VALÈNCIA. (EP) La Agència Valenciana Antifrau (AVAF) tiene una investigación abierta sobre los contratos de emergencia realizados por la Generalitat durante la pandemia, un expediente que está "prácticamente" en fase de finalización.
Así lo ha confirmado el director de la entidad, Joan Llinares, en una comparecencia en la comisión de Hacienda de Les Corts para volver a presentar la memoria de 2021, en respuesta a las preguntas de la oposición sobre los contratos de emergencia. Cuando esté notificado este expediente, se ha comprometido a presentarlo para dar a conocer dónde se ha "fallado".
Entre los "errores" que se llevaron a cabo con los contratos de emergencia durante la COVID-19, que "afectan a cantidades muy importantes", Llinares ha destacado la falta de fiscalización interna. "No habría podido evitar los sobrecostes, pero sí racionalizarlos o darle regularidad a su funcionamiento", ha razonado.
Por parte de la oposición, el PP ha anunciado que solicitará otra comparecencia del director de Antifraude para que explique con más detalle esta investigación, Cs ha rechazado que se permita la contratación de emergencia como al inicio de la pandemia y Vox se ha preguntado cuál es la "utilidad" de Antifraude si se limita a realizar recomendaciones.
Por contra, de los representantes del Botànic, el PSPV ha criticado que otros partidos intenten "desacreditar" instituciones que luchan contra la corrupción y que habrían evitado "la situación sobre el hermano de Ayuso" en Madrid, Compromís ha achacado los contratos de emergencia a la necesidad de agilizar los procedimientos ante la falta de personal y UP ha abogado por controlar más el papel de los "agentes corruptores" externos a las instituciones.
En su réplica, ante las alusiones de los diputados a casos de presunta corrupción como Azud o las ayudas a empresas vinculadas al hermano de Ximo Puig, Llinares ha manifestado que le "alucina" que no sirvan "para nada" las experiencias del pasado para evitar que se repitan. Eso sí, no ha querido hablar sobre estas investigaciones porque están judicializadas.
También ha asegurado a Vox que su representante Macarena Olona le "llama en ocasiones" para poner como ejemplo a AVAF en sus intervenciones en el Congreso y ha justificado la presencia de Baltasar Garzón y Hervé Falciani en el consejo de participación de la agencia porque sus causas ya están archivadas.
Por otro lado, el titular de Antifraude ha urgido a la ley nacional que armonice la protección de los denunciantes y ha cifrado en 524.000 euros la cantidad recuperada de los 23 millones perdidos en 2021 por las arcas públicas fruto de irregularidades, 20 millones de ellos por un único expediente sobre un PAI no desarrollado en Borriana (Castellón).
Además, según ha explicado, Antifraude se ha dirigido a la Conselleria de Justicia para que intervenga ante el aumento de irregularidades en procesos selectivos como los de los cuerpos de Policía Local.
Respecto a la sede de la entidad, Llinares ha expuesto que "desgraciadamente" van a tener que quedarse en la actual, que considera pequeña para sus necesidades, cuando ha recordado que la Generalitat o Les Corts deberían de dotarles de una en condiciones.
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"