VALÈNCIA. Hace diez días, este diario hablaba de 'La plaza que parece no llegar'. Es la plaza de la Reina, cuyas obras de reforma no se iniciarán este mandato a juzgar por los plazos. Ahora, la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana investiga la redacción del proyecto de la misma después de una denuncia realizada por el Partido Popular "por un hecho indiciario de corrupción". Sin embargo, la concejalía de Movilidad Sostenible que dirige Giuseppe Grezzi, de la que depende el proyecto de esta plaza, se niega a entregar el informe elaborado por la Agencia a los populares.
La Agencia notificó al consistorio la investigación el pasado día 20 de marzo, el mismo en el que el Partido Popular solicitó acceso al expediente. Seis días después, al no haber sido dictada ninguna resolución al respecto, los populares insistieron y enviaron una nota interior tanto a Alcaldía como a la concejalía en cuestión para que se le concediera acceso al documento por silencio administrativo.
Ante ello, Giuseppe Grezzi respondió con una resolución que negaba el acceso al expediente. En base al Reglamento Orgánico del Pleno y al la Ley de Transparencia, el edil deniega el acceso porque otorgarlo podría perjudicar la investigación, además de que se trata de un expediente en tramitación. La razón que alega es una cuestión de confidencialidad. Con todo, la edil Beatriz Simón ya ha interpuesto un recurso de reposición para anular esta decisión.
La denuncia que ha iniciado la investigación de la Agencia Antifraude procede de los populares. Según el escrito remitido al organismo, existen dos informes de la Jefa de Servicio de Movilidad relatando cómo el Gabinete de Alcaldía, ostentada por Joan Ribó, intervino directamente en la modificación del pliego para la redacción del proyecto de remodelación de la Plaza de la Reina.
En el primer informe -explica- se refleja que "a petición del asesor en materia de Urbanismo del Gabinete de Alcaldía" se modificó el pliego eliminando varios documentos, planos y sótanos previstos para la remodelación de la histórica plaza. En el segundo documento, y teniendo la petición el mismo origen, el asesor del alcalde, se modificaron algunas consideraciones más.
A preguntas efectuadas por los populares, el edil de Movilidad respondió en su momento que el Alcalde "era conocedor de esta situación y que las modificaciones introducidas [...] pretendían mejorar los criterios de valoración de las ofertas". Pero sin embargo, el PP insiste en que el asesor de Urbanismo de Alcaldía debe cumplir "funciones de confianza o asesoramiento especial" y no "las propias de personal funcionario de carrera o de los miembros de la corporación (concejales)".
"Resulta incomprensible -prosigue la denuncia- que el Gabinete de Alcaldía interfiera de esta forma en la tramitación de un expediente para la mejora de los pliegos del concurso [...]" y que la Jefa de Servicio refleje "que los cambios se producen a instancias del Gabinete de Alcaldía dejando claro que no es una colaboración como respondió Grezzi".
En suma, el PP considera que dicho asesor se excedió "claramente" de sus competencias interfiriendo en las funciones propias de los funcionarios. A raíz de esta denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude, que dirige Joan Llinares, se inició la investigación sobre la que versa el expediente en cuestión. El que la concejalía de Movildiad Sostenible se niega a entregar al PP.