Antifraude cifra en 11,2 millones el perjuicio del contrato de Acciona investigado en Azud

VALÈNCIA. La Agencia Antifraude ha cuantificado en 11.209.596,02 euros el total de perjuicio económico para las arcas públicas por el contrato de limpieza y saneamiento que el Ayuntamiento de València adjudicó a Acciona en 2006. 

Se trata de una de las múltiples derivadas que se investigan en el caso Azud, que indaga en una presunta trama de comisiones a cambio de adjudicaciones en varias administraciones de la Comunitat Valenciana. La jueza titular de Instrucción 13 encargó a Antifraude la elaboración de varias periciales, entre ellas una relativa a la forma y modo en que se llevó a cabo la adjudicación a la UTE Saneamientos de Valencia del contrato de Gestión del Servicio de Limpieza y Conservación del Sistema Municipal de Saneamiento con fecha de 28 de noviembre de 2006 y su ejecución en el periodo de los años 2007 al 2012.

La agencia ha entregado ahora un minucioso informe de 248 páginas sobre el citado contrato, que fue para 15 años –prorrogables a dos más– y por valor de 129 millones de euros. Acciona –en aquel momento Infilco Española– era una de las potenciales licitadoras de ese contrato y, de hecho, en ese momento se encontraba ejecutándolo. Finalmente, la UTE conformada por Acciona Agua y Acciona Infraestructuras resultó adjudicataria del servicio de limpieza y saneamiento tras ser aprobado por la junta de gobierno local del Ayuntamiento de València. 

Los investigadores de Azud le dan importancia a todo este procedimiento porque creen que el abogado José María Corbín, cuñado de la fallecida Rita Barberá, pudo utilizar sus influencias para que la UTE de Acciona se llevara el contrato a cambio de comisiones ilícitas.

La Unidad Central Operativa (UCO) ha considerado ya en diversos informes que en aquel momento, y justo antes de la adjudicación, Acciona suscribió un contrato de prestación de servicios con el despacho Delum Abogados –dirigido por el socio de Corbín Diego Elum– por un precio de de 2,56 millones de euros (es decir, aproximadamente un 2% del importe de licitación). De ellos, 1,7 millones fueron a parar a su vez al despacho de Corbín. De esta manera, y de acuerdo con la Guardia Civil, las cantidades que esta empresa abonó a Corbín y a Elum corresponderían, realmente, a pagos por haber resultado beneficiaria del contrato con el consistorio.

Acciona era la adjudicataria de la contrata del alcantarillado desde 1995 y finalizaba su contrato en diciembre de 2006, por lo que los investigadores sostienen que resultaba de máximo interés para la empresa acceder a ese nuevo contrato. Así, apuntan a que Corbín se encargó de contactar con los funcionarios del Ayuntamiento para asegurarse de que el contrato que se iba a licitar fuera lo suficientemente impreciso y de que la valoración técnica, que era la de mayor puntuación, se otorgase a la UTE formada por Acciona.

Los investigadores han hecho hincapié en que las valoraciones técnicas de las diferentes ofertas presentadas no estuvieron "mínimamente razonadas" y que "se condujeron con una total falta de objetividad buscada" con el único fin de que Acciona se adjudicase la contrata. Además, el pliego de dicho contrato "contenía las suficientes indefiniciones" como para que la adjudicataria obtuviese más beneficios de los esperados y "cobrase cuantías superiores a las establecidas", señaló la UCO. 

A todas estas conclusiones que forman parte de la causa de Azud se incorpora ahora el informe de Antifraude sobre el perjuicio económico que generó el contrato. Esta cifra de 11,2 millones de euros engloba el perjuicio derivado de varias cuestiones: la modificación de la fórmula de revisión de precios; la inclusión de servicios extraordinarios en las certificaciones de los servicios; la inclusión en las certificaciones de conservación de alcantarillado de partidas de mano de obra, maquinaria, materiales y auxiliares de forma específica y diferenciada de las incluidas en los precios unitarios; la inclusión en los proyectos de obras de partidas al alza a justificar, sin justificar; y las mejoras u obligaciones sobre lasque no se acredita su realización y que han podido ser cuantificadas en base a los datos contenidos en la propia oferta de la entidad adjudicataria.

Adicionalmente, el perjuicio económico relativo a las mejoras de los ejercicios 2013 a 2021 ascenderían a 1.938.517,20 euros o a 2.369.298,80 euros en caso de considerar los ejercicios 2013 a 2023 (en supuesto de prórroga).

Incumplimiento de la normativa de contratación

Las prestaciones del contrato incluían limpieza y saneamiento de la ciudad; mantenimiento de las instalaciones municipales; conservación del alcantarillado; y obras de conservación correctiva específicas. Antifraude destaca que los tres primeros tipos de certificaciones/facturación incluyen los importes globales certificados mensualmente sobre las distintas prestaciones, pero constan facturas y documentación únicamente en relación de los ejercicios 2007, 2008 y 2009 (no de 2010, 2011 y 2012). En cuanto a las obras de conservación muchos casos no consta proyecto.

La agencia sí concluye que el procedimiento de adjudicación y la forma por concurso fueron correctos, pero no el tipo de contrato "al no tener en cuenta que se trata de un contrato mixto de gestión de servicio público y de obras, que requiere de la aplicación de las especialidades normativas de cada tipo de contrato". Además, el informe interpreta que el objeto del contrato se encuentra indeterminado, tanto en lo relativo a ciertos los servicios como en lo relativo a las obras a ejecutar dentro del contrato de gestión de servicio público. Ello, añade, conlleva una "indeterminación del precio del contrato que depende de los servicios y las obras de conservación a ejecutar, que no se encuentran determinadas".

Del mismo modo, hace hincapié en las 37 actuaciones relativas a obras correctivas específicas relativas al sistema municipal de saneamiento del Ayuntamiento de València. En la mayoría de los casos consta existencia de proyecto y encargos previos a la ejecución, "pero no se trata de obras previstas en los pliegos, lo que supone un incumplimiento de la normativa de contratación aplicable", dice Antifraude. En algunos expedientes, además, observa que no se tramitan las obras como encargo a la adjudicataria, sino como un nuevo contrato menor.

"En ningún caso sería procedente que la misma entidad que tiene que ejecutar las obras y percibir la retribución por ello sea la misma que se encarga de realizar el proyecto de inicio y sin contar con un anteproyecto de explotación y de las obras, en el que se recoja las especificaciones de las prescripciones técnicas de la misma. Ello deja en manos del contratista todos los elementos básicos de las obras a realizar, incluido el precio a pagar por ello, lo que supone un incumplimiento de los principios más básicos dela normativa en materia de contratación pública", afirma el informe.