El alcalde de Torrent, investigado por prevaricación al no aplicar la Ley de Gran Ciudad

VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción Número 2 de Torrent ha abierto una investigación penal contra el alcalde de Torrent, el socialista Jesús Ros, por un presunto caso de prevaricación por omisión en la aplicación de la Ley de Gran Ciudad, a la cual está acogido el municipio desde hace más de una década.

Compromís puso la cuestión en conocimiento de la Fiscalía y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Valencia aprobó remitirlo al juzgado de Instrucción, que ahora ha abierto diligencias penales por presunto delito de prevaricación y también ha citado como investigado a Ros, según han explicado fuentes de la coalición valencianista.

En 2010, el ayuntamiento de Torrent se acogió a la Ley de Gran Ciudad, que le garantiza una serie de ventajas como más financiación al tratarse de un municipio de gran población. Del mismo modo, también tenía otros beneficios como mayor flexibilidad en la elaboración del presupuesto o mayor poder de la Junta de Gobierno Local. 

Todo esto, a cambio de la obligación de constituir una serie de organismos de participación ciudadana, como el Jurado Tributario, el Consell Social de la Ciudad, la Oficina de Quejas y Sugerencias, etcétera. Asimismo, también obliga a dividir la localidad en Juntas de Distrito donde los vecinos puedan trasladar sus reivindicaciones.

Algo sobre lo que Compromís ha denunciado que no se ha hecho nada, a pesar de que el acuerdo de gobernabilidad del año 2015 entre PSPV, Compromís y Guanyant obligaba a ello. Un acuerdo que daba la vara de mando al socialista Jesús Ros y que recogía la creación de estos organismos que son obligatorios en la normativa de Gran Ciudad. 

En este sentido, Compromís insiste en que "han mostrado lealtad" al "agotar la vía política para hacer que se cumplan los acuerdos". Así, han explicado que a lo largo de todos estos años han emprendido diversas acciones con la intención de que se adopten las resoluciones, entre ellas la presentación de varias mociones en pleno que llegaron a ser aprobadas e incluso un "acuerdo de eficacia jurídica directa" en 2018 que debía haberse ejecutado en medio año.

Por todo ello, ahora la coalición valencianista ha llevado la cuestión a Fiscalía, que ha decidido remitirla al Juzgado para que abriera diligencias, como finalmente ha ocurrido.

Imposibilidad económica

El alcalde de Torrent y el concejal de Economía, Andrés Campos, han explicado que la normativa de Gran Ciudad no se ha aplicado por "imposibilidad económica". En este sentido, han aclarado que cuando entraron en el gobierno, en el año 2015, el consistorio estaba sometido a un plan económico-financiero por una deuda heredada de la etapa del Partido Popular que ascendía a los 60 millones de euros. Así, este plan implicaba condicionantes a la hora de contratar a nuevo personal municipal, lo que en última instancia imposibilitaba poner en marcha muchos de los órganos contemplados dentro de la normativa de Gran Ciudad.

Campos ha concretado en este sentido que entre 2015 y 2019 el ayuntamiento tan solo podía reponer el 50% de las bajas de funcionarios, lo que hacía inviable "ampliar la plantilla con nuevo personal". En 2019 fue la primera vez que pudieron reponer el 100%, y en 2020 fue cuando se levantó la regla de gasto para poder hacer inversiones extraordinarias. Ahora bien, esto se hizo en el contexto del coronavirus y desde el equipo de gobierno explican que todos los esfuerzos financieros se han hecho en seguridad, limpieza y acondicionamiento de las instalaciones del municipio.

"En el peor momento de la pandemia, en el mes de marzo, Pau Alabajos aprovechó para presentar una querella contra el equipo de gobierno", ha lamentado el alcalde, quien incluso ha acusado al portavoz de Compromís de "persecución personal". En este sentido, considera que Alabajos sabía perfectamente que el ayuntamiento no podía asumir la aplicación de los gastos de la normativa, y que aun así ha decidido ir a los juzgados "en un ejercicio de la peor política, la de la confrontación y de los titulares".

"Son cosas que se tienen que hacer, pero cuando las condiciones económicas lo permitan", ha reconocido el primer edil. Por su parte, el concejal de Economía ha valorado cuál sería la dotación económica destinada para algunos de los órganos contemplados dentro de la Gran Ciudad: "Solo el Tribunal Jurídico Económico supone una inversión de 400.000 euros". 

"Estoy seguro de que esta denuncia no tendrá ningún recorrido y que se archivará", aseveraba Campos, quien además ha argumentado que los servicios jurídicos del ayuntamiento no ven la vía de la querella como la más apropiada. "En caso de que haya algo, se tendría que haber hecho por la vía administrativa, con un contencioso".

La justificación no convence a Compromís

Por el contrario, Compromís no considera que la regla de gasto influya en la constitución de los organismos que definen a Torrent como Gran Ciudad. En este sentido, han explicado que los mandatos por ley, como sería en este caso cumplir con la normativa, quedan fuera del ajuste de personal. "Esto no consiste en ampliar un área municipal que ya existía previamente o en constituir una entidad de menor calado. No estás pidiendo permiso para contratar cinco arquitectos si ya tienes tres. Estás pidiendo abrir un nuevo organismo que estás obligado a constituir por ley", aluden desde la formación. 

Así, exponen que el ayuntamiento debería haber pedido permiso al Ministerio para poner en marcha estas nuevas estructuras, y que este decidiera si podía hacerlo o no en el contexto de la regla de gasto. Es más, desde la coalición valencianista van más allá y afean al equipo de gobierno que durante los últimos años haya "sacado pecho" de la buena situación económica de la que goza el consistorio, para luego poner la falta de dinero "como excusa". 

Finalmente, también consideran que la puesta en marcha de los organismos de Gran Ciudad es acuciante no solo porque se está disfrutando de los ventajas sin atender las obligaciones consecuentes, sino porque también "suponen una gran ventaja en cuanto a transparencia y buen gobierno para la ciudadanía". 

Aunque advierten de que, en caso de que fuera verdaderamente imposible hacer frente a los gastos, "siempre se puede renunciar a la condición de Gran Ciudad". Algo que por el momento el equipo de gobierno no ha contemplado. 

En este sentido, defienden que la mayoría de los organismos no suponen un gasto tan alto como el PSOE quiere hacer ver: "El consejo social tiene poco coste porque es tan solo reunir a las asociaciones con representantes del ayuntamiento, y en la oficina de quejas como mucho habrá que poner un funcionario determinadas horas". 

Por último, Alabajos ha aclarado que la acción no se ha emprendido "contra el alcalde personalmente" sino contra todo un periodo de gestión en el que también entra la etapa del PP liderada por Amparo Folgado y el posterior mandato socialista. En este sentido, explica que Compromís simplemente puso en conocimiento de la fiscalía el problema y que esta ha decidido citar al máximo responsable del equipo de gobierno, que en este caso es Ros.