València cometió irregularidades en múltiples contratos a los arquitectos de la nueva plaza del Ayuntamiento 

VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude no ve indicios de fraude o corrupción en la adjudicación de 18 contratos menores por parte del Ayuntamiento de València al despacho que diseñó la reforma de la Plaza del Ayuntamiento y sus arquitectos vinculados entre 2016 y 2020. Numerosos contratos por servicios de paisajismo y urbanismo adjudicados sin concurso público en su mayoría desde concejalías dirigidas por Compromís por valor total de 200.000 euros sobre los que la Agencia sí ve, sin embargo, "déficits" en el cumplimiento de las leyes de contratación.

Se fijaron precios sin justificación, se pidieron ofertas a profesionales vinculados empresarialmente, e incluso se recibieron ofertas relacionadas entre ellas, o que eran inelegibles, se seleccionaron ofertas más caras sin motivación expresa o se encarecieron contratos a posteriori, lo que habría obligado a sacarlos a concurso. Son algunas de las múltiples irregularidades que señala el organismo de control que dirige Joan Llinares, que rechaza la existencia de "ilegalidades".

Por una parte, Antifraude ha detectado "prácticas irregulares que no cumplen adecuadamente con los principios inspiradores" de la ley de contratos. En algunos casos, señala, no se justificaron el coste de los contratos ni si el valor se adecuó a los costes reales del mercado. En otros expedientes, se adjudicaron contratos a ofertas "que no suponen el mayor ahorro económico, sin justificación técnica" y sin explicar "los criterios de selección".

Asimismo, la Agencia ahonda en que en algunos contratos, tras consultar diferentes opciones, el Ayuntamiento recibió ofertas que superaban el valor del contrato fijado por la concejalía en cuestión, por lo que quedó una única oferta que podía ser elegida. Y esto, señala, evidencia que no se llevó a cabo una "concurrencia real y efectiva".

Vinculaciones

El análisis de la Agencia, publicado por eldiario.es este miércoles, abarca 18 contratos menores adjudicados por diferentes concejalías tanto a la cooperativa de arquitectos La Paisatgeria, fundada en 2016 entre otros por Elena Azcárrega -hoy alto cargo en la Conselleria de Vivienda que dirige Podemos- como a diferentes profesionales relacionados con el despacho.

Así, Antifraude indica que "en algunos expedientes se ha solicitado oferta a proveedores previamente vinculados por relaciones interprofesionales", en relación a estas interconexiones profesionales. Y eso, indica, "podría haber provocado una situación de concertación de precios y una conducta colusoria del mercado", y en definitiva, "haber comprometido la objetividad y la eficiencia en la asignación de recursos públicos".

Pero va más allá la Agencia al indagar en "actuaciones que podrían eventualmente suponer infracciones del ordenamiento jurídico". Entre ellas, y precisamente para evidenciar la vinculación entre los profesionales, asegura que "se detectó la propuesta de un licitador que acompañaba en unidad de acto la propuesta de otro licitador". Circunstancia que "puede suponer una vulneración" de los principios de la ley de contratación y "un indicio de conducta colusoria".

Modificación de contratos y retrasos

Por otra parte, también se adjudicaron contratos cuyos importes más tarde fueron incrementados superando el umbral mínimo del importe fijado para los contratos menores, lo que habría obligado a convocar un concurso público. "Parece que se han tramitado modificaciones de un contrato menor, de forma que con la agregación de importes se superan los umbrales legalmente previstos para poder emplear el procedimiento de contratación menor", subraya el organismo en este sentido.

Además, hay que recordar que un contrato menor tiene un plazo de ejecución máximo de un año, para evitar precisamente que se eludan los concursos públicos. Sin embargo "se ha detectado la superación del plazo máximo": concretamente hubo un contrato que "se ejecutó 19 meses más tarde de la fecha de la adjudicación".

"Informes demoledores"

Tras analizar el informe final de investigación, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, calificó de "escandaloso" el "rosario de irregularidades" desveladas por la Agencia Valenciana Antifraude. "Ribó debe dar explicaciones y asumir responsabilidades", aseguró la portavoz, para recordar que los contratos 'a dedo', sin concurso, adjudicados al bufete y sus profesionales por el gobierno municipal y la Generalitat Valenciana "ascienden a más de 430.000 euros".

"Ribó encadena una tras otro informes demoledores de Antifraude", insistió Catalá, para añadir que el "problema" de todos ellos es que "luego ni Compromís ni el Partido Socialista hacen caso a las recomendaciones de la Agencia". "Cabe preguntarse para qué crearon la Agencia Antifraude si después no creen en ella y pasan de sus conclusiones", afirmó la portavoz, quien señaló que todo ello "demuestra que lo de la transparencia y el buen gobierno era solo un eslogan de la izquierda".