VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ha aprobado unas nuevas instrucciones internas para controlar mejor el uso que se hace de los llamados contratos menores -sin concurso público-. Y lo ha hecho después de que la Agencia Valenciana Antifraude detectara diversas irregularidades en contratos a los arquitectos encargados del diseño temporal de la Plaza del Ayuntamiento.
La Agencia que dirige Joan Llinares emitió en verano un informe sobre 18 contratos adjudicados al mencionado despacho y a los arquitectos vinculados, donde, si bien no halló rastro de corrupción, sí vio "déficits" en el cumplimiento de las leyes de contratación: precios fijados sin justificación, ofertas de profesionales vinculados, ofertas inelegibles, selección de propuestas más caras sin motivo o encarecimiento de contratos a posteriori, lo que habría obligado a sacarlos a concurso.
Por ello, instaba al consistorio a remitir unas instrucciones internas de contratación para garantizar que se cumplen con determinados límites que, como había constatado, no se estaban cumpliendo. Por ejemplo, sobre la necesidad de unos criterios claros para fijar los precios o de una justificación necesaria para los casos en que no se elige la oferta más barata. O para impedir la presentación de ofertas "por personas vinculadas".
Así, el pasado 18 de noviembre, la Vicesecretaría General del Ayuntamiento remitió una circular con las nuevas instrucciones aprobadas por el ejecutivo local para mejorar "la gestión de dichos contratos", incluyendo las recomendaciones de la Agencia y otras complementarias. Por ejemplo, en cuanto al veto a ofertas presentadas por "personas o empresas vinculadas".
Así, las nuevas instrucciones explicitan que en todos los contratos menores, las compañías o profesionales a los que se les pida presupuesto, deberán presentar una declaración responsable donde dejen claro que "no han presentado ninguna otra oferta" con empresas vinculadas. Con ello se busca que no se pueda dar "ninguna conducta colusoria".
Otro de los apartados que recoge el documento es la prohibición de modificar estos contratos cuando el precio final acabe superando los umbrales permitidos para llevar a cabo un contrato sin concurso -15.000 euros para los contratos de servicios y 40.000 en obras-. Así, la Vicesecretaría subraya que si es necesario encarecer el encargo una vez ya se ha adjudicado, lo que habrá que hacer es "resolver el contrato y adjudicar otro".
Por otra parte, los técnicos municipales también tendrán que dejar reflejado en los expedientes los criterios que se han seguido para fijar lo que se considera como "precio de mercado". "Los servicios gestores deberán motivar en el informe justificativo del contrato menor que este se adecúa a dicho valor de mercado".
Y lo mismo tendrán que hacer cuando se elija una oferta que no sea la más ventajosa económicamente. "Deberla motivarse por el porqué de dicha adjudicación, indicándose si además del precio existen otros criterios de adjudicación, tanto técnicos como los que dependan de un juicio de valor", señala al respecto. Estos, por supuesto, también deberán estar claros en los documentos de los expedientes.
Por otro lado, las instrucciones también recuerdan buenas praxis para evitar el uso excesivo de los contratos menores, afeado ya en varias ocasiones por organismos como la Sindicatura de Comptes. En ese sentido, la Vicesecretaría insiste en que las concejalías deben hacer una "adecuada planificación y programación" para llevar a cabo contratos conjuntos para "las actuaciones de carácter necesario, reiterado y previsible" o de una "naturaleza similar". Y evitar así tener que recurrir en exceso a los contratos sin concurso.
Tras conocer las nuevas instrucciones de contratación, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, subrayó su necesidad por el mal uso del contrato menor por parte del gobierno municipal. Tras las advertencias de la Agencia Antifraude, Giner recordó que son "muchos los avisos que ha recibido el gobierno de Ribó por no hacer un uso plenamente correcto del contrato menor".
“La agilidad que ofrece la contratación menor es esencial para el buen funcionamiento de un Ayuntamiento. Ahora bien, el propio Ministerio de Hacienda ya le ha recordado en diversas ocasiones al gobierno de Ribó que se excede con creces en su abuso", aseguró el portavoz de Ciudadanos, quien recalcó que en 2021, "el 80% de los contratos del Ayuntamiento de Valencia fueron contratos menores, muy por encima de la media de ciudades como Barcelona o Málaga".
Con todo, incidió en que "lo grave no es eso", sino que el propio Ministerio señalaba que el 47% de los contratos menores "incurrieron fraccionamiento de contratos; es decir, que este gobierno sorteó deliberadamente los mecanismos de control, transparencia y libre concurrencia de la contratación pública para poder adjudicarlos como menores".
"Esperemos que ni el Ministerio de Hacienda, ni la Agencia Antifraude, ni la vicesecretaria de este Ayuntamiento tengan que sacarnos más los colores. Pero, sobre todo, le pedimos a este gobierno que gaste correctamente el dinero de los valencianos, y que no mercadee con obras y servicios para beneficiar a empresas afines", concluyó Giner al respecto.