Archivada la causa contra el alcalde de Torrent por prevaricación en la ley de Gran Ciudad

VALÈNCIA. El juzgado de instrucción número 2 de Torrent ha acordado archivar la causa contra el alcalde de Torrent, Jesús Ros, por prevaricación en la aplicación de la Ley de Gran Ciudad. En este sentido, considera que los hechos "no son constitutivos de delito". 

Compromís puso la cuestión en conocimiento de la Fiscalía y posteriormente el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Valencia decidió remitirlo al juzgado de Torrent, que abrió diligencias penales contra el primer edil por un presunto delito de prevaricación. 

Según defendía la formación valencianista liderada por Pau Alabajos, en 2010 el municipio se adhirió a la Ley de Gran Ciudad, que ofrece una serie de ventajas como por ejemplo una mayor financiación para el Ayuntamiento, mayor flexibilidad durante la elaboración de los presupuestos o más poder para la junta de gobierno local. Sin embargo, también conlleva una serie de obligaciones como la constitución de órganos de control y participación, entre ellos el Jurado Tributario, el Consell Social de la Ciudad o la Oficina de Quejas y Sugerencias. 

Asimismo, la ley de Gran Ciudad prescribe la división del municipio en Juntas de Distrito para que los vecinos puedan trasladar sus reivindicaciones. Unas cuestiones sobre las que, según Compromís, "no se ha hecho nada", a pesar de que la normativa obliga a ello.

Plan de ajuste y covid-19

Tras conocer la denuncia, el gobierno encabezado por el PSPV se justificó en la imposibilidad económica que arrastraba el Ayuntamiento por un plan de ajuste decretado por el gobierno de España en el año 2015, fruto de la deuda de 60 millones de euros "contraída durante la anterior etapa del Partido Popular". 

El concejal de Economía, Andrés Campos, explicó en este sentido que entre 2015 y 2019 el ayuntamiento tan solo podía reponer el 50% de las bajas de funcionarios, lo que hacía inviable "ampliar la plantilla con nuevo personal" para poner en marcha estos organismos. 

En 2019 fue la primera vez que pudieron reponer el 100% de los funcionarios, y en 2020 fue cuando se levantó la regla de gasto para poder hacer inversiones extraordinarias. Ahora bien, esto se hizo en el contexto del coronavirus y desde el equipo de gobierno aludieron que todos los esfuerzos financieros se habían hecho en seguridad, limpieza y acondicionamiento de las instalaciones del municipio.

Así, la sentencia emitida ahora por el juzgado de Torrent reconoce como válidas estas dos cuestiones: por un lado, que el Ayuntamiento estuvo sumido "en una normativa claramente restrictiva en la contratación administrativa, el endeudamiento y creación de plazas", y que en este sentido la inacción del gobierno con respecto a la ley de Gran Ciudad está justificada porque, en el contexto de un plan de ajuste "hubo que asignar unos recursos de por sí limitados a determinados fines en exclusión de otros".

Y además, también reconoce que la liberación de los recursos en el año 2020 se hizo en consonancia con la complicada situación provocada por la pandemia, por lo que "difícilmente se puede estimar que tras la declaración del estado de alarma y en la situación actual sea delictiva la no creación de los órganos propios de un gran municipio". 

Finalmente, la sentencia recoge que la falta de desarrollo de dichos órganos "constituye legítimo objeto de debate político, pero no procede su traslación a la jurisdicción penal". 

"Desconocemos el alcance de las investigaciones"

Aunque la sentencia se ha hecho pública este martes, en realidad está fechada del 19 de julio de 2021, tan solo unos días después de que el alcalde declarase como investigado en sede judicial. Ahora, Compromís ha manifestado que "desconocen" cuál es el alcance de las investigaciones teniendo en cuenta la rapidez del proceso.

"El juzgado de Torrent ha investigado la causa durante 9 días, entre la declaración del alcalde el 8 de julio y la emisión de la sentencia el 19 julio. Por tanto, desconocemos el alcance de las investigaciones que se han llevado a cabo para proceder al archivo de la causa", lamentan desde la formación valencianista. 

Y añaden en este sentido: "Lo que sí que sabemos es que el juez ha decidido que incumplir de manera repetida y sostenida en el tiempo la puesta en marcha de los órganos de Gran Ciudad, obligatorios por ley, no tiene consecuencia penal". 

"Desde Compromís consideramos que esta sentencia es un revés muy duro para los vecinos de Torrent, que se habrían beneficiado mucho de la puesta en marcha de estos órganos de transparencia y participación ciudadana a los que obliga la legislación", concluyen.