VALÈNCIA. El equipo de gobierno ha propuesto la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles. La motivación es revisar los tipos de gravamen del IBI urbana para mantener el equilibrio presupuestario y hacer frente a los costes derivados, principalmente, del aumento general de los precios, que ha encarecido los suministros a los cuales tiene que hacer frente el Ayuntamiento.
Tal como se indica en la propuesta, dentro de la dinámica inflacionista agraviada por la guerra Ucrania, con un incremento del IPC 8,4 puntos porcentuales desde febrero de 2022 a agosto de 2023, destaca el impacto que sobre los presupuestos municipales está teniendo la factura de la luz, con un crecimiento de más de 1 millón de euros entre 2021 y 2023, o la revisión de contratos como el de recogida de basura y limpieza urbana o el de mantenimientos de parques y jardines, a los cuales se suma el aumento de los gastos de personal derivado del acuerdo firmado entre la Administración y las organizaciones sindicales.
Teniendo en cuenta esta situación, el equipo de gobierno considera necesaria la modificación del tipo de gravamen del IBI urbana para mantener la sostenibilidad económica del Ayuntamiento, ajustar la progresividad impositiva, mejorar los servicios públicos municipales y poder abordar inversiones necesarias, después de ocho años sin ningún incremento.
La propuesta consiste en la modificación de los tipos impositivos del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, que quedaría en un 0,73% en el tipo general (actualmente el 0,6762) y un 1,23% en el tipo diferencial (actualmente 1,1748), el cual se aplica al 10% de los inmuebles de mayor valor catastral, excluidos los residenciales.
En cuanto a los inmuebles de naturaleza rústica, se mantiene congelado el tipo de gravamen, teniendo en cuenta además que al ejercicio 2019 se bajó en 10 puntos porcentuales.
Por otro lado, se mantienen todas las bonificaciones existentes, y se propone una modificación en las bonificaciones a las familias numerosas para establecer los intervalos no en función de la deuda tributaria sino en relación con el valor catastral, el cual no cambia si se modifica el tipo impositivo. El motivo es evitar deslizamientos en los tramos de bonificación y que ninguna familia se vea perjudicada en la bonificación por razón de los cambios en el tipo impositivo.
La bonificación se tendría que solicitar desde el 1 de enero hasta el último día del periodo de cobro en voluntaria.
Finalmente, también se proponen cambios puntuales en la definición del sujeto pasivo y de las exenciones, para armonizar su redacción con la legislación actual o aprovechar las prestaciones del programa de gestión tributaria que se está implementando.
Esta es la única modificación de los tipos de gravamen o tarifas contempladas en las ordenanzas municipales reguladoras de los diferentes tributos y precios públicos.
El regidor de Hacienda, Andrés Gomis, ha manifestado que “nos encontramos en una dinámica inflacionista desde la pandemia, agraviada por la guerra de Ucrania y que no sabemos qué tendencia tendrá con el nuevo conflicto en el Oriente Medio. Esta situación afecta las familias pero también, y de manera importante, al precio de los suministros y gastos que paga el Ayuntamiento.”
Gomis también ha recordado que “la mayoría de los impuestos municipales han sido congelados durante 8 años, y algunos incluso fueron reducidos. A pesar de que el Ayuntamiento de Alzira cuenta con una buena situación financiera, es imprescindible esta revisión de la contribución urbana para mantener el equilibrio presupuestario, garantizar una buena prestación de los servicios públicos y abordar las inversiones necesarias para la ciudad”.
Además, ha destacado que “estamos trabajando en mecanismos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, como por ejemplo la Oficina Virtual Tributaria o las mayores facilidades para acogerse al fraccionamiento con la nueva ordenanza”, y que “se pondrán en marcha medidas que mejoran la eficiencia energética para reducir la factura eléctrica del Ayuntamiento”.
Para la aprobación de la modificación, se convocará un pleno al efecto y, si se aprueba, empezará un periodo de exposición pública de 30 días hábiles previo a su entrada en vigor que seria, en todo caso con efectos del 1 de enero de 2024.