VALÈNCIA. "La exigencia de estos certificados de incineración no soportados normativamente generó el cobro de unas cantidades indebidas por estas actividades privadas que realizaba el personal público del Instituto de Medicina Legal". Así de tajante se explica la Agencia Valenciana Antifraude sobre la emisión de certificados no recogidos por la normativa por parte de médicos forenses del Instituto en el Tanatorio de València, que llegaron a cobrar hasta 51.200 euros en un año al margen de su actividad en la entidad, dependiente de la Conselleria de Justicia. También se llevaban a cabo actuaciones innecesarias por las que se cobraban "cantidades muy elevadas", en palabras de Antifraude.
En cuanto a lo primero, se trata de unos certificados de incineración que constatan que en los cadáveres no hay restos termoactivos y que, en efecto, pueden ser incinerados sin problema. Un documento que el Ayuntamiento de València exigía en su página web para el Tanatorio municipal pero que no estaba contemplado ni en la ley valenciana de Prácticas de Policía Sanitaria Mortuaria y tampoco en la ordenanza municipal de València referente a los servicios mortuorios.
Con todo, había médicos profesionales privados y forenses que lo emitían en los cadáveres no judiciales a instancias de las funerarias. También los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal lo hacían de manera "automática" en el caso de los cadáveres judiciales que se iban a incinerar. Sin embargo, no sólo es que no estaba contemplado en la ley, es que además "carece de sentido" hacerlo porque los cuerpos ya han sido sometidos a sus respectivas autopsias y, en el caso de contener algún elemento radioactivo, este ya ha sido retirado.
Así pues, los médicos forenses que llevaban estas prácticas, "estaban cobrando para su propio beneficio por la emisión de un certificado indebido, innecesario y sin respaldo legal alguno", explica Antifraude, "y sin que dichos fondos pasaran por el control ni las arcas públicas, exigiendo tarifas o minutas que no eran debidas sin que se haya producido el reintegro de las mismas".
Se trata, para Antifraude, de una práctica que para un médico privado "no tiene respaldo normativo" pero que en el caso de empleados públicos que hayan trabajado con los cuerpos que se van a incinerar, tampoco, puesto que ello "supone el ejercicio de una actividad lucrativa privada afectada por el régimen de incompatibilidades".
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Todo ello ha aflorado después de una denuncia ante la Conselleria de Transparencia por parte de dos trabajadores del Instituto en 2016, quienes se quejaban de que el sistema de guardias no era equitativo y que ello podía ser debido a la emisión de estos certificados de incineración. Aunque no se ha encontrado indicio de irregularidad en el sistema de guardias, tanto la Inspección como Antifraude sí lo han hallado en la propia expedición de estos documentos.
En su informe de investigación final, que data de diciembre de 2020, la Agencia Valenciana Antifraude explica que el Tanatorio Municipal de València, que gestiona Funespaña en virtud de una concesión adjudicada por el Ayuntamiento, tenía cedido un espacio al Instituto de Medicina Legal, donde dos empleados del Instituto eran los encargados de cobrar por estos certificados alegales y que se hacía mediante "pagos en efectivo, justificados con simples recibís o sin ellos", según la Inspección. Pagos que "escaparían al control de la Hacienda Pública" y que sólo en 2016 ascendieron en total a unos 51.200 euros.
Ante este panorama, en 2017, la Inspección General instaba a la Dirección General de Justicia de la Generalitat Valenciana a instar a todos los profesionales médicos de los Institutos de Medicina Legal de las tres provincias a que dejaran de emitir dichos certificados "ya que es suficiente con que las familias aporten una declaración responsable de la inexistencia en el cada ver de elementos termoactivos". Y en la misma línea, a que se pidiera al Ayuntamiento de València que dejara de fijar el requisito de este documento en su web municipal.
Tras este toque de atención, en 2019 la Inspección detalló que los Institutos ya habían dejado de llevar a cabo esta praxis indebida, si bien, según señala Antifraude ya a finales de 2020, "no consta que se haya depurado responsabilidades derivadas de estas actuaciones en el pasado" y que son, apunta, "susceptibles de ser constitutivas de un posible ilícito penal". Tampoco se ha trasladado a la Fiscalía ni se ha reclamado la devolución de este dinero por parte de los médicos forenses. Según Antifraude, la imposición de sanciones disciplinarias ya ha prescrito en los seis casos documentados.
Irregularidades en la conservación de cadáveres
También en la conservación de cadáveres se han constatado irregularidades por parte de Antifraude y por la Inspección de Servicios. Se había generalizado que los cadáveres judiciales cuyo destino estaba fuera de la provincia de Valencia fueran sometidos a tratamientos de "conservación transitoria". No obstante esto excedía los supuestos legales que marca la ley para este tratamiento.
Aquí, los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y sus auxiliares de autopsias "intervenían como médicos particulares (privados)" en casos en los que estaban realizando funciones públicas de médico forense. Esto también dio pie a cobros indebidos, cuyo montante no queda reflejado en el informe de Antifraude, pero sí dice que la Inspección cifró en "cantidades muy elevadas".
En este sentido, también la Inspección desvelaba en 2017 que, al margen de los tratamientos de conservación, en las dependencias del Tanatorio municipal cedidas al Instituto se estaban realizando "como actividad privada propia, acondicionamientos de cadáveres judiciales" por parte de un auxiliar de autopsias que no tenía ninguna compatibilidad.
A todo ello se sumaban "costes adicionales" que cobraban los auxiliares de autopsias, según Antifraude. Por el acondicionamiento de cadáveres, percibían entre 80 y 110 euros y además, cobraban a las funerarias que acudían a recoger los cuerpos conservados 30 euros más en concepto de los líquidos empleados. "No se entregaba ningún recibí o factura alguna y en otras ocasiones se recibía 3 botellas de litro de formol como pago en especie", recoge Antifraude.
Esas mismas personas, es decir, los auxiliares de autopsias, eran los que "estarían realizando materialmente los trabajos de conservación" de los cadáveres, de manera que serían los que estarían actuando "como intermediarios en los pagos en efectivo que se hace a los médicos forenses" tanto por estos tratamientos como por la expedición de los certificados de incineración indebidos. Por todo ello, los auxiliares, dice Antifraude, estarían percibiendo comisiones de entre el 15% y el 20%.
Y sobre todo ello, es directo el organismo que dirige Joan Llinares: toda compatibilidad con la actividad privada debe ser reconocida por la Conselleria competente. Pero ojo, ni teniendo la compatibilidad para una segunda actividad en el sector privado se puede "en ningún caso" intervenir en actividades privadas, por cuenta propia o al servicio de entidades o particulares relacionados directamente con el servicio que se presta en el departamento público en el que el funcionario desarrolla su trabajo. Y mucho menos se puede, subraya, realizar esta práctica privada con medios y recursos públicos.
Estas prácticas han dejado de producirse tras el informe de la Inspección General de 2017, según constató dos años más tarde el propio órgano. Sin embargo, en el informe de Antifraude emitido hace poco más de un mes se dice que, para evitar que estas "irregularidades" se vuelvan a producir, se informe al personal correspondiente la innecesaridad del certificado de incineración y la prohibición de cobrar por su expedición, así como los límites de la actividad privada en los casos permitidos.
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