Los arquitectos valencianos denuncian que la Administración incumple la ley de contratos

VALÈNCIA. Los arquitectos valencianos andan preocupados por lo que consideran una mala práctica en función de lo establecido en la legislación vigente en relación a la contratación de proyectos de arquitectura.

La última actualización en 2017 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), aseguran, que estableció el predominio del criterio de calidad frente al precio en la adjudicación de los contratos de servicios de arquitectura, debido a su "carácter intelectual".

La propia ley, prosiguen, prescribe que "los órganos de contratación velarán porque se establezcan criterios de adjudicación que permitan obtener servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades; y, en especial, en los procedimientos de contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura".

Los datos que manejan desde el Colegio de Arquitectos de Valencia, muestran, según su percepción, que son demoledores. Las últimas 25 adjudicaciones han superado el 30% de media en la baja económica de honorarios. En este sentido apuntan que, a su juicio, los casos "más flagrantes" son las 9 últimas adjudicaciones de proyectos de colegios e institutos, concretamente en San Antonio de Benagéber, Oliva, La Pobla de Farnals, València, Puçol y  Dehesa Campoamor-Orihuela, cuyas adjudicaciones, siempre según denuncian,  han superado en todos los casos "nada más y nada menos que el 50% de baja económica". 

Lamentan que dentro del Plan Edificant de la Generalitat Valenciana que financia a las corporaciones locales, en quienes delega la redacción de las bases y el desarrollo de los concursos,  la administración autonómica no ha definido un criterio y objetivo común, y la baja económica prima frente a los criterios de calidad, dándose en todos los casos anteriores "la increíble circunstancia de que ninguno de los licitadores mejor puntuados técnicamente resultó adjudicatario del concurso", siendo la Comunitat Valenciana, la única afectada por este fenómeno al aplicarse esta metodología. 

Marina Sender, presidente del Colegio de Arquitectos se muestra tajante. "Desde la modificación de la ley hace dos años, el resultado ha sido el contrario del que hubiéramos deseado, las bajas son cada vez mayores".

Para solventar esta situación, la Oficina de Concursos del Colegio de Arquitectos propone o mejor dicho,  exige la aplicación de fórmulas matemáticas que primen la calidad frente a la mejor valoración actual de las bajas más cercanas a las temerarias; la desviación mínima sobre la media de las bajas; y, sobre todo, el cambio de modelo de contratación.

Para sustentar esta denuncia, explican que de las 948 licitaciones publicadas este año en todo el territorio nacional, solo 12 se han convocado por el procedimiento de Concurso de Proyectos, cuando "los procedimientos estén encaminados a la obtención de planos o proyectos, principalmente en los campos de la arquitectura, el urbanismo y la ingeniería, a través de una selección que, tras la correspondiente licitación, se encomienda a un jurado y cuando las administraciones soliciten la redacción de proyectos que revistan especial complejidad o que incluyan los trabajos complementarios y la dirección de las obras".

Ante esta situación, el Ministerio de Fomento anunció recientemente la consulta pública de la "Ley de Arquitectura y Calidad del entorno construido" con dos objetivos, garantizar la calidad en todas las actuaciones de obra pública, y que se pueda realizar en unas condiciones justas para los profesionales intervinientes.

En palabras de Marina Sender, "es muy preocupante que la administración en un contexto de falta de trabajo aproveche una interpretación particular de la Ley de contratos para perjudicar a los arquitectos, primando las bajas económicas frente a la propuesta técnica, provocando un aumento lineal de las bajas que parece no tener límite, justo ahora que parece que tras el covid se va a producir un lamentable ajuste significativo en el sector inmobiliario y en la contratación pública".

Añade la máxima representante de los arquitectos valencianos, su "malestar por la poca preocupación y sensibilidad de la Administración hacia la calidad de nuestros edificios. Son oportunidades perdidas para mejorar nuestras ciudades”.