El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude alerta: los contratos de emergencia motivados por la pandemia, algo que debería ser excepcional, se están dando más de lo que correspondería, con todos los riesgos y deficiencias que ello conlleva. Este podría ser el resumen de una de las conclusiones que el organismo que dirige Joan Llinares ha recogido en su memoria anual, presentada este martes en Les Corts Valencianes, donde también analiza detalladamente las investigaciones practicadas a lo largo del año y realiza una serie de recomendaciones a las administraciones.
Antifraude es tajante no sólo sobre la vía del contrato de emergencia sino también sobre el reparto de subvenciones y ayudas de urgencia puestos en marcha en numerosas ocasiones desde que estalló la pandemia de coronavirus: eran medidas que "inicialmente se adoptaron como excepcionales por la emergencia de la situación que sobrevino a todas las instituciones" pero "a veces se han normalizado y se han mantenido e incrementado durante todo el ejercicio de 2020".
En este sentido, el organismo dependiente de Les Corts explica que tales herramientas "han dejado aparcadas algunos de los principios más importantes que han de garantizar el servicio público a los intereses generales: legalidad, eficacia y eficiencia". Y por ello, concretamente en cuanto a los contratos de emergencia, indica que el mantenimiento "prolongado" de esta vía "ha generalizado adjudicaciones directas quizá más allá de lo que estrictamente se requería en el estado de necesidad colectiva" y que esto ha provocado que "a menudo" se haya pagado "precios muy superiores a los del mercado por no haber concurrencia competitiva, por ejemplo".
Huelga recordar que la contratación por la vía de emergencia se ha convertido en una medida habitual dentro del Gobierno valenciano autonómico porque se trata de una vía más ágil y eficaz ante este escenario, pero que también conlleva sus peligros por la mayor arbitrariedad y opacidad que implica la capacidad de obviar los procedimientos de control habituales. Tal es la normalización de este método de contratación que, como avanzó este diario, el propio Botànic se cubrió las espaldas incluyendo en la Ley de Acompañamiento de 2021 un apartado referido a los fondos para la reconstrucción de la covid-19 donde se especificaba que las actuaciones que se realicen con cargo a estos fondos se considerarán de emergencia.
De hecho, el propio síndic de Comptes, Vicent Cucarella, ya advirtió sobre la figura de la contratación de emergencia el pasado mes de febrero: "Hemos observado incumplimientos que se tramitan en más de un caso. Como por ejemplo que no se cumplen los requisitos especiales para tramitar la contratación de urgencia o de emergencia. Me estoy refiriendo al ejercicio 2019, no al 20. En el caso de 2020, probablemente habrá muchos más casos de contratación de urgencia o emergencia, pero también más casos en los que estará bien considerado que sea de esa manera", comentó el Síndic en aquel momento.
Y en esta línea, el propio director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, también se mostró alerta en una entrevista reciente concedida a Valencia Plaza respecto a las contrataciones de emergencia. Una alarma que ahora deja por escrito en la memoria anual, donde se considera "imprescindible" que las instituciones tengan mecanismos de prevención e integridad pública para gestionar crisis como esta, minimizando los riesgos de corrupción. De ahí que pida mejorar la planificación de recursos en servicios esenciales y la toma de decisiones ágil, además de seguir los procedimientos legales y "no renunciar a los controles internos". También insta a tomar precauciones en ciberseguridad y a mejorar la transparencia.
Por otro lado, la Agencia Valenciana Antifraude insiste en censurar el abuso de la práctica del enriquecimiento injusto en las administraciones valencianas. "Durante el año 2020 han aumentado los expedientes de resarcimiento público por enriquecimiento injusto normalizándose de esta forma el perjuicio que para las arcas públicas suponen los encargos de prestaciones sin concurrencia competitiva y sin comparativa de precios", recoge la Agencia.
En este sentido, Antifraude recuerda, como ya ha hecho en otras ocasiones, que el abuso de esta práctica impide detectar la existencia de conflictos interés y dificulta el control sobre la efectiva ejecución de la prestación del servicio. Por ello, el organismo que encabeza Llinares reitera "la necesidad de reforzar el control interno y que se depuren responsabilidades de quienes ordenaron la ejecución de una prestación al margen del ordenamiento jurídico y de los que decidieron ejecutar dicha prestación para garantizarse el cobro de la misma".
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
