Ángel Ron dice que los supervisores avalaron la ampliación del Banco Popular de 2012

MADRID (EP).  El expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha asegurado este miércoles en la Audiencia Nacional que los organismos supervisores y reguladores (el Banco de España y el Banco Central Europeo) avalaron la ampliación de capital de 2012, que cumplió con todos los requerimientos.

Según han explicado a Efe fuentes jurídicas, Ron, que ha contestado a la Fiscalía, a su abogado y a algún letrado de las acusaciones, ha declarado durante algo más de una hora como investigado ante el titular del juzgado central de instrucción número 5, Santiago Pedraz, que investiga la ampliación de capital realizada por el extinto banco en 2012.

El banquero ha recordado que el Popular pasó sin problemas la revisión de calidad de sus activos llevada a cabo por el BCE en 2012, así como el test de estrés al que el organismo sometió a los bancos europeos.

En el caso del Popular, en el escenario más favorable contaba con un exceso de capital de 677 millones de euros, y en el más desfavorable, con un déficit de 3.200 millones, déficit, que, según constató el Banco de España, el banco podía asumir con sus propios recursos.

En ese contexto, y para hacer frente a ese escenario -que nunca llegó a materializarse- en el que el banco incurriría en un déficit de 3.200 millones, a instancias del Banco de España el Popular diseñó un plan que, entre otras medidas, incluía la ampliación de capital de 2.500 millones de euros.

Pocos días después el Banco de España autorizó "sin condiciones" el plan y la ampliación de capital, ha dicho Ron siempre según las mismas fuentes.

A la operación, ha explicado Ron, acudieron los miembros del consejo de administración, que desembolsaron 500 de los 2.500 millones de euros; los consejeros representaban el 25,4 % del capital y, tras la ampliación, pasaron a tener el 24,1 %.

Y "nadie invierte 500 millones de euros si quiere estafar", ha puntualizado, tras destacar que con ello el Popular "se anticipó en más de medio año al plazo de ejecución exigido por Europa".

El folleto de la ampliación de capital, ha relatado, era absolutamente claro y transparente, e incluía información sobre el resultado de los test de estrés y el plan de recapitalización aprobado por el Banco de España, y los estados financieros intermedios recogían el impacto de los "decretos Guindos" para sanar el sector financiero.

Asimismo, en su informe de seguimiento fechado el 31 de diciembre de 2012, el Banco de España ratificó que se habían cubierto los requerimientos derivados de la recomendación de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para un capital mínimo CORE TIER 1 (de máxima calidad) del 9 %, por encima de lo requerido.

Ron ha recalcado también que en ningún momento el Popular tuvo que emplear ayudas o fondos públicos, algo en lo que incidido después el exvicepresidente del banco, Roberto Higuera, que ha declarado a continuación.

Según fuentes jurídicas, Higuera ha explicado que el Popular no empleó fondos públicos porque "no era bueno para los accionistas", y además el Banco de España lo incluyó, junto con Ibercaja, entre las entidades para las que no eran necesarias las ayudas.

En paralelo a la causa que investiga el juez Pedraz, el titular del juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, investiga desde 2017 a los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ron y su sucesor al frente de la entidad Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

El juez abrió entonces dos piezas separadas, una que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital de 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.