Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Grau y 4 para los exediles del PP de València por blanqueo

VALÈNCIA. Anticorrupción ha solicitado 15 años de cárcel para el exvicealcalde de València Alfonso Grau; 7 para la que fuera secretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García Fuster; y 4 para los exediles y exasesores del PP en la pieza del caso Taula sobre presunto blanqueo de capitales. Para los responsables de las empresas municipales José Salinas (Fundación Turismo Valencia Convention Bureau) y Juan Eduardo Santón (Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento) pide cinco años de prisión y para el PP como partido una multa de 146.000 euros. 

La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación tras el auto de procesamiento de medio centenar de personas, entre ellos los concejales de la última etapa de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento. En él solicita la apertura de juicio oral para todos ellos y destaca especialmente el papel de Grau, a quien atribuye un delito de blanqueo, un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito continuado de cohecho.

Precisamente el que fuera vicealcalde de València salió de prisión este jueves, en la cual se encontraba desde el pasado 15 de mayo por otro caso, el conocido como Azud II, consistente en una supuesta trama de corrupción urbanística con cobro de mordidas.

El de Taula se encuentra coordinado por el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y consta de más de una decena de piezas. La A ha sido la más mediática de todas por las personas a las que afecta. La parte fundamental se centra en el presunto blanqueo de capitales cometido en el grupo municipal popular en 2015 con la entrega de una donación de mil euros para la campaña electoral que posteriormente les habrían sido devueltos en billetes de 500. Pero las operativas que desgrana también abarcan las elecciones de 2007 y 2011. 

Entregas de empresarios y desvío de fondos

En su escrito, Anticorrupción expone cómo las investigaciones llevadas a cabo desde 2014 por la Guardia Civil "han permitido desentrañar una operativa criminal de entregas de dinero por empresarios con fuerte vinculación contractual con el Ayuntamiento de València, así como el desvío de fondos públicos provenientes de fundaciones y asociaciones" creadas en el seno del consistorio. 

Así, apunta a la "obtención y disposición de dinero en metálico de procedencia ilícita vinculado a dádivas, premios, gratificaciones o regalos que eran entregados en consideración a las funciones que desempeñaban altos funcionarios y dirigentes pertenecientes al grupo municipal popular". Éstos habrían sido gestionados en parte en efectivo y en parte a través de una cuenta abierta que permanecía oculta a cualquier control financiero, "bien del PP, a pesar del conocimiento de su existencia, bien de la Intervención Municipal", señala la Fiscalía. Todo lo cual, prosigue, habría permitido al partido presentarse a las elecciones municipales de los años 2007, 2011 y 2015 "sufragando gastos electorales al margen de la debida contabilidad que debía entregarse al Tribunal de Cuentas". 

La Fiscalía remarca que se puso en marcha una maquinaria dedicada a obtener dinero de forma ilícita y a aflorarlo sin que se conociera su origen, "fundado en el clientelismo político y la corrupción que imperaba en el Ayuntamiento de València, dominado en exclusiva por el PP"

En los años que debían celebrarse elecciones municipales, Anticorrupción sostiene que se producía "la puesta en marcha de una maquinaria dedicada, por una parte, a obtener dinero de forma ilícita y, de otra, a hacer aflorar dicho dinero de manera que se desconociese en realidad el origen delictivo del mismo, fundado en el clientelismo político y la corrupción que imperaba en el Ayuntamiento de València, dominado en exclusiva por el Partido Popular". 

Las investigaciones efectuadas y centradas en los años electorales 2007, 2011 y 2015 revelan, expone, "un patrón de comportamiento que difiere en algunos aspectos en la forma de obtención de dinero de procedencia ilícita y en la manera que dicho dinero era aflorado para integrarse en el circuito económico". Para ello se habrían empleado en algunas ocasiones empresas y en otras mecanismos de lavado de capitales.