De Laterne al 'pitufeo': la "sobrefinanciación articulada" del PP según los investigadores

VALÈNCIA. La investigación de la conocida como 'pieza A' del caso Taula finalizó oficialmente este martes –aunque llevaba varios años ya acabada– con el auto de procedimiento abreviado que pone fin a la instrucción y procesa a un total de 50 personas, entre ellas los concejales y asesores del PP de la última etapa de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València. 

La parte fundamental de este escrito del juez titular de Instrucción 18 se centra en el presunto blanqueo de capitales cometido en el grupo municipal popular en 2015, pero las operativas que desgrana –y en las que durante todo este tiempo han indagado tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Guardia Civil– también abarcan las campañas electorales de 2007 y 2011. 

El magistrado afirma que se desprende "de un modo diáfano" que el PP de València ingresó y destinó a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos "muy superior a la establecida legalmente", y muy especialmente en la de 2007. Algo que hizo mediante "procedimientos clandestinos de financiación que vulneraban flagrantemente tanto la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) como la Ley de Financiación de Partidos Políticos (LFPP)".

"Fue una sobrefinanciación articulada exclusivamente en el ámbito local del partido que se confundía plenamente, en su actividad política, con la actividad política y económica del grupo municipal en el Ayuntamiento", remarca el auto. Una forma de actuar "opaca, aparentemente", añade, a la estructura nacional del PP "que fue llevada a cabo por pocas personas del círculo más estrecho de confianza" de la exalcaldesa de València, Rita Barberá. 

El magistrado atribuye malversación, cohecho pasivo impropio y blanqueo a Alfonso Grau

El juez apunta a dos principalmente: el que fuera su número dos, Alfonso Grau, y la secretaria del grupo, Mari Carmen García Fuster. Al primero le atribuye los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y cohecho impropio –ya prescrito– en 2007. En el caso de 2011, cohecho pasivo impropio y blanqueo de capitales, del que también acusa indiciariamente a la segunda. Junto a ellos, considera que José Salinas (Fundación Turismo Valencia Convention Bureau) y Juan Eduardo Santón (Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento) pudieron ser cooperadores de la malversación al consentir contratos "de vago contenido prestacional y una significada onerosidad, sin una explicación suficiente en descargo de ello".

2007: Laterne

El supuesto entramado dirigido por el exvicealcalde de València incluyó para esta campaña el uso de la agencia de comunicación Laterne. El inicio de la investigación se produjo, precisamente, con la aportación de documentación en la Fiscalía por parte de un exasesor de Grau que había trabajado en ella. De ella se desprende, de acuerdo con el instructor, que la cantidad real destinada a la campaña electoral del PP en 2007 –la canalizada a través de la agencia mediante ingresos de entidades municipales y de diferentes empresas con elevado nivel de contratación con el Ayuntamiento y por trabajos que parecen ser simulados–, fue significativamente superior. Ésta "superaría con seguridad y ampliamente el millón de euros, pudiendo sobrepasar la cota de los dos millones". El límite legal era de unos 434.227 euros.

Al frente de Laterne se encontraba el fallecido Vicente Sáez, que mantenía con Grau una estrecha y antigua amistad y, a su vez, contaba con otras sociedades pantalla. Fue contratada para realizar los trabajos de campaña. Pero una de las tesis del juez es que, a través de terceras empresas, todas ellas vinculadas contractual y económicamente con el consistorio, se pudieron obtener ingresos y dádivas mediante la recaudación desplegada por Grau. Los cuales "canalizaba a través de transferencias dinerarias de dichas empresas al entramado de sociedades de Vicente Sáez". Una fórmula sería la facturación falsa emitida por Laterne por servicios inexistentes. Otra, las supuestas aportaciones o préstamos de algunas de estas empresas para su contribución conjunta a la constitución de una sociedad, Product Management Council (PMC), que iba a servir de pantalla bajo la cobertura de planificación y ejecución de proyectos singulares en la ciudad de Valencia. 

En realidad, apunta el magistrado, todo era en realidad, en la mente del exvicealcalde, "un mecanismo, un modo de disfrazar y obtener la financiación de la campaña del 2007, siendo la sociedad un señuelo que, solo con el fin de aparentar, llegó a constituirse en diciembre de ese año, pero nunca mantuvo actividad económica de ningún tipo". 

2011: Trasgos

Para los comicios de 2011, y dado que el entramado de empresas alrededor de Laterne había desaparecido  por el fallecimiento de su propietario, el auto relata que Grau contactó con Trasgos con un precio pactado de 170.000 euros, de los que se pagaron 167.678. Sin embargo, aquí aparece la famosa libreta de García Fuster con toda una contabilidad en 'B'. En una agenda bancaria manuscrita de la secretaria del grupo figuran unas anotaciones de "aportaciones CyA", ingresos en efectivo realizados en la cuenta por ella misma sobre todo a partir de 2010, incide el juez. En total, 174.856, 80 euros.

Fuster aseguró que ese dinero procedía de simpatizantes del PP, que entregaban a una persona que lo recaudaba pero cuyo nombre se negó a desvelar. A partir de ahí, la Guardia Civil, sobre la base de la
información suministrada por Hacienda y de declaraciones de empresarios subcontratados que facturaron a Trasgos, recoge pagos que alcanzarían los 277.129,29 euros, por encima de los más de 167.000 euros pagados a cargo de la cuenta del grupo municipal. 

Debido a todo ello, el juez sostiene que por parte del grupo municipal se contrató y pagó, tanto a través de Trasgos como de García Fuster, "una cantidad de dinero significativamente superior al montante dinerario de la cuenta". Es decir, de los recursos económicos propios. Así, "se deduce la existencia de movimientos de dinero que vendrían a confirmar que, como en el año 2007, en el 2011 parte de gasto electoral se pagó mediante las aportaciones económicas, bien en metálico de ilícita procedencia, o de distintas empresas con una fuerte vinculación al Ayuntamiento de Valencia, y mediando la intervención de Grau".

"Sólo para las elecciones de la ciudad de Valencia, y al margen de la contabilidad oficial del PP, el grupo municipal llevó a cabo un gasto muy superior al del partido a nivel provincial", añade. Y lo hizo "obviando la normativa electoral en materia de financiación, no únicamente con recursos de la cuenta opaca que mantenía en el Sabadell, sino mediante dinero efectivo de procedencia ilícita entregado a García Fuster y a través de los requerimientos de Grau a terceras empresas". zanja. 

2015: blanqueo

Ya en la siguiente cita de 2015, se habría producido el presunto blanqueo de capitales. Grau dimitió poco antes de las elecciones por su supuesta implicación en el caso Nóos –en el que posteriormente fue absuelto–, de modo que el presidente del PP de València, Alfonso Novo, pasó a ser el nuevo portavoz del grupo. En su declaración policial, aseguró que la aportación de los 1.000 euros por parte de concejales y asesores fue decidida por todos los miembros del grupo en una reunión en la que también estaba el que fuera vicealcalde. 

De acuerdo con la documentación del Sabadell y con las libretas de García Fuster, las transferencias bancarias por parte de los miembros del grupo para sufragar la campaña se realizaron entre el 23 de marzo y el 16 de abril. En total 50.000 euros. La tesis es que les fueron devueltos en billetes de 500 en lo que supondría la famosa operativa de blanqueo o 'pitufeo'. Dependiendo de la gravedad de este delito, se encuentra penado con prisión y multa.