La presidenta del Colegio de Graduados Sociales de la Comunitat, Amparo Máñez. Fotos: CARLOS PASCUALCASTELLÓ. Amparo Máñez (Segorbe, 1967) se estrena al frente del Consejo de Graduados Sociales de la Comunitat Valenciana. Desde hace unas semanas, representa a los casi 2.400 profesionales de un colectivo que ha gestionado en plena crisis el 70% de los expedientes de regulación de empleo (ERTE y ERE), las solicitudes colectivas de prestaciones de desempleo, y que son especialistas en relaciones laborales y medicación.
La también presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Castellón compatibilizará ambos cargos en un momento de transición política que tiene consecuencias directas en un mercado laboral que todavía se está adaptando a las consecuencias de la Reforma aprobada hace apenas año y medio. Máñez lleva 32 años desarrollando su labor profesional en el Alto Palancia, es la tercera presidenta en la historia del Consejo y aspira a romper la "invisibilización" histórica del colectivo, especialmente en su relación con las administraciones públicas.
-¿Existe una comunicación fluida con la Administración?
-Consideramos que hay que reforzar el diálogo con los responsables políticos y técnicos para que exista un contacto más directo. Tenemos claro que la vía telemática ha llegado para quedarse pero, como expertos en el ámbito laboral, consideramos que deberían tener más en cuenta nuestras opiniones antes de aprobar algún tipo de normativa. Ya ha pasado la pandemia, hemos sido una actividad esencial para evitar que se descosiera el tejido empresarial y queremos mantener ese papel que nos otorgó la propia Administración. Si tenemos un canal de comunicación propio con la Administración todo el mundo ganaría. De cara a la ciudadanía, la resolución de expedientes más rápidos, sin tener que presentar reclamaciones, recursos o escritos de alegaciones que dilaten el proceso.
-La digitalización de la Administración está generando luces y sombras, ¿cómo valora este proceso?
-Da la sensación que los efectos de la pandemia y la digitalización se han sumado para favorecer cierto grado de aislamiento de determinadas administraciones, cierta desafección por el trato personal, que perjudica a la ciudadanía. La gente se queja de que es difícil contactar con la Administración para resolver un simple trámite.
La digitalización es un paso adelante, sin duda, pero respetando los tiempos y repartiendo las cargas que conlleva. Como profesionales y como sociedad debemos adaptarnos, aunque también comprometernos a que nadie se quede atrás. Es un proceso que nos ha obligado a una nueva organización de los despachos profesionales. Ha funcionado bien, aunque en determinados trámites, una pensión de jubilación -por ejemplo- o un complemento a la brecha de género, la Administración pública tiene datos que nos vuelve a requerir. Sería más operativo que las distintas administraciones cruzaran la información que ya disponen antes que pedirla de nuevo. Esa sobrecarga no tiene precio.
"Los graduados sociales estamos soportando una sobrecarga de trabajo que antes realizaban los funcionarios y unos márgenes de tiempo muy escasos para resolver trámites"
Para tener un mayor control sobre sociedades limitadas y autónomos, nos demandan que les aportemos datos sobre la constitución de estas sociedades, información que ya poseen; y se nos exige un mayor sobreesfuerzo a los despachos. En la Dirección Provincial de Castellón nos han facilitado mucho la tramitación en el caso de sociedades que no tienen trabajadores, pero quedan todas las otras. Con la carga de trabajo que tenemos ahora, con los impuestos -rentas, IVA, etc-, se puede generar un atasco importante en agosto, cuando la Administración tiene menos personal para resolver dudas.
-¿A qué consecuencias se refiere?
-Estamos soportando una sobrecarga de trabajo que antes realizaban los funcionarios, con la presentación de una cantidad ingente de documentos que nos demandan. Somos conscientes de dónde están los límites, pero, al final, nos vemos obligados a asumir esas funciones para evitar consecuencias en nuestros clientes. Rechazamos la derivación de trabajos propios de la función pública a los profesionales y también el escaso margen de tiempo que nos dan para resolver los trámites, computados en días naturales. En plazos concretos como Semana Santa o vacaciones de verano, no llegas a tiempo a no ser que dejes tu vida personal. Exigimos el derecho a la conciliación laboral, al descanso y a recibir las comunicaciones de la Administración en tiempo ordinario de trabajo.
