Anticorrupción pide siete años de cárcel para el exsecretario de Canet por estafa, falsedad y blanqueo

VALÈNCIA. El exsecretario del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer José Antonio Sancho Sempere se enfrenta a siete años y medio de prisión en un de las múltiples piezas en las que el fiscal Anticorrupción y el juez instructor han dividido esta macrocausa de corrupción en un juicio que se celebrará el próximo jueves. En esta parte del pastel, el Ministerio Público pide para él dos años de prisión por un delito de estafa, tres años por otro de falsedad documental y dos años y medio por blanqueo de capitales.

Sancho Sempere ya fue condenado en enero de 2016 a dos años de cárcel por cohecho. Según el escrito de calificación al que ha tenido acceso Valencia Plaza, Sancho Sempere junto al resto de imputados solicitaron una subvención a la Junta de Andalucía para un proyecto que nunca llegó a realizarse, pero para justificar el dinero recibido hicieron facturas falsas que hicieron pasar por verdaderas.

Explica el fiscal que en el año 2002, Sancho Sempere fundó la asociación sin ánimo de lucro Pangea Arco Mediterráneo, de la cual él era vicepresidente y "ejercía el control económico y administrativo", con independencia de las personas que figuraran en las juntas de gobierno. Además era la única persona autorizada en la cuenta bancaria de la asociación.

El acusado, "en el año 2010, con la intención de obtener un lucro injusto, presentó un escrito dirigido a la Junta de Andalucía, concretamente a la Consejería de Empleo solicitando una subvención para la asociación", pero dice el fiscal que "en ningún caso pensaba destinar el dinero a los fines sociales que señalaba la convocatoria y que justificaban su entrega, de tal forma que los datos que suministró no se correspondían con ningún proyecto".

El procesado le dijo a la Junta que iba a desarrollarse una actuación en Andalucía para lo que contrataría a seis hombres y 14 mujeres como técnicos. Indicaba también que compraría equipos informáticos que se iban a utilizar para evaluar las correcciones que realizaran a través del proyecto de desigualdades de género, indicando que de dichos equipos se iban a beneficiar inmigrantes.

La Junta de Andalucía le concedió 23.369 euros. Sin embargo, en lugar de destinar el dinero a fines sociales, se puso de acuerdo con Carlos Zaera (concejal de Canet) y Adoración Zamora, dueños de la empresa Soluciones Dexfor, para "crear una factura falsa de una supuesta venta de material informático" de esta empresa a Pangea para así "dar cobertura a la subvención obtenida". Pero además, también se hizo una segunda factura falsa a través de la sociedad MIllena III Milenio, de la que Sancho Sempere era el único socio y responsable por "supuestos trabajos de asesoramiento legales y técnicos por un importe de 16.539 euros" con la que terminó de justificar el dinero recibido.

En la calificación fiscal se asegura que una vez desmantelada la supuesta asociación sin ánimo de lucro, el supuesto material comprado para el proyecto fue trasladado a una vivienda de Canet d'En Berenguer, pero que "dicho material nada tenía que ver con el supuestamente suministrado según la factura expedida", ya que su tasación real fue de 46,50 euros.

'Trama de las asesorías'

Alcaldes, exalcaldes, secretarios municipales, ex altos cargos de la Generalitat, la Academia Valenciana de Juristas, asesores y así una lista de 34 nombres, que incluye a empresas públicas como Egevasa. Todos ellos se encuentran imputados por el juzgado de Instrucción número 12 por su presunta participación en la trama de las asesorías. El magistrado les acusa de haber cometido presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública en varios ayuntamientos.

Según las investigaciones, se solicitaban informes a precios desorbitados en comparación con los presupuestos de los consistorios y que carecían de cualquier utilidad para los citados ayuntamientos. Muchos de esos informes eran encargados de forma verbal, una práctica totalmente prohibida dentro de las administraciones públicas. Pero junto a los informes, el sumario recoge que la trama también realizaba labores de asesoría puntuales en algunos de los ayuntamientos.

Egevasa

Una de las empresas públicas que deberá hacer frente a las acusaciones del fiscal es la empresa Egevasa, a la que el Ministerio Público le solicita una multa de casi dos millones de euros como persona jurídica por su implicación en las presuntas mordidas que se pagaron por informes falsos. También se pide que se inhabilite a la empresa para acceder a ningún tipo de subvención pública.

Según relata el fiscal en su escrito de calificación, desde la entidad pública se pagaron 90.000 euros para renovar la concesión que tenía esta empresa en Canet. El Ministerio Público explica que como Egevasa terminaba la concesión pero quería asegurarse que les renovarían, contactó con Sancho Sempere para poder conseguir "una actitud favorable". Esto se hizo así porque Sancho era la persona con más poder dentro del consistorio valenciano y decidía casi todo en materia de política municipal.

Alcaldes

Dentro de las 12 piezas con las que cuenta la trama de las asesorías hay infinidad de excargos públicos implicados. Entre los nombres a los que ha tenido acceso Valencia Plaza figuran el popular Fernando Giner, expresidente de la Diputación y exalcalde de Vallada; el alcalde de la Vall de Laguar Francisco Luis Gilabert (PP); el de Ador Joan Faus (Gent d'Ador); la alcaldesa de Benirredrà, María Dolores Cardona (PSPV) y la exalcaldesa de este municipio Cristina Gutiérrez (PP).

También los exalcaldes de Godelleta Salvador Marín (PP); de Cheste David Doménech (PP); de Real de Gandia Vanessa Martínez (PP); de San Antonio de Benagéber Eugenio Cañizares López (PP), actualmente en la oposición; de Benisanó Isabel Castellano Brell (PP); los de Canet Octavio Herranz (PSPV) y Amparo Mañó (EUPV), y el de Vallada Vicente Perales Calabuig (Agrupación Independiente).

Además, están imputados los exsecretarios municipales de siete ayuntamientos, incluido el de Canet. La lista incluye a un exconcejal de Alcoi; al ex director general de Cambio Climático de la Generalitat Jorge Lamparero; al exvicepresidente de la Ciudad de la luz Rafael Jorge Miró; a un abogado de la empresa General Valenciana del Agua, Marcial Alcalá, y al exinterventor del Consorcio de Museos Rafael José Parra.