Foto: ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ/EPVALÈNCIA (EP). La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' que pida al Tribunal Supremo que investigue al exministro José Luis Ábalos porque "resulta difícil entender la operativa desarrollada por Koldo García -exasesor del exministro- y Víctor de Aldama -el presunto conseguidor de la trama- sin la participación" del que también fuera secretario de organización del PSOE.
Así consta en el informe del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se especifica además que de lo instruido hasta ahora se desprende que las adjudicaciones a Soluciones de Gestión -empresa vinculada a la presunta trama- tuvieron lugar gracias a que sus ofertas fueron "designadas desde la más alta instancia del Ministerio". Para sostener esto se apoya por ejemplo en la testifical del subsecretario de esa cartera ministerial, José Manuel Gómez García, ante el juzgado.
El fiscal añade que así se establece igualmente en el informe de auditoría elaborado a petición del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, que indicaba que "la propuesta llegó desde la más alta instancia del Ministerio". "Designación que no se entiende que únicamente estuviera avalada por el asesor personal del ministro, alguien que en el organigrama ministerial estaba en un escalón inferior al del subsecretario y sin ninguna capacidad ejecutiva", explica.
Anticorrupción considera que a la luz de la ganancia obtenida por De Aldama gracias a esos contratos, habría tenido acceso a "información privilegiada" y se habría asegurado la contratación con Soluciones de Gestión, algo que, a su juicio "conlleva poner en valor la relación personal y directa que mantenía en ese momento con Koldo García y, por ende, con el propio exministro".
El informe del fiscal Luis Pastor se apoya en el elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para fundamentar su petición, y recuerda que, por ejemplo, el inicio de la relación de De Aldama con Koldo García y Ábalos arranca "como consecuencia de que el jefe de la escolta -del exministro- era el hermano de Víctor de Aldama".
Asevera que después de un primer contacto el 31 de agosto de 2018, cuando Ábalos llevaba a penas dos meses al frente del Ministerio, se produjeron "varias reuniones" entre 2018 y 2021 en las que participaron los tres. Además, menciona que existen distintas conversaciones de Whatsapp "en las que cabe destacar que Aldama se refiriera a Ábalos como 'el jefe'".
Para el Ministerio Público, existen "una serie de indicios que evidencian la participación de Ábalos en los hechos" investigados y que llevarían "a imputarle los delitos de organización criminal en tanto que ocupaba un papel principal en el entramado creado por Víctor de Aldama Delgado para la consecución de negocios con las Administraciones Públicas".
A ese delito añade el de tráfico de influencias "en tanto que consta acreditada su intervención para la adjudicación de los contratos (...) así como para la contratación por parte de dos empresas públicas (INECO y TRAGSATEC) de Jessica Rodríguez -la que era por entonces su pareja-.
Suma a esos dos el delito de cohecho porque "en pago de su mediación en la adjudicación de los citados contratos de suministro se le proporcionó el uso y disfrute" de un inmueble en la urbanización La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción (Cádiz). A ese chalet suma el fiscal una vivienda situada en Plaza de España (Madrid), en la que estuvo residiendo Jessica Rodríguez.
El fiscal explica que De Aldama, durante el tiempo en el que Ábalos estuvo al frente del Ministerio y Koldo García fue su asesor, "mantuvo con ellos una relación privilegiada que le reportó notables beneficios económicos". Asevera que esa relación "les fue retribuida, tal y como se desprende del contenido de algunas de las evidencias digitales" y añade que existe "una relación causa-efecto entre esas actuaciones y la recurrencia de pagos en efectivo a Koldo" por parte del conseguidor, tal y como se expone en un gráfico de la UCO.
Fijándose en el momento en el que se firman los contratos para el suministro de mascarillas, el fiscal resalta que los mismos "se gestaron en un contexto marcado por la premisa de que De Aldama, con la acción permanente de Koldo García como intermediario, tenía un nivel de acceso prácticamente ilimitado a la esfera del Ministerio, incluido el propio ministro".
Y apunta que la presunta participación del exministro en la elección de Soluciones de Gestión se fundamenta, por ejemplo, en lo declarado por el subsecretario del Ministerio que dijo en sede judicial que "Koldo le transmitió la decisión final de comprar 8 millones -de mascarillas-" y que "entendió que le transmitía voluntad del ministro".
El fiscal suma lo plasmado en el informe de auditoría, en el que se recogía lo manifestado por ese excargo, que habría sostenido ante las inspectoras que "entendía que la decisión de comprar 8 millones venía avalada por el ministro porque la orden venía firmada por él".
"Esta consideración también fue avalada en su declaración por quien entonces era el director General de Inspección y Organización del Ministerio, Javier Sánchez Fuentefría, que dijo que quien toma la decisión final (...) es el ministro", apunta Pastor.
