Los acusados en la primera sesión del juicio. Foto: EDUARDO MANZANaVALÈNCIA. La última sesión de Caso Tele 7 ha concluido con la petición de absolución de todos los acusados y la solicitud por parte de los absueltos de las costas procesales al Ayuntamiento de Gandia. Ahora, queda esperar la sentencia que dictará la Audiencia Provincial de Valencia.
Se trata del último juicio que tenía pendiente el exalcalde de Gandia Arturo Torró y que analiza las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación de las ayudas económicas que concedió el gobierno del Partido popular de Arturo Torró, por entonces alcalde de Gandia, al poco de cerrar la televisión pública de Gandia a dos televisiones privadas de la ciudad —Comarques Centrals Televisió e Inversiones Especiales del Mediterráneo (Tele 7)— y la indemnización de 500.000 euros a la primera de ellas. Unos hechos por los que la Fiscalía pide ocho años de prisión y veinte de inhabilitación para Arturo Torró y Ricardo Manuel Faura, administrador y legal representante de la mercantil Comarques Centrals de Televisió SL.
Junto a los letrados de Torró y Ricardo Manuel Faura en la ultima sesión del juicio intervinieron también los de Javier Reig (vicepresidente de Iniciatives Públiques de Gandia y exconcejal) y Cristina Serrano, entonces jefa del Área Económica del Ayuntamiento de Gandia. Además, cabe recordar que también se acusa a Comarques Centrals Televisió como responsable civil subsidiario. Quienes ya no han estado en la sesión por haber sido absueltos son: Antonio Abad (concejal del PP antes y ahora); José Vicente Codina, gerente de Inversiones Especiales del Mediterráneo y Josep Lluís Giménez Estruch, director de Tele 7.
La defensa de Arturo Torró ha solicitado la absolución argumentando que la ya extinta empresa pública Iniciatives Públiques de Comunicació (IPG), al ser una empresa, no tenía los controles de una Administración —se regiría por la regulación de las empresas privadas—. Por tanto y al darse el hecho de que fue el Ayuntamiento de Gandia y no Comarques Centrals quien rescindió el contrato, la defensa entiende que no se pueden aplicar contra Arturo Torró los delitos de malversación o fraude en la contratación pública.
En su intervención final, Arturo Torró ha recordado que la mala situación económica del Ayuntamiento de Gandia le llevó a tomar dichas decisiones. Una deuda que “heredé de los gobiernos socialistas de Pepa Frau y José Manuel Orengo”. Asimismo, ha recordado que todas las decisiones pasaban por Junta de Gobierno y por los interventores de Iniciatives Publiques. Una argumentación que ya desarrolló en la sesión previa. Además, ha recordado “la persecución política” que ha tenido estos años.
Otro de los argumentos que ha dirimido la defensa de los acusados es que no hubo una lesión al patrimonio del ayuntamiento pues con las dos encomiendas a sendas televisiones el Ayuntamiento se ahorró dinero, al margen de la indemnización abonada desde IPG a Comarques Centrals de Televisió SL.
Se trata de los 480.000 euros que IPG abonó a la cadena privada “a sabiendas de que no había causa que lo justificase”, según la acusación pública. Por su parte, el Ministerio Público sostiene que Torró “concibió, promovió y asumió” la obligación del pago con dinero público con un “claro perjuicio para las arcas”. Una cuantía que se ha debatido a lo largo de las sesiones. En esas sesiones previas del Caso Tele 7, se explicó que Ricardo Manuel Faura, administrador de Comarques Centrals Televisió SL, recibió unos 200.000 euros en concepto de facturas ya emitidas y no pagadas, 70.000 euros de trabajos realizados y no pasados factura. Y, el resto, como indemnización.
Unos hechos por los que la Fiscalía solicita ocho años de prisión y veinte de inhabilitación, aunque tanto Arturo Torró como Ricardo Manuel Faura podrían beneficiarse de la reforma del delito de malversación que será aprobada esta semana en el Senado y entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado. Por ende, y atendiendo a que en el caso de Arturo Torró no había ánimo de lucro de acuerdo con la modificación del Código Penal, la Audiencia de Valencia habrá de tenerla en cuenta a la hora de dictar la sentencia. En caso de condena, ésta sería como máximo de cuatro años, la mitad de lo que pide la Fiscalía. Si no fuera así, se da prácticamente por hecho que Torró pedirá su revisión.
Por otra parte, los letrados de Antonio Abad, José Vicente Codina y Josep Lluís Giménez Estruch, a los que la acusación particular, representada por el Ayuntamiento de Gandia, retirara sus cargos en la sesión anterior, han pedido que las costas procesales sean a cuenta del consistorio gandiense.
