València licita la grúa con tres años de retraso y 12 millones sin concurso: podrá retirar patinetes de las aceras

VALÈNCIA. Habemus concurso. El Ayuntamiento de València sacará la licitación del servicio de grúa municipal después de tres años desde que rescindiera el contrato con la anterior adjudicataria, que ha seguido prestando el servicio hasta ahora sin concurso por valor de . La nueva empresa encargada de retirar los vehículos de la vía pública que no cumplen la normativa relativa al estacionamiento contará con un presupuesto de 17,5 millones de euros. Desarrollará este servicio durante 5 años y podrá actuar sobre cualquier vehículo, incluido el de movilidad personal, según explicó este viernes la vicealcaldesa, Sandra Gómez.

La edil destacó "la importancia" que supone la licitación de este servicio, pues además de los vehículos habituales, la empresa adjudicataria de la grúa podrá retirar los vehículos de movilidad personal (VMP), fundamentalmente patinetes eléctricos. Una novedad que adapta el servicio a la actual realidad de la movilidad de la ciudad, en la que patinetes de todo tipo han inundado las calles y los carriles bici, y a la nueva ordenanza de movilidad.

Según Gómez, el contrato que se saca a licitación desde el área de Seguridad Ciudadana, que lleva Aarón Cano, "va en la línea de la nueva política municipal para que los acuerdos no condicionen a varias legislaturas", dado que sólo durará un lustro, "e incluye más servicios para cubrir las nuevas necesidades de la ciudadanía". Así, la concejal recordó que el anterior contrato "se había concebido mal y había sido un problema para la corporación".

Sin concurso desde 2017 

Durante el verano del año 2016, un ejercicio después de tomar las riendas el Govern de La Nau, la entonces edil de Seguridad Ciudadana y ahora portavoz socialista, Sandra Gómez, anunció la resolución de la contrata, que gestionaba UTE Pavapark Movilidad y Autobuses Playa San Juan, por incumplimiento de los pliegos. En palabras de Gómez, esto era una "patata caliente" del anterior gobierno cuya contrata, además, había empeorado el servicio y había incumplido las condiciones pactadas. Sin embargo, no fue hasta mitad del mandato, en octubre de 2017, cuando se hizo efectiva la rescisión. Una maniobra que costó al consistorio una indemnización de 2,5 millones de euros en su momento.

La intención del consistorio era poner en marcha otro concurso público para licitar el servicio. Proceso que se ha ido demorando hasta que se han cumplido casi tres años. Pero durante todo este tiempo, la UTE ha estado prestando el servicio, puesto que el consistorio lo entiende necesario e irrenunciable en una ciudad como València. De modo que ha estado prorrogando la contrata sine die y pagando a la unión de empresas religiosamente 363.000 euros mensuales mediante reconocimientos de obligación. En total, 12 millones de euros desde entonces.

Además, se estima una cantidad considerablemente superior a la UTE estaba percibiendo dentro de contrato. Así, por ejemplo, en los cuatro meses posteriores a la rescisión del contrato, el Ayuntamiento pagó 2,1 millones de euros por un servicio que, en el mismo período del ejercicio anterior, con contrato, había costado 1,3 millones. Esto supuso, por tanto, pagar un 60% más.

Ante esta situación, la Agencia Valenciana Antifraude instó hace más de un año al Ayuntamiento a que pusiera en marcha el concurso público correspondiente "con la mayor celeridad posible", como publicó este diario. El organismo que dirige Joan Llinares insistía en la necesidad de sacar la licitación pública y acabar así con los pagos fuera de contrato a la mencionada UTE. Y el día, ha llegado.