Antifraude investiga 240.000 euros en contratos sin concurso a la firma que diseñó la plaza del Ayuntamiento

VALÈNCIA. Ya había pedido algunos contratos menores realizados a dicha empresa, pero ahora la Agencia Valenciana Antifraude ha abierto una investigación formal sobre las contrataciones del Ayuntamiento de València a La Paisatgeria, que resultó adjudicataria del proyecto de peatonalización de la plaza del Ayuntamiento por 14.950 euros sin IVA, apenas 50 euros de diferencia respecto al límite legal para un contrato menor, cuya superación hubiera obligado a realizar un concurso.

La investigación iniciada por el organismo que dirige Joan Llinares afecta tanto a este contrato como al resto de contratos menores adjudicados a La Paisatgeria y a los arquitectos vinculados a ella de manera individual. En total, según ha podido comprobar este diario, se trata al menos de una veintena de adjudicaciones sin concurso que suman más de 240.000 euros y que se han hecho desde diferentes departamentos de la administración municipal desde 2015.

La Agencia ha comprobado "la existencia de indicios razonables de veracidad" en la denuncia del Partido Popular sobre la existencia de "presuntas irregularidades". Las adjudicaciones por la vía del contrato menor -sin concurrencia competitiva- podrían "haber dado lugar a la existencia de conductas colusorias del mercado mediante la vulneración de la libre concurrencia”.

Uno de los encargos que se investiga es precisamente el que suscribió la EMT de València con La Paisatgeria, y que ascendió a unos 18.000 euros tras impuestos para el proyecto de reforma de la plaza del Ayuntamiento. El encargo se hizo en tres días desde que se abrió el expediente de contratación, no se pidieron más ofertas -tampoco existía la obligación-, y, denuncian los populares, se hizo “sin informes, con la única firma del ex gerente y sin consignación presupuestaria”.

Huelga recordar que una de las fundadoras de la firma fue Elena Azcárrega, actual directora general de la Conselleria de Vivienda. Poco antes de que la EMT adjudicara el mencionado contrato a la firma, Azcárrega abandonó el despacho para ser nombrada alto cargo del departamento autonómico que dirige Rubén Martínez-Dalmau. Pero antes de ello, también recibió un contrato menor del gobierno municipal para redactar el proyecto básico de obras para la reparación de un colegio en la ciudad, que ascendió a 6.700 euros y que también investiga Antifraude.

Otros tres contratos directos a la empresa desde 2016 están bajo la lupa de la Agencia: la elaboración de un proceso participativo de espacio público y movilidad para el barrio del Botànic (18.700 euros), un estudio de movilidad en centros escolares (18.700 euros), y una dinamización del trabajo de las mesas sectoriales de movilidad para desarrollar la ordenanza de movilidad (7.200 euros).

A todos estos se suman una quincena de adjudicaciones más realizadas individualmente a arquitectos que o bien forman parte de la firma o bien están relacionados con ellos a través de otras empresas como RSR Arquitectos o Fil Arquitectura. Algunos de estos encargos, de hecho, están vinculados entre ellos y adjudicados a personas diferentes que trabajan juntas, como cinco contratos suscritos con tres compañeros en RSR Arquitectos para la adecuación del recinto de las compuertas de la Gola de Pujol y el embarcador, por un valor total de unos 45.500 euros.

En este grupo de contratos repartidos que también examina la Agencia se encuentran otros como el ajardinamiento en el antic camí de Farinós (21.700 euros), la redacción de un proyecto para un edificio municipal (16.500 euros) o para los estudios previos sobre el potencial medioambiental del nuevo cauce del río Túria (17.900 euros), entre otros.

El contrato menor es una herramienta de contratación contemplada en la legislación y cuyo objetivo agilizar el modo de funcionamiento de las administraciones al permitir las contrataciones sin convocar un concurso público. Ahora bien, se fija un límite de adjudicación de 15.000 euros en contratos de servicios y de 40.000 en contratos de obra, que antes de 2018 eran de 18.000 y 50.000 respectivamente, todo ello sin IVA. Ahora bien, el excesivo uso de esta vía ya ha sido advertido por parte de diferentes organismos, pues puede ser utilizado para eludir el concurso público.