Arturo Torró durante el juicio. Foto: EDUARDO MANZANAAntonio Abad, José Codina y Josep Lluís Estruch son absueltos tras la retirada de las acusaciones contra ellos
VALÈNCIA. La Fiscalía ha mantenido la petición de ocho años de cárcel y veinte de inhabilitación para Arturo Torró, exalcalde de Gandia, y Ricardo Manuel Faura, administrador y legal representante de la mercantil Comarques Centrals de Televisió SL, durante las conclusiones del juicio del caso Tele 7.
El Ministerio Público solicita esta pena para ambos por un delito de malversación, de manera que podrían ser claros beneficiarios de la reforma del Código Penal que previsiblemente quedará aprobada este jueves en el Senado y entrará en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días.
Actualmente, el Código Penal sanciona con una pena de dos a seis años de prisión a la autoridad o al funcionario público que, con facultad para administrar dinero público, cause un perjuicio sobre él. También a aquel que se apropie de los fondos para sí o para un tercero. Establece asimismo penas de cuatro a ocho años de cárcel y de diez a veinte de inhabilitación en determinados supuestos, como causar "un grave daño o entorpecimiento al servicio público" o si el valor de los efectos apropiados excede de 50.000 euros.
La petición de la Fiscalía respecto a Torró se sitúa precisamente en la parte alta de la horquilla del castigo, pero la reforma del delito de malversación pasará a diferenciar los supuestos en los que haya ánimo de lucro –es decir, que el funcionario o autoridad se apropie del dinero público para sí mismo o para un tercero– de aquellos que no. Si existe, se mantienen las penas actuales de dos a ocho de cárcel.
Pero se incorporan dos tipos nuevos. Uno, cuando no haya "ánimo de apropiárselo", pero "destinare a usos privados el patrimonio público", que supondrá de seis meses a tres años de prisión e inhabilitación de uno a cuatro años; y otro, para cuando los fondos públicos vayan a un fin distinto al previsto, que conllevará de uno a cuatro años de cárcel y de dos a seis de inhabilitación.
En el caso de Torró no habría ánimo de lucro según el nuevo Código Penal, de modo que, si la reforma de la malversación entra en vigor antes de que la Audiencia Provincial de Valencia dicte la sentencia, tendría que tenerlo en consideración. La condena sería como máximo de cuatro años, la mitad de lo que pide ahora la Fiscalía según el actual Código Penal. Si no fuera así, se da prácticamente por hecho que Torró pedirá su revisión.
La sesión de este martes del juicio, centrado en las adjudicaciones del gobierno de Arturo Torró a dos grupos de televisión, también ha supuesto la absolución de tres procesados después de que la acusación particular retirara los cargos sobre ellos: Antonio Abad, José Vicente Codina y Josep Lluís Giménez Estruch. También ha renunciado a seguir acusando por el delito de prevaricación a todos los investigados. Además, rebaja las costas a 480.000 euros en vez de los 4,5 millones de euros iniciales.
Antes, han declarado los acusados: Javier Reig (vicepresidente de Iniciatives Públiques de Gandia y exconcejal); Antonio Abad (concejal del PP antes y ahora); José Vicente Codina, gerente de Inversiones Especiales del Mediterráneo; Josep Lluís Giménez, representante de la mercantil Inversiones Especiales del Mediterráneo, S.L, y Cristina Serrano, entonces jefa del área Económica del Ayuntamiento de Gandia. También se acusa a Comarques Centrals Televisió como responsable civil subsidiario.
Tras la retirada de la acusación por prevaricación, el letrado de Arturo Torró ha solicitado el aplazamiento por unas horas la vista al considerar que "el 80% de lo que se ha hablado del juicio ha sido relacionado con esa pena" y, por tanto, "se vulnera el derecho de defensa". Petición que la Sala ha rechazado porque todavía persisten el delito de fraude en la contratación pública y el delito de vulneración de los derechos fundamentales (Código Penal).
Por su parte, los letrados de las tres personas para las que se ha retirado la acusación han establecido que pedirán las costas del juicio y solicitarán una indemnización por “daños y perjuicios”. Unas costas que deberán ser abonadas por el Ayuntamiento de Gandia y que en un inicio ascendían a los 4,5 millones de euros —unos 70.000 euros por persona—, pero que ahora se han rebajado a 580.000 euros.
Al comienzo de la sesión, la Sala ha mantenido su postura y ha decido no suspender el juicio de Arturo Torró por la reforma del delito de malversación en el Código Penal que ha aprobado en Congreso porque la norma no ha entrado aún en vigor y no se puede actuar como si la norma anunciada ya lo estuviera. Además, ha recalcado que, aun estando en vigor, “no observamos que la nueva regulación pendiente incluya conductas distintas a las que se están analizando en este juicio”. Asimismo, ha expresado que el nuevo texto no introduce nuevas conductas ni exclusión de conductas ya establecidas por lo que no se puede aceptar. Por lo tanto, "no observamos que el texto que pudiera aprobarse pudiera modificar algunas de las conductas planteadas por la acusación”.
El primero en declarar este martes ha sido Arturo Torró, quién ha decidido contestar a su abogado y al tribunal. Quien fuera alcalde de Gandia entre 2011 y 2015 ha expresado que en su programa electoral ya llevaba el cierre de la televisión pública por ser deficitaria: “la televisión pública costaba alrededor de 2,2 millones de euros, llegando a los 2,5 millones de euros, por lo que era casi nueve millones de euros en una legislatura”. De ahí, ha reiterado, se elaboró las dos encomiendas a las televisiones públicas.
Preguntado por su letrado sobre la persona que elaboraba la documentación, Arturo Torró ha comentado que “el señor Juarez era quien se encargaba de realizar todo junto al interventor