El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La composición del equipo de la Agencia Antifraude y Lucha contra el Fraude y la Corrupción no está siendo fácil. Alguno de los puestos más importantes del órgano fiscalizador, como por ejemplo la dirección de Análisis e Investigación, han sido convocados mediante concurso a través del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) hasta en tres ocasiones desde que nació el ente.
Un escenario que llevó al organismo que dirige Joan Llinares a contratar en marzo de 2019 a una suerte de 'cazatalentos' para que les asesorara a la hora de contratar el personal que fuera a ocupar los lugares de mayor responsabilidad. El convenio, eso sí, no resultó en absoluto barato para la Agencia Antifraude: por este contrato menor el ente pagó 3.916 euros -aunque el precio de la licitación inicial era de 4.400 euros- por tan solo un mes de asesoramiento.
Unas funciones que realizó Josep Eustaquio Martínez, según explican fuentes de la Agencia Antifraude, ya que en en portal de transparencia de la propia entidad y en la sección de contratos menores sólo se especificaron las siglas del beneficiario de esta adjudicación. Un detalle que atribuyen a un error de transcripción.
El contrato resulta llamativo por el hecho de que no se incorporó a la Memoria Anual de 2019, presentada hace apenas dos meses por la Agencia Antifraude en el registro de entrada en Les Corts Valencianes, órgano al que está adscrita desde su creación en 2016.
Desde el organismo que dirige Joan Llinares reconocen que están teniendo dificultades para cubrir los puestos que sacan a concurso, "especialmente porque todas las plazas deben ser cubiertas por funcionarios de carrera y poca gente cumple todos los requisitos". Si bien fuentes del ente también incluyen entre los factores para lograr retener al personal, la "alta intensidad de trabajo" que existe en la Agencia.
La semana pasada, Antifraude ofertó 11 nuevos puestos de trabajo de su RPT. Entre ellos, la Agencia busca un técnico de formación con un nivel de valenciano C1 -antiguo Grau Mitjà- y con conocimientos en Derecho administrativo y Transparencia en el Sector Público; dos letrado scon más de seis años de experiencia y que tenga conocimientos de valenciano y de inglés -no especifica un nivel concreto-; un técnico en prevención de riesgos laborales con el certificado del C1 de valenciano; y dos técnicos de prevención jurídica, bien sean licenciados en Derecho o graduados en Administración y Gestión Pública, con dos años de experiencia previa.
También buscan un técnico de gestión económica; un jefe de equipo de Análisis e Investigación; otro de negociado de Soporte Administrativo y Dirección; un jefe de Negociado de Soporte de Documentación; y un jefe Negociado de Soporte Análisis e Investigación.
