VALENCIA, (EFE). La incomparecencia por enfermedad de un perito, un inspector de Hacienda, ha provocado el aplazamiento del juicio al constructor Enrique Ortiz y otros 4 empresarios por un fraude fiscal de más de 6 millones de euros cometido supuestamente en una operación de suelo en la Playa de San Juan en 2005.
La suspensión y aplazamiento se ha producido a petición de la fiscalía y de la acusación particular, la Agencia Tributaria, según ha informado a los periodistas el secretario del juzgado de lo Penal número 1 de Alicante.
El perito ha presentado un parte médico según el cual sufre un problema de salud que le impide asistir a las sesiones.
De esta forma, el juzgado aplaza a finales de junio las cuestiones previas y para diez días después, a principios de julio, el comienzo de la vista oral con las rondas de declaraciones de acusados y testigos.
El caso se centra en un presunto fraude fiscal de más de 6 millones de euros cometido supuestamente en una operación con terrenos ubicados en la Playa de San Juan, en Alicante, hace una década.
La fiscalía pide provisionalmente para los cinco procesados sendas penas de tres años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública, así como de un de año y medio por un delito de falsificación en documento mercantil, así como multas de 10 millones.
Los hechos se remontan al ejercicio fiscal de 2005 y fueron denunciados ante la fiscalía de Alicante por la Agencia Estatal Tributaria, que cifró el supuesto fraude fiscal en 6.105.247 euros.
La acusación pública sostiene que tanto Ortiz como su cuñado y apoderado de algunas de sus empresas, Miguel Carratalá, se confabularon con el presidente de la promotora Hansa Urbana, Rafael Galea, y los empresarios Miguel Ballester, Aurelio González Villarejo y Vicente Pérez Cañas para defraudar a Hacienda.
En concreto, utilizaron nueve fincas rústicas situadas en el denominado Pau 4 de Alicante, en la Playa de San Juan, que Hansa Urbana SA tenía contabilizadas como "existencias o elementos del activo circulante" y, por tanto, como terrenos destinados a la venta y a la obtención de las consiguientes plusvalías.
Sin embargo, la propietaria simuló supuestamente, en colaboración con las mercantiles de Ortiz y Villarejo, dos contratos de alquiler de las fincas por un importe total cercano a los 3 millones de euros a fin de contabilizarlas ante Hacienda como "Inmovilizado y beneficiarse así de una deducción fiscal indebida", según las conclusiones de la fiscalía.
La causa fue sobreseída provisionalmente hace unos días para uno de los acusados, Aurelio González Villarejo, porque sufre una enfermedad degenerativa que le impide sentarse en el banquillo de los acusados.
