VALÈNCIA. El concurso de privatización de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) aprobado y adjudicado por el Gobierno de Eduardo Zaplana en 1997 fue un cúmulo de irregularidades de principio a fin que culminó con una adjudicación a empresas que no habían presentado la mejor oferta con unos cánones que perjudicaron -continúan haciéndolo- a las arcas de la Generalitat y con unas altas tarifas -las más caras de España- que los valencianos soportaron entre 1998 y 2014, año en el que el Gobierno de Alberto Fabra decidió bajarlas.

Así se desprende de un informe pericial sobre este concurso elaborado por la Agencia Valenciana Antifraude por encargo de la jueza instructora del caso Erial, en el que el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana está imputado por, supuestamente, blanquear más de once millones de euros procedentes de comisiones por el amaño de este concurso y el del Plan Eólico, sobre el que Antifraude ha emitido otro informe.