Eduardo Zaplana. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El concurso de privatización de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) aprobado y adjudicado por el Gobierno de Eduardo Zaplana en 1997 fue un cúmulo de irregularidades de principio a fin que culminó con una adjudicación a empresas que no habían presentado la mejor oferta con unos cánones que perjudicaron -continúan haciéndolo- a las arcas de la Generalitat y con unas altas tarifas -las más caras de España- que los valencianos soportaron entre 1998 y 2014, año en el que el Gobierno de Alberto Fabra decidió bajarlas.
Así se desprende de un informe pericial sobre este concurso elaborado por la Agencia Valenciana Antifraude por encargo de la jueza instructora del caso Erial, en el que el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana está imputado por, supuestamente, blanquear más de once millones de euros procedentes de comisiones por el amaño de este concurso y el del Plan Eólico, sobre el que Antifraude ha emitido otro informe.
En 1996, tras un año en el poder, Zaplana aprobó un decreto que supuso el punto de partida del cambio de prestación del servicio de ITV en la Comunitat Valenciana. Un cambio que se hizo sin ningún estudio sobre las diferentes alternativas en la prestación del servicio, a cargo hasta aquel momento de la empresa pública Sepiva. Como en el caso del Plan Eólico, el servicio de las ITV se sacó a concurso sin respetar los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia. Igualmente, se incumplió la normativa para la racionalización del sector público y no contó con ningún tipo de asesoramiento técnico, según las conclusiones del informe de Antifraude.
Es más, Zaplana decidió privatizar un servicio hasta ese momento público sin estudiar, motivar o justificar esa decisión. Tampoco se hizo ningún tipo de estudio económico y financiero que detallara y justificara la decisión para cambiar el tipo de régimen de explotación de público a privado.
Es decir, lo privatizó porque quiso y a quien quiso en una operación dirigida por el que era su jefe de gabinete, Juan Francisco García, también imputado en el caso Erial, y el entonces secretario general de la Conselleria de Industria, Juan Antonio Manteca Pérez. García y Manteca eran, respectivamente, presidente y vicepresidente de la mesa de contratación y estuvieron presentes en todas las reuniones pero, curiosamente, no firmaron el acta de adjudicación. Esto supone una vulneración de la ley, ya que el presidente debe firmar el acta "y debería no haberse continuado con el procedimiento", según Antifraude. Además, el organismo que dirige Joan Llinares señala que la vicepresidencia de la mesa de contratación es una figura inexistente en el ordenamiento jurídico español y sospecha que se creó para aumentar la representación y el control político en la mesa.
Las irregularidades empezaron desde antes de la convocatoria del concurso. Un informe del interventor delegado explicaba que había determinadas consideraciones que debían cambiarse, algo que nunca llegó a producirse. Entre esas consideraciones, decía el interventor que la distribución del criterio de adjudicación en relación a la cuantía económica ofertada del canon de gestión, implicaba que el valor real de la oferta económica en conjunto del concurso era de 15 puntos, y se limitaban los incrementos al precio base de la licitación al 30%, de forma que las mejoras a ese porcentaje no podrían ser valoradas en más de 15 puntos, "lo que venía a suponer un perjuicio para la Generalitat", según Antifraude.
De hecho, casi todas las empresas que se presentaron, incluidas las adjudicatarias, ofrecieron un importe correspondiente al 30 por ciento exacto, que era la opción más ventajosa para ellas. Un criterio que otorgaba la puntuación máxima a todos, hecho que Antifraude tilda de "inadmisible", ya que todos sabían la puntuación que iban a obtener, y no permitía que hubiera una oferta ventajosa sobre el resto.
Pese a lo anterior, sí hubo tres empresas que presentaron mejoras en las ofertas económicas, pero ninguna fue adjudicataria de ningún lote, a pesar de que se trataba de empresas "con sobrada solvencia empresarial, y que en la fase de criterios técnicos obtenía una excelente puntuación".
Tras analizar el concurso, el informe de Antifraude asegura que la adjudicación se realizó con "asombrosas rapidez y celeridad" y que no se realizaron los trámites administrativos que exigen un análisis pormenorizado de cada actuación, sobre todo teniendo en cuenta el volumen de documentación y datos presentados por los licitadores". Es más, todas las ofertas fueron valoradas con la misma puntuación "sin tener en cuenta las especificidades".
Concretamente, en un mismo día se realizaron simultáneamente varios trámites complejos: el análisis de las propuestas por la Comisión de Estudio -cinco lotes con diez ofertas para cada uno-, la ponderación de las propuestas por la mesa de contratación, la redacción de la propuesta de contratación por parte de la mesa y la resolución de la adjudicación.
Entre las limitaciones para condicionar el concurso, el informe destaca la obligación de presentarse a todos los lotes -perjudicial para empresas pequeñas o medianas-, la obligación que tenían las empresas de señalar cuál de los cinco lotes preferían, la fórmula para minusvalorar las ofertas de un mayor canon para la Generalitat.
Además, los criterios de valoración de las ofertas técnicas fueron establecidos por la mesa de contratación después de abrirse los sobres 2 y 3. En cuanto a las puntuaciones dadas, Antifraude señala que algunas de las examinadas no tienen ningún tipo de justificación, como una menor nota para una oferta "correcta, adecuada y de calidad" que a otras que presentaban "incorrecciones, poca calidad o deficiencias". En el expediente no consta la justificación de los criterios técnicos y de la puntuación asignada por la mesa de valoración.
La Agencia Valenciana Antifraude realizó varias simulaciones del resultado del concurso, una de ellas sin las cortapisas de la prioridad del lote y la limitación del canon. Según esta simulación, todos los lotes excepto uno habrían resultado a favor de licitadores diferentes a los adjudicatarios.
En el informe enviado por Antifraude al Juzgado de Instrucción número 8 de València también se realiza una comparativa del contrato de concesión para las ITV con Castilla La Mancha y Aragón.
De dicha comparativa se desprende que "los importes abonados a la comunidad de Aragón por sus empresas concesionarias fueron superiores a los abonados a la Generalitat". También explica que el canon que la Generalitat habría recibido, de haberlo hecho como en Aragón, habría sido "superior" en todas sus zonas concesionales.
Pero lo más sangrante es que la concesión valenciana no contempla la actualización al IPC en el importe del canon de gestión, ni en el importe por el uso de instalaciones. Así, si hubieran actualizado los precios, la Generalitat habría ingresado 1,7 millones de euros entre 1998 y 2015 por el uso de las instalaciones.
Trasladando esta observación al canon fijo de gestión, que se configuró como pago único a la adjudicación, con la duración de 25 años, respecto del IPC entre 1998 y 2018, el importe que podría haber ingresado la Generalitat ascendería a 3.411 millones de pesetas, es decir, 20,5 millones de euros. Como dato curioso respecto de esto último, la Comunitat Valenciana matricula un número cuatro veces superior de vehículos que Aragón, pero sus concesionarias de ITV pagan un canon claramente inferior. Por eso, el informe de la Agencia Valenciana Antifraude asegura que "se ha producido una pérdida para el erario".
