VALÈNCIA (EFE). La reapertura del debate sobre la armonización fiscal ha devuelto a la actualidad la disparidad que existe entre los tributos que se pagan en cada región, un asunto controvertido que toca las competencias autonómicas y entronca con la reforma del sistema de financiación pendiente desde 2014.
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, explica en declaraciones a EFE que lo primero sería abordar la actualización del sistema de financiación autonómica, lo que permitiría desarrollar unas "reglas de juego" claras en las que fomentar la competencia fiscal.
En su opinión, esta transparencia es clave para que los contribuyentes -personas y empresas- tomen sus decisiones ante las distintas opciones "ideológicas" de la política fiscal autonómica.
En ese mismo sentido se pronuncia la presidenta de Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Stella Raventós, que defiende que cada comunidad autónoma tiene libertad para aplicar sus competencias en materia fiscal "y no se pueden quejar de que otros hagan lo contrario".
Una armonización fiscal pasaría, a su juicio, por una modificación de estas competencias, lo que requeriría un debate profundo que incluyera la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (Lofca).
El acuerdo alcanzado esta semana entre ERC y el Gobierno para avanzar en la armonización no ha sido concretado, aunque algunas iniciativas en ese sentido apuntan al establecimiento de tipos máximos o mínimos para impuestos como los de patrimonio o sucesiones y donaciones en las comunidades del régimen común -todas salvo el País Vasco y Navarra, que tienen haciendas propias-.
El pacto nace de un enfrentamiento antiguo, ya que a lo largo de los últimos años varias comunidades autónomas, no solo Cataluña, han acusado a Madrid de aprovechar la capitalidad -que le permite contar con contribuyentes de alto poder adquisitivo y la sede de grandes empresas- para hacer "dumping" o competencia desleal en materia fiscal.
Al margen de Madrid y Cataluña, la reapertura del conflicto ha desatado posiciones diversas en las regiones, desde el apoyo de las socialistas Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha al rechazo tibio de las populares Castilla y León -que aboga por armonizar a la baja- o Galicia -que considera que la armonización "no es mala"-.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que la armonización fiscal "se tiene que producir en determinados impuestos" para garantizar "la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan".
La comparación de los impuestos autonómicos es compleja, ya que hay una gran disparidad de tramos, tipos, exenciones o bonificaciones, aunque el "Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2020" del Consejo de Economistas ofrece algunas pistas.
El impuesto de patrimonio, que solo pagan los contribuyentes con un patrimonio de más de un millón de euros, tiene en términos generales un mínimo exento de 700.000 euros salvo en Aragón (400.000 euros), Cataluña y Extremadura (500.000 euros) y Comunidad Valenciana (600.000 euros).
Aunque los tipos son similares en todas las comunidades -el tipo máximo varía entre el 2,5 % de la mayoría de las regiones y el 3,75 % de Extremadura-, hay que tener en cuenta que Madrid lo bonifica al 100 %, por lo que nadie lo paga, y La Rioja, al 75 %.
En el País Vasco el impuesto sobre la riqueza o el patrimonio varía entre provincias, con un tipo máximo del 2,5 %, mientras que en Navarra el máximo es del 2 %.
Según el Consejo General de Economistas, los cónyuges, descendientes y ascendientes prácticamente no pagan el impuesto de sucesiones en Andalucía, Cantabria, Extremadura, Madrid y Murcia, así como en los territorios forales del País Vasco.
La situación varía en el resto de regiones, con tipos bajos e incluso cero para determinados umbrales, bonificaciones y tipos máximos muy diferentes, como el 18 % de Galicia o el 36,5 % de Asturias.
También las donaciones a este tipo de familiares tributan de manera diferente, con bonificaciones del 100 % en Cantabria o del 99 % en Andalucía, Madrid y Murcia, mientras las tarifas en Cataluña y Galicia van del 5 % al 9 %.
Por lo que respecta al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en su modalidad para la transmisión de inmuebles y otros derechos, los tipos más bajos se dan en Navarra (6 %) y Madrid y Canarias (6,5 %), mientras que los más altos se dan en Cataluña (10 % hasta un millón de euros y 11 % a partir de esa cantidad).
En el IRPF, donde hay un tramo autonómico que se suma al estatal, las comunidades con tipos mínimos más bajos son Canarias, Madrid y La Rioja -un 9 %, que deja en un 18,5 % agregado- mientras que el más alto se da en Cataluña -un 12 %, el 21,5 % agregado-.
Por lo que respecta a los tipos máximos, Madrid tiene el más bajo -21 %, un 43,5 % agregado- y La Rioja el más alto -un 27 %, el 49,5 % agregado-.
En el País Vasco los tipos oscilan entre el 23 % y el 49 % y en Navarra, entre el 13 % y el 52 %.
