahora como jefe de la Secretaría Técnica de la FGE, donde ha ejercido como 'mano derecha' de Delgado.
Fiscal de Sala del TS, inició su carrera profesional en Baleares (Mahón) y en el TSJ de esta comunidad autónoma. Su último destino, antes de la Fiscalía General, fue la Fiscalía de Santiago de Compostela y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (2002-2020). En su estancia en Galicia también ostentó el cargo de fiscal de Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico e Incendios Forestales (2007-2009).
De su trayectoria como fiscal, resaltan "su implicación y defensa en el medio ambiente", donde ha trabajado en distintas publicaciones, ponencias y trabajos de investigación. Destacando por ser uno de los mayores expertos en investigación en incendios forestales, ostentó el cargo de fiscal especial de incendios de Galicia (desde 2004).
Las fuentes consultadas apuntan además que es gran conocedor de los delitos relacionados con los animales: envenenamiento, cebos, etc. Y ha trabajado en distintas ponencias sobre el cambio climático, como demuestra su participación en la COP-25 de Chile-Madrid.
También recuerdan que trabajó desde el 2005 en el caso 'Prestige' (noviembre 2002) en todas sus fases: instrucción, recursos y ejecución.
Destacan su activa labor docente en el ámbito jurídico; publicaciones de distinta índole; y participación internacional. Y añaden que está en posesión de una Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil (2008), Medalla al Mérito del Cuerpo Nacional de Policía (2007) y Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Pañafort (2013).
