VALÈNCIA. El 27 de junio de 2018 la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF) detenía al entonces presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, antaño mirlo blanco del PSPV y actualmente demonizado por el partido de la rosa por corrupción. Junto a él, también fueron arrestados Ricard Gallego, jefe de gabinete del presidente de la Diputación; la cogerente de Divalterra Agustina Brines -de Compromís- y personas cercanas al presidente como Manolo Reguart y Jorge Cuerda, entre otros.
Se les acusa de malversación de caudales públicos de cerca de dos millones de euros por presuntamente enchufar a varias personas afines al PSPV y a Compromís con contratos fraudulentos de alta dirección en la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa. La lista de los supuestos enchufados es la siguiente: Pau Pérez Ledo, Josep Lluís Melero Martí, María Soledad Torija Urbano, Raúl Ibáñez Fos, Manuel Carot Martínez, Miguel Ángel Ferri Llopis, Salvador Femenía Peiró, Vicente Lucas Ferrando Zapater y Víctor Jiménez Bueso.
Varios de los principales imputados presentaron un recurso solicitando la nulidad de las actuaciones, entre las nulidades que pedían estaba la de requisar los dispositivos electrónicos de los detenidos: teléfonos, tabletas y ordenadores.
En un durísimo escrito, el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce les contesta que las conductas que se investigan están "todas ellas asociadas a delitos de corrupción y por ende con penas graves que permiten la adopción de medidas limitativas de derechos fundamentales, dado que sin las mismas no se habrían obtenido los datos que permiten comprobar como los investigados consideraron una empresa pública como suya y para sus afines, con exclusión de personas que no tuviesen sus afinidades políticas realizando contrataciones de altos directivos, y para ello crearon las estructuras necesarias para maquillar que la contratación tuviera una apariencia de realidad".
El representante del Ministerio Público, sobre la petición de anular el auto del magistrado de Instrucción número 9 de València que admitía la querella del fiscal, expone que "la querella que se admite concreta de forma específica los graves hechos por los que se centra la investigación, las personas presuntamente responsables de los mismos y se solicitaba la práctica de diligencias".
En cuanto a la posible nulidad de los autos de prórroga del secreto sumarial, les recuerda a los letrados que "la Audiencia Provincial se ha pronunciado sobre la cuestión de forma expresa (…), por lo que volver sobre la cuestión no supone otra cosa que sobrecargar a los juzgados y tribunales de recursos estériles sobre cuestiones ya analizadas por el órgano superior".
Por otro lado, este viernes estaban citados a declarar cinco de los altos cargos que presuntamente fueron ‘enchufados’ por Rodríguez y su cohorte, pero tres de ellos se acogieron a su derecho a no declarar. Tan solo Miguel Ángel Ferri y Salvador Femenía contestaron a las preguntas de sus defensas, del juez y del fiscal.
Según fuentes presenciales, ambos aseguraron que no fueron conscientes de que había ninguna irregularidad en los contratos de alta dirección hasta que se produjeron las detenciones del caso Alquería y lo leyeron en los medios de comunicación. Los dos dijeron que fue el antiguo cogerente Josep Ramón Tiller, del PSPV, la persona que les entrevistó y se reunió con ellos para darles el contrato, pero que no saben si entrevistó a alguien más. Aunque Ferri añadió que uno de los principales imputados, el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego fue la persona que le ofreció el contrato.
En cuanto a los informes contrarios emitidos desde Divalterra con respecto a dichos contratos, aseveraron que no los conocían, pero que, además, la cogerente de Divalterra Agustina Brines les dijo que "si había algo eran, tan solo, irregularidades administrativas". También declararon que, aunque tenían contratos de alta dirección, no tenían firma y que jamás participaron en ningún consejo de dirección, el órgano paralelo de dirección de la empresa pública supuestamente creado para dejar fuera a la oposición ejercida por el PP y Ciudadanos.