se presentó el pasado mes de noviembre
Archivan la querella contra la exalcaldesa de Ibi Mayte Parra por un proyecto urbanístico
16/02/2016 -
VALENCIA. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha archivado la querella presentada por un particular contra la exalcaldesa de la localidad alicantina de Ibi y diputada del PP en Les Corts Mayte Parra por supuestas irregularidades en un proyecto urbanístico.
En su escrito, el querellante acusaba a Parra de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas y alteración del precio de las cosas en subasta o concurso.
La querella se presentó el pasado mes de noviembre, pero la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV ha resuelto ahora archivar las diligencias "hasta que, en su caso, el juez de instrucción que corresponda concrete la existencia de indicios de criminalidad contra un aforado".
Coinciden los magistrados con la fiscalía en que no hay "decreto alguno" de la entonces alcaldesa en fecha 24 de julio de 2006, "ni tampoco documento alguno que la vincule con los hechos relatados en la querella", salvo su cargo de alcaldesa y presidenta de la junta local de gobierno y del PP de Ibi.
El querellante denunció la existencia de "un entramado ilícito" en la corporación municipal, con la complicidad de una empresa adjudicataria, para "apropiarse de una ingente cantidad de dinero" que no había sido contabilizado en las arcas municipales.
Además, reclamaba al TSJCV que investigara un supuesto incremento patrimonial de la entonces alcaldesa, tres concejales y un quinto implicado entre los ejercicios 2003-2008.
El alto tribunal valenciano ha archivado la investigación al no "aparecer objetivados e individualizados" en la querella "aquellos indicios de cierta consistencia o solidez que pudieran servir de base" de la implicación de Parra en "las conductas descritas como constitutivas de infracción penal".
No obstante, en su auto, fechado el pasado 1 de febrero, insta al querellante a acudir a un juzgado de instructor competente por demarcación territorial para que éste determine si realmente existen elementos para incriminar a la aforada.