VALÈNCIA. La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana ha finalizado una investigación que revela irregularidades en la contratación de servicios de fotografía por parte de la Junta Central Fallera (JCF) entre 2016 y 2019, etapa del Gobierno de Compromís y PSPV, con Pere Fuset como concejal de Cultura Festiva y presidente de la JCF. El informe, publicado este lunes, apunta a fraccionamientos de contratos, incumplimientos de cláusulas y posibles vulneraciones de la normativa de protección de datos, lo que podría derivar en sanciones y responsabilidades administrativas.
Según el documento, durante los mencionados años, se identificó un fraccionamiento indebido del objeto contractual en los servicios adjudicados a la empresa Fotofilmax SL. -que sigue prestando el servicio a la JCF en la actualidad-, incumpliendo la normativa de contratación pública. Este procedimiento permitió adjudicar múltiples contratos que respondían a la misma necesidad, evadiendo los requisitos legales de licitación.
Además, el contrato para servicios de fotografía en actos institucionales y de comunicación tampoco cumplió con las cláusulas establecidas en el pliego técnico. En este sentido, señala la presunta venta de fotografías por parte de Fotofilmax sin autorización de la JCF pese a no estar permitida esta actividad, sin tomarse medidas correctivas al respecto.
La investigación también señala que ni la Junta Central Fallera ni la empresa han implementado medidas para garantizar la protección de datos personales, lo que representa una infracción grave. La Agencia sugiere remitir el caso a la Agencia Española de Protección de Datos para su evaluación y posibles sanciones.
La Agencia de Antifraude ha emitido varias recomendaciones para corregir estas deficiencias. Por un lado, asegurar el correcto procedimiento en materia de contratación pública, estableciendo protocolos que garanticen transparencia y eficacia. También valorar la nulidad de los contratos. En tercer lugar, exigir a Fotofilmax las responsabilidades pertinentes por los incumplimientos detectados.
Además, señala la necesidad de abrir expedientes internos para determinar posibles responsabilidades del personal de JCF en relación con las irregularidades e implementar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los datos personales gestionados por la JCF y la empresa contratista.
El expediente entra ahora en fase de seguimiento, en la que la Agencia verificará el cumplimiento de las recomendaciones emitidas y la adopción de medidas correctivas por parte de la JCF. Este caso subraya la importancia de garantizar la transparencia y la responsabilidad en la gestión de contratos públicos, especialmente en sectores sensibles como la cultura y la comunicación institucional.