Pone el foco también en una conversación de Whatsapp de 24 de marzo de 2020 que tuvo lugar entre Koldo García y el secretario general de Puertos, Álvaro Sánchez Manzanares, en la que éste le decía que avisara a Ábalos para que llamara al Presidente de Puertos, Francisco Toledo, "y así asegurar la continuación del expediente".
"Lo cual se considera que tiene el máximo interés por dos cuestiones: la utilización de Koldo como elemento de conexión con Ábalos; y la constatación evidente de que era el propio Ábalos quien se encontraba al cargo del contrato con Soluciones de Gestión", apunta.
Todo lo anterior, explica, "lleva necesariamente, a la conclusión de que todas las actuaciones realizadas por Koldo García en el Ministerio para que la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión se desarrollara con éxito, estaban avaladas por el ministro".
Tras esto, recuerda que entre lo incautado a De Aldama localizaron un documento de gastos con "relación directa con los contratos investigados". En él se fijaban dos gastos del negocio referenciados con las palabras 'EL GRAN' y 'GOBLINS', y se asignaban a los mismos las cantidades de 2 millones de euros y 500.000 euros. "Además, a la persona que se referiría como 'GOBLINS' le adjudicaba junto a la cantidad de 500.000 euros la palabra 'CASA'", explica.
Pastor asevera que ese 'EL GRAN' pudiera ser Koldo García porque era llamado 'Grandullón' por De Aldama. Y sobre 'GOBLINS' el fiscal explica que "podría tratarse de un apodo (...) para referirse a una persona que estaría previsto que recibiera esa contraprestación, es decir, un inmueble que pudiera valer esa cantidad aproximada" de 500.000 euros. Y refiere que tras la firma de esos contratos, Ábalos comenzó a enviar a Koldo García "anuncios de inmuebles de ese rango de precios".
El Ministerio Público repasa el proceso de adquisición de la casa de la Alcaidesa para especificar que terceros interesados en obtener una licencia para operar en el mercado de hidrocarburos -caso que investiga otro juzgado de la Audiencia Nacional y en el que también consta como investigado De Aldama- fueron quienes la compraron, si bien el beneficiario a juzgar por mensajes recabados fue Ábalos.
Tras repasar hechos vinculados a la pareja de Ábalos, el fiscal menciona también las referencias de la UCO al rescate de Air Europa, y apunta que "no se evidencia una participación crucial o determinante del entonces ministro ni de su asesor" en este asunto en beneficio de intereses de De Aldama.
Entre otros aspectos, el exministro socialista ha registrado una serie de preguntas en el Congreso para que Interior aclare si hay alguna "investigación extrajudicial" sobre él o su familia y si han detectado acceso a sus datos personales, bancarios o patrimoniales.
Ábalos ya se dirigió en julio al Ejecutivo denunciando la publicación "reiterada" de informaciones que incluyen "detalles de ámbito personal", como domicilios, desplazamientos, alojamientos o relaciones personales.
Recordando el precedente de la llamada 'Policía patriótica' que operaba con el primer Gobierno de Rajoy, así como denuncias similares de espionaje ilegal hechas por diputados de Podemos, el exministro preguntó si también había alguna investigación sobre él, pero la respuesta del Gobierno no le satisfizo por ser "absolutamente genérica" y por referirse a labores de Policía Judicial que ejercen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), por las que él no había preguntado.
Por eso, Ábalos vuelve ahora a la carga precisando sus preguntas y pidiendo que "el Gobierno de España dé respuesta concreta, precisa y ajustada" a los temas por los que se interesa.
En su nuevo escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el ahora diputado del Grupo Mixto pide saber si "ha existido alguna investigación extrajudicial" sobre algún diputado y/o sus familiares de primer grado desde enero del año 2020 hasta la actualidad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Pregunta también si el Gobierno tiene conocimiento de la realización de consultas en las bases de datos policiales sobre sus datos personales y de sus familiares, o sobre cualquier otro diputado, "relativos a domicilios y titularidades de bienes muebles, desplazamientos, control de hospedería, registros policiales de salidas y entradas del país, Registro Mercantil, Registro de la Propiedad, Catastro y DGT" en estos últimos cuatro años desde su salida del Gobierno. En caso afirmativo, reclama un informe de auditoría de esos accesos a datos personales detallando los temas consultados y las personas que los pidieron.
Ábalos aprovecha también para preguntar por el 'caso Delorme' -más conocido como 'caso Koldo-, para saber por qué se filtraron desde la Guardia Civil documentos incautados a su colaborador que afectaban a personas que, como él, no estaban siendo investigadas.
En ese sentido, pide saber si la Fiscalía Europea o el propio Gobierno han tomado alguna decisión sobre esos documentos privados: "¿Ha realizado el Gobierno acciones o actuaciones para garantizar el deber de reserva de las actuaciones judiciales? -pregunta-. ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para garantizar el derecho fundamental a la presunción de inocencia?".
