VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude ha concluido que uno de los contratos suscritos por el Ayuntamiento de València en el marco de la celebración del Bonica Fest de 2019 no se cumplió en su totalidad además de no haber podido acreditar el gasto en parte del material y haber encontrado incumplimientos en la facturación y "errores" en la ejecución del acuerdo.
Así lo explica el organismo que dirige Joan Llinares en uno de sus últimos informes, emitido el pasado 21 de diciembre, tras analizar la documentación requerida al consistorio. El documento, que se abre a alegaciones todavía, se refiere a un contrato de la concejalía de Comercio para la instalación de un stand promocional del evento en la Plaza del Ayuntamiento, así como el servicio de animación complementario.
Entre los compromisos que la adjudicataria había incluido en su propuesta se encontraba la contratación de cinco personas con discapacidad -para la que había alcanzado un acuerdo con la Fundación Novaterra-. Sin embargo, uno de los días "debido a las circunstancias meteorológicas", sostiene el Ayuntamiento, la empresa no pudo "llevar a cabo la contratación de dicho personal". Así pues, Antifraude señala que "no está acreditado" que la contratación de estas cinco personas fuera sólo para un día y no para todo el período de ejecución del contrato -cinco días-.
"No se ha explicado por qué las condiciones climatológicas adversas influyeron de forma tan decisiva en la contratación de este personal ofertado", asegura la Agencia. El incumplimiento del contrato, acreditado por el propio Ayuntamiento, "se justificaba por causas de fuerza mayor a pesar de que no se produjeron ni lluvias torrenciales ni inundaciones" y "se dio como válido el argumento de la empresa" pese a no estar acreditado, según Antifraude.
Por todo ello, concluye la Agencia, "no prestaron servicios [...] todo el personal" las cinco jornadas para las que se había contratado a la empresa. Contactada por este diario, la firma -Espectáculos y Producciones Artísticas Mas- señaló que hubo "temporal" cuando tenían que ir las personas discapacitadas y "se suspendieron los servicios ya que no se podía estar físicamente en la propia plaza del Ayuntamiento" y "no era relevante poner en riesgo a ningún trabajador cuando no se podían dar los servicios". Asimismo, señala que ha acreditado que las personas estaban "preparadas para poder ofrecer el servicio" y que la compañía "realizó los trabajos tal y como se marcaban el el pliego".
Más allá de los incumplimientos de contrato señalados por la Agencia, el organismo también señala que las facturas presentadas al consistorio, que se fiscalizaron de conformidad por los órganos internos municipales, no explicitaban las unidades de cada producto contratado, lo que incumple las bases del propio Ayuntamiento en materia de facturación y la normativa estatal. A esto se sumarían "errores" menores encontrados por la Agencia que el consistorio no detectó.