VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude ha ampliado el plazo de investigación de los contratos a la empresa que diseñó la peatonalización blanda de la Plaza del Ayuntamiento de València.
El pasado 4 de noviembre, el organismo que dirige Joan Llinares dio por iniciada la investigación acerca de los expedientes de contratación al despacho La Paisatgeria, encargado del diseño de la plaza. La normativa fija que la investigación ordinaria dure como mucho seis meses. Sin embargo, "vista la extensión y la complejidad de la documentación y el marco normativo a analizar, resulta necesaria la ampliación del plazo inicial", recoge la resolución del pasado 27 de abril. De esta manera, el organismo ha decidido prorrogar las pesquisas medio año más.
Antifraude abrió la investigación formal sobre los contratos desde el consistorio a la empresa, que resultó adjudicataria del proyecto de peatonalización por 14.950 euros sin IVA, apenas 50 euros de diferencia respecto al límite legal para un contrato menor, cuya superación hubiera obligado a realizar un concurso. Pero las indagaciones afectan tanto a este contrato como al resto de contratos menores adjudicados a la firma y a los arquitectos vinculados a ella de manera individual.
En total, según pudo comprobar este diario, se trata al menos de una veintena de adjudicaciones sin concurso que suman más de 240.000 euros y que se han hecho desde diferentes departamentos de la administración municipal desde 2015, como publicó Valencia Plaza. La Agencia comprobó "la existencia de indicios razonables de veracidad" en la denuncia del Partido Popular sobre la existencia de "presuntas irregularidades". Las adjudicaciones por la vía del contrato menor -sin concurrencia competitiva- podrían "haber dado lugar a la existencia de conductas colusorias del mercado mediante la vulneración de la libre concurrencia”.
El encargo que constituye el origen de la denuncia de es precisamente el que suscribió la EMT de València con La Paisatgeria, y que ascendió a unos 18.000 euros tras impuestos para el proyecto de reforma de la plaza del Ayuntamiento. Se hizo en tres días desde que se abrió el expediente de contratación, no se pidieron más ofertas -tampoco existía la obligación-, y, denuncian los populares, se hizo “sin informes, con la única firma del ex gerente y sin consignación presupuestaria”.
Huelga recordar que una de las fundadoras de la firma fue Elena Azcárrega, actual directora general de la Conselleria de Vivienda. Poco antes de que la EMT adjudicara el mencionado contrato a la firma, Azcárrega abandonó el despacho para ser nombrada alto cargo del departamento autonómico que dirige Rubén Martínez-Dalmau. Pero antes de ello, también recibió un contrato menor del gobierno municipal para redactar el proyecto básico de obras para la reparación de un colegio en la ciudad, que ascendió a 6.700 euros y que también investiga Antifraude.
Tras conocer la prórroga del plazo máximo de la investigación, el edil del PP Carlos Mundina señaló que su grupo busca "que se llegue hasta el final de este asunto y que Antifraude determine cómo se hizo esta contrataciones a un empresa vinculada a altos cargos de Podemos". En este sentido, recordó que el informe motivador de la contratación "no es avalado ni firmado por ningún técnico de la EMT ni del Ayuntamiento y que es el propio gerente quien firma el informe y quien fija el precio del mismo sin ninguna argumentación".