VALÈNCIA. (EP). El pleno de Les Corts ha aprobado, con los votos de PSPV, Compromís, Podem y Cs y el rechazo del PP, la Ley de Responsabilidad Social, que contempla la prohibición de trabajar con empresas que operen o estén en paraísos fiscales y que promueve y fomenta en el ámbito de la Comunitat el desarrollo de acciones y políticas socialmente responsables en las administraciones públicas.
En concreto, el proyecto tiene como objetivo apostar por el diseño, desarrollo y puesta en marcha de políticas, planes, programas, proyectos y criterios en la administración pública con criterios de sostenibilidad social, ambiental, económica, financiera y de transparencia en la contratación con condiciones generales.
Así, incorpora cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública que establecen que las personas o entidades licitadoras, contratistas o subcontratistas, empresas filiales o empresas interpuestas no pueden realizar operaciones financieras en paraísos fiscales. Asimismo, el documento incluye medidas de planificación como un Plan Valenciano de Responsabilidad Social o la creación de órganos de participación y consulta como el Consejo y Observatorio Valenciano de Responsabilidad Social.
Durante el debate, el diputado de Cs Toni Woodward ha destacado la incorporación de algunas mejoras en la norma durante el trámite parlamentario como la innovación o la igualdad retributiva para considerar a una entidad como socialmente responsable, mientras que Graciela Ferrer de Compromís ha valorado el "amplio debate e integración de puntos de vista en el texto", lo que le ha permitido un "consenso elevado" y conseguir un documento "para mejorar la sostenibilidad de la sociedad y competitividad de la economía".
Desde Podem, Josep Almería ha hecho hincapié en el concepto de Responsabilidad Social como "herramienta para ir hacia la consolidación de un crecimiento sostenible e integrador para conseguir el cambio de modelo productivo en la Comunitat", así como lo ha definido como un "sistema de gestión innovador tanto para las empresas como las organización".
Desde el PSPV, la parlamentaria Clara Tirado ha destacado que se trata de una norma que aspira a convertirse en "una nueva herramienta que impulse la contratación y la compra pública más responsable, ética y transparente que sitúa la responsabilidad social en el centro de las políticas de la Generalitat".
No obstante, para el diputado del PP Juan Carlos Caballero, se trata de una norma "con mucha retórica y palabrería" pero "cero incentivos y presupuesto". Esta ley había generado muchas expectativas, pero ha acabado decepcionando porque es una ley cosmética con muchas promesas sobre el papel, pero sin medidas concretas", ha considerado.
Ha subrayado que su formación defiende "el fondo" de la ley y la incorporación de criterios éticos en las empresas y de cláusulas sociales en la contratación pública pero ha indicado que la norma no mejora lo que ya existe "ni aporta nada" y, además, está "impregnada de sectarismo" porque "crea problemas donde no los hay". "Confunden el incentivo con la imposición y añaden nuevas trabas", ha recriminado a la bancada del Botànic.
Caballero ha hecho especial hincapié no solo en la falta de incentivos y presupuestos, sino también en el "racismo lingüístico" que recoge la ley en el artículo 13 al incluir "una cláusula lingüística" que "impone el valenciano para calificar a una empresa como socialmente responsable" con el objetivo de "subvertir la paz lingüística de las dos lenguas cooficiales y optan por el chantaje".
Por otro lado, las Corts han aprobado, con los voto de PSPV, Compromís y Podem y el rechazo de Cs y PP, la Ley de aceleración de la inversión a proyectos prioritarios que tiene como objetivo crear un punto de atención a la inversión como instrumento de coordinación e impulso de proyectos empresariales que fomenten y favorezcan la inversión y creación de empleo.
Para el PP, se trata de una norma "inhábil" que no elimina ni simplifica ningún trámite administrativo y que, además, "no está comprometida con el futuro de la Comunitat ni con su capacidad inversora", por lo que nace "fracasada". "Es una ley en la que solo les importa el título y los titulares olvidando el bodrio legislativo que nos deja", ha considerado el parlamentario 'popular' Víctor Soler.
