VALÈNCIA (EFE). La Agencia Valenciana Antifraude ha recomendado a Divalterra, o a su matriz, la Diputación de Valencia, que inicie los expedientes de reintegro de cantidades indebidamente pagadas en esa empresa pública, que suman 45.105 euros por dietas de kilometraje de tres directivos.
Antifraude ha finalizado la investigación abierta a raíz de una comunicación recibida en el buzón de denuncias en febrero de 2021 sobre presuntas irregularidades relacionadas con la percepción presuntamente indebida de dietas por parte de empleados de la mercantil de la Diputación de Valencia Divalterra.
Según sus conclusiones, procede instruir expedientes para valorar la exigencia de posibles responsabilidades a esos tres cargos y que han implicado el abono de cantidades "indebidas" en concepto de complemento de desplazamiento, valorando la exigencia de responsabilidad derivadas por la posible prescripción de las acciones.
Antifraude cifra en 36.426 euros la cuantía total incorrectamente abonada por complemento de desplazamiento al exdirector de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, cuyo domicilio habitual es València y no otro municipio que figura en el contrato, por lo que se le habría abonado indebidamente este complemento durante 65 meses.
Asimismo, cifra en 4.786'34 euros la cantidad recibida de manera indebida por la cogerente y en 3.892'83 euros la percibida por una directiva de la empresa pública, ambas residentes en València, por lo que no tienen derecho a percibirlo.
Antifraude solicita también la remisión de un plan de implementación de estas recomendaciones, en el que se detallen las acciones, los plazos y las personas responsables de cada una de las actuaciones que hay que llevar a cabo, o bien las razones que le impiden adoptar las medidas propuestas.
Tras estudiar la documentación, Antifraude concluye que no se dispone de prueba o indicio que fundamente la posible existencia de fraude o corrupción, si bien considera que se han producido conductas y actividades "reprochables por ser contrarias a la objetividad, a la imparcialidad, a la eficacia, a la probidad, a la integridad, a la ética pública y al buen gobierno".
También cuestiona la realización de gastos "superfluos e innecesarios de fondos de procedencia pública, impliquen o no una infracción directa del ordenamiento jurídico positivo", según consta en la resolución final de investigación.
