Anticorrupción abre la puerta a una segunda reducción a Costa que lo dejaría fuera de la cárcel

VALÈNCIA. La Fiscalía Anticorrupción ha realizado una jugada de ajedrez con respecto a la petición de penas al exsecretario general del PPCV Ricardo Costa que abriría la puerta a una segunda reducción de las penas más allá de la modificación a la baja que ya he realizado el Ministerio Público. La fiscal del caso, Myriam Segura, no ha incluido en el caso del expolítico la atenuante de confesión, algo que sí que ha hecho con el cerebro de la trama corrupta, Francisco Correa, y tan solo le ha bajado la petición de condena hasta los cuatro años y tres meses, de los más de siete que tenía el escrito de calificación inicial. 

Este hecho conllevará casi con total seguridad que si finalmente el magistrado José María Vázquez Honrubia aprecia la atenuante de Correa, se vea obligado a seguir el mismo criterio con el resto de procesados que han “cantado” durante el juicio.

Así, lo más probable es que el juez rebaje un tercio la pena final a Costa, lo que le dejaría una pena total de dos años y diez meses, a los que se podría sumar una tercera rebaja si se termina por apreciar las dilaciones indebidas que todas las defensas han solicitado durante la última sesión del juicio que se está celebrando este martes en la Audiencia Nacional.

Esta rebaja también afectaría a los otros dos miembros de la trama corrupta, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, pues ambos confesaron durante el juicio su participación en el dopaje electoral del PPCV durante las elecciones municipales y autonómicas del 2007 y generales del 2008.

En cuanto al resto de procesados, la única vía de recibir una rebaja en las penas estriba en la apreciación de las dilaciones indebidas anteriormente mencionadas. Así, tanto el exvicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla; el vicesecretario, David Serra; la exgerente, Cristina Ibañez y la extesorera, Yolanda García, por mucha rebaja que pueden recibir por las dilaciones deberán ingresar en prisión pues las penas de cárcel que se les solicitan superan los siete años.