Antifraude ve irregularidades en los contratos del comedor del Palau durante la etapa de Puig

Así consta en una resolución de Antifraude fechada el pasado 30 de abril y difundida este martes. La entidad abrió una investigación tras recibir una alerta de irregularidades en los contratos menores tanto de servicios de restauración para reuniones de trabajo realizadas por Presidencia, desde 2018 hasta la actualidad, como de suministro de menaje adquirido para el comedor del Palau desde 2020 hasta 2022.

El denunciante alertó que estas contrataciones menores fueron "recurrentes y previsibles cada año, sin solicitud de varios presupuestos, solapándose la vigencia de estos en varios proveedores y sin convocar una licitación pública", así como que se vulneraron las normativas de libre concurrencia y fraccionamiento de contratos, así como que los precios del menaje estaban fuera de mercado.

En cuanto a los servicios de restauración, AVAF pidió a Presidencia los 20 expedientes objeto de la alerta, que fueron remitidos en diciembre del año pasado. Los expedientes, entre abril de 2018 y septiembre de 2022, oscilaban entre 14.875 euros y 150,62 euros (sin IVA) y tenían como concepto reuniones de trabajo del entonces 'president', Ximo Puig.

Tras analizar la documentación, Antifraude concluyó que este tipo de contratos se utilizaron para atender "necesidades recurrentes, periódicas y previsibles" y se adjudicaron "de forma reiterada y repetida con el mismo objeto --'Servicios de restauración para las reuniones del President con diversos comensales, con el fin de tratar temas de Presidencia', salvo uno relacionado con la COVID-- y solapándose la vigencia de varios de ellos a favor de distintos proveedores", con ausencia de un estudio de mercado o la presentación de distintas ofertas.

Según AVAF, son indicios de un supuesto fraccionamiento fraudulento de la normativa de contratación pública, ya que hubo solapamientos en el período de ejecución de los contratos y concatenación entre unos y otros: finalizado uno, se formalizó otro con el mismo concepto e incluso en periodos temporales idénticos o solapados, con diversos adjudicatarios. Es más, en la mayoría de los expedientes el crédito no se ejecutó en su totalidad.

Por su parte, los expedientes de contratos de suministro de menaje para el comedor del Palau se adjudicaron durante tres años consecutivos (2020-2023) a la misma empresa por cantidades anuales que oscilaron entre 5.186 y 7.024 euros, sin estudios previos o aportación de otros presupuestos y sin ejecutar el presupuesto en su totalidad. Todos tenían el mismo objeto: 'Suministro de varios artículos de menaje destinados al comedor del Palau, para comidas de trabajo y reuniones de Presidencia de la Generalitat'.

Antifraude, que analizó estos expedientes según a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público y el Registro de Contratos de la Generalitat, concluye que se prescindió "claramente" del procedimiento adecuado y se produjo un fraccionamiento indebido. También señala que la Intervención delegada en Presidencia y Transparencia dejó "constancia expresa" de la necesidad de llevar a cabo otro procedimiento.

Finalmente, AVAF no acepta las alegaciones emitidas el mes pasado por Presidencia, ya que insiste en que "no hay objetos ni necesidades distintas en las contrataciones" y advierte que "el límite cuantitativo en el período investigado 2018-2023 supera de manera exagerada el límite legal" de la Ley de Contratos del Sector Público.

"Intencionalidad"

Tampoco acepta el argumento de que hubo que recurrir a varios contratos menores en un mismo ejercicio por la inmediatez de estos servicios, ya que recuerda que "estamos ante un gasto público sujeto a unas normas legales perfectamente definidas, objetivas e iguales para todos" y aprecia "conocimiento e intencionalidad de la Administración de no evitar el fraccionamiento".

Por todo ello, Antifraude emplaza a Presidencia a revisar de oficio los contratos menores investigados y no utilizarlos para necesidades recurrentes, además de elaborar una instrucción interna para velar por el cumplimiento de la normativa de contratación y de valorar la apertura de expedientes internos para exigir responsabilidades entre su personal. De no aplicar estas recomendaciones se hará constar en la memoria anual de AVAF o en un informe extraordinario remitido a Les Corts.