Antifraude investiga los pagos presuntamente irregulares del Ayuntamiento a la grúa desde 2017

VALÈNCIA. La grúa de València continúa dando trabajo de investigación en la Agencia Valenciana Antifraude. El organismo que dirige Joan Llinares abrió a finales de septiembre un expediente de investigación tras haber constatado "la existencia de indicios razonables" de "presuntas irregularidades" en los pagos realizados por el Ayuntamiento de València a la última concesionaria del servicio de grúa desde que se rescindiera el contrato en 2017.

La Agencia se preguntas las razones por las que desde entonces el Ayuntamiento de València ha pagado de más por el servicio prestado por la compañía, la UTE Pavapark Movilidad y Autobuses Playa San Juan. Por ello, a principios de este mes, reclamó al gobierno municipal la copia de todos los informes técnicos relativos a estos pagos, que ascienden a unos 360.000 euros mensuales desde octubre de 2017 hasta la actualidad, tal como publicó El Confidencial.

La historia se remonta al último mandato del Partido Popular. Entonces, en 2014, Pavapark ganó el concurso de la grúa municipal. Sin embargo, al año siguiente reclamó al consistorio una compensación porque la prestación del servicio no le era rentable, y tras la negativa del gobierno municipal, llevó la cuestión a los tribunales. El Ayuntamiento ganó, pero la empresa presentó un recurso. 

Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo que supuso la retirada del recurso por parte de la empresa. En la administración municipal rescindían el contrato, pagaban la indemnización -que ascendió a la postre a 2,5 millones de euros- y debían sacar un nuevo concurso, pero hasta entonces, realizarían un abono mensual a la UTE por la prestación del servicio de grúa, que en una ciudad como València no podía detenerse.

El problema fue que, pese a que la Intervención municipal había dado un plazo de un año para publicar los pliegos para el nuevo concurso, este período se ha alargado en demasía. Más de tres años. Así, recientemente el equipo de gobierno ha sacado la nueva licitación, pero durante todo este tiempo -desde 2017 hasta ahora- la UTE ha estado prestando el servicio y cobrando religiosamente en torno a 360.000 euros mensuales mediante reconocimientos de obligación, fuera de contrato. En total, más 12 millones de euros desde entonces.

Además, se estima una cantidad considerablemente superior a la UTE estaba percibiendo dentro de contrato. Así, por ejemplo, en los cuatro meses posteriores a la rescisión del contrato, el Ayuntamiento pagó 2,1 millones de euros por un servicio que, en el mismo período del ejercicio anterior, con contrato, había costado 1,3 millones. Esto supuso, por tanto, pagar un 60% más. Pero la Agencia va más allá, y además, investiga si la compañía ha percibido dinero por encima de los servicios prestados en la práctica.

De hecho, en el apartado de los hechos, Antifraude asegura que el consistorio "estaría manteniendo en activo el servicio [...] cuya intensidad de uso se ha reducido de manera muy sustancial en los servicios prestados, pero sigue abonando por dicho servicio unas contraprestaciones económicas mensuales fijas". Un pago, que, dice la Agencia, "no resultarían jurídicamente procedente", al retribuir "cantidades que no corresponderían con las prestaciones efectivamente realizadas".

Ante esta situación, la Agencia Valenciana Antifraude instó hace más de un año al Ayuntamiento a que pusiera en marcha el concurso público correspondiente "con la mayor celeridad posible", como publicó este diario. El organismo que dirige Joan Llinares insistía en la necesidad de sacar la licitación pública y acabar así con los pagos fuera de contrato a la mencionada UTE. Así ha sido recientemene, pero ahora la Agencia quiere saber por qué, durante todo este período, la anterior adjudicataria habría cobrado, presuntamente, más de lo que le correspondería por las retiradas de vehículos realizadas.