-Tras la Reforma Laboral, ¿considera que se está abusando del contrato fijo discontinuo?
-Desde los despachos profesionales tenemos la percepción de que se ha cambiado el contrato temporal por el fijo discontinuo y eso genera más precariedad en el mercado laboral. En nuestra comunidad, pirotecnia, hostelería o recogida de naranja son terrenos abonados a este tipo de contrato por sus características singulares. Esta modalidad se ha disparo en el último año, pero no protege al trabajador cuando no está trabajando. Al finalizar el contrato temporal, la persona trabajadora tenía derecho a una indemnización. Ahora, lo que han hecho son contratos temporales a coste cero. Consideramos que se deberían crear nuevas indemnizaciones para los empleados.
"Las mujeres sufren más la reducción de las prestaciones por desempleo de los contratos a tiempo parcial. no es justo"
-¿Existen diferencias significativas en la tipología de contrato entre hombres y mujeres?
-Sí, especialmente a tiempo parcial, porque se hacen mayoritariamente a mujeres. Y claro, existen diferencias muy importantes. Por ejemplo, en la prestación de desempleo de contratos a tiempo parcial. ¿Cómo es posible que el subsidio sea a tiempo completo y las prestaciones de desempleo de contratos a tiempo parcial se aplique el porcentaje de reducción de parcialidad? Dicho de otra manera, si una persona está cotizando 1200 euros (base cotización), con un contrato a tiempo parcial, cuando va a cobrar el desempleo le aplican el 70% (840 euros). A esa cantidad, si está en una parcialidad del 50%, le vuelve a aplicar una reducción de un 50%. Con lo cual, cobraría 420 euros. Cotizando lo mismo, en un contrato a tiempo completo cobraría 840 euros. No es justo. Pues bien, esa esta tipología de contrato es habitual con las mujeres.
-Entre los autónomos que han recibido prestaciones durante la pandemia, empiezan a surgir muchas dudas porque, tras revisar los expedientes, un porcentaje de casos van a tener que devolver el dinero concedido.
-Están llegando muchas notificaciones a autónomos que han recibido doble prestación o en los que hay un incumplimiento de norma. Bien por no haber figurado de manera ininterrumpida durante el estado de alarma bajo este régimen, porque no se han mantenido de alta tres meses después del estado de alarma, también debido a que las actividades que prestan no están incluidas en el anexo real decreto 463/2020 sobre actividades esenciales o porque han tenido rendimientos netos por su actividad económica superiores a 30.000 euros durante 2019. Hay mucha inquietud por cómo se van a resolver estas situaciones. La casuística es tan compleja como la avalancha de normativa que se aprobó en ese momento de crisis, y la inseguridad jurídica provocada por tantos cambios.
También se dan muchos casos de autónomos que han percibido una ayuda de su Ayuntamiento o procedente de otra entidad local que es incompatible con la que puso en marcha Labora, y no haber renunciado a una de ellas es ahora un problema. Pero además de devolver lo que han recibido, están los intereses de demora. Traducido a cifras, por cada 1000 expedientes de devolución que se tramiten, los intereses de demora que deben pagar los afectados ascienden a un total de 68.930 euros.
"muchos autónomos van a tener Devolver las prestaciones que cobraron por la pandemia, con el agravante de los intereses de demora"
En los despachos profesionales, gestionar la devolución de una ayuda supone tener que hacer hasta cuatro trámites distintos: instancia solicitando renuncia, presentarlo en la sede electrónica de Castellón, en caso de aplazamiento, solicitar el fraccionamiento de deudas. Trámites que no hace el ciudadano.
-¿Cuáles son los retos a corto plazo para el colectivo de Graduados Sociales?
-Hay muchos frentes abiertos en este momento: abogamos por el reconocimiento de un turno de oficio de justicia gratuita para los graduados, tal y como tienen otros operadores jurídicos; que se nos permita presentar recursos de casación ante el Tribunal Supremo y, también, queremos que se dé un impulso a la ley de colegios profesionales para regular el intrusismo laboral y, de este modo, incrementar las garantías en la atención a la ciudadanía y el diálogo con los responsables políticos.
