Aprobado el proyecto de Ley de Inspección contra la corrupción en la Administración

VALÈNCIA. El Consell ha aprobado el proyecto de Ley de Inspección General de Servicios y del Sistema de Alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental. 

De esta forma, cumple con uno de los objetivos principales de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación que es el de establecer los mecanismos necesarios para prevenir los casos de corrupción. A su vez, refleja un compromiso del Consell con la regeneración democrática plasmado en el Pacte del Botànic.

El proyecto de Ley establece la competencia, funciones y principios de la Inspección General de Servicios para reforzar su actuación, además de crearse el sistema preventivo de alertas para detectar de forma temprana posibles irregularidades y malas prácticas administrativas en el ámbito de la gestión de la Administración valenciana y establecerse las relaciones de colaboración con el resto de órganos e instituciones de control, tanto internos como externos.

Inspección General de Servicios 

El texto refuerza la estructura, las potestades y las funciones de la Inspección General de Servicios, máximo órgano de control interno de la Administración de la Generalitat. 

Una de las principales novedades de esta nueva regulación es que, además de investigar las posibles irregularidades, la Inspección General de Servicios se implicará de manera directa con el sistema preventivo de alertas para tratar de evitar que se produzcan malas prácticas mediante su detección y corrección temprana.

También se incluye un régimen sancionador dirigido a garantizar la eficacia de las actuaciones de la Inspección General de Servicios e impedir que se obstaculicen sus investigaciones y se regulan algunas atribuciones como el carácter de autoridad del personal inspector.

El proyecto de Ley regula también el nuevo Sistema de Alertas contra la corrupción en la Administración, desde un enfoque preventivo y transversal, basado en la colaboración entre órganos y aprovechamiento de los datos y procedimientos que genera la propia Administración.

Consiste en un conjunto de herramientas que posibilitarán, a partir del análisis de la información obtenida, la evaluación y la identificación con carácter preventivo de situaciones o marcos de riesgo que pudieran existir, para tratar de evitar que se puedan convertir en casos de corrupción.

Este nuevo instrumento estará integrado por: los datos obtenidos a partir de bases de datos, creadas y mantenidas por la Administración de la Generalitat y el sector público; el sistema lógico e informático de procesamiento de datos; elaboración de un Mapa de Evaluación de Riesgos para la prevención de posibles irregularidades; y los informes de conclusiones y recomendaciones de cada actuación y los de evaluación del sistema, que lo retroalimentan.

Creación de la Comisión Interdepartamental para la Prevención de Irregularidades

Para promover la coordinación y la colaboración de los diferentes departamentos del Consell se crea la Comisión Interdepartamental para la Prevención de las Irregularidades, con el objetivo de establecer un seguimiento y control de los riesgos de irregularidades y malas prácticas en la gestión administrativa.

Se trata de un órgano colegiado y transversal de la Generalitat dirigido a promover la coordinación y que estará integrada por altos cargos de la Administración de la Generalitat.

Además, en este texto normativo se definen las relaciones de colaboración y coordinación entre todos los órganos e instituciones de control, tanto internos como externos, necesarios para la efectividad de esta ley, como son la Intervención General de la Generalitat, el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Cuentas, la Oficina de Control de Conflicto de Intereses y la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.

En este sentido, se hace un énfasis especial en la inhibición de asuntos por razón de la materia en favor de estas instituciones y órganos. 

Se les dará traslado cuando se detecte la existencia de indicios de fraude o corrupción a partir de las irregularidades advertidas y se pondrá a su disposición toda la información obtenida durante la actuación investigadora de la Inspección General de Servicios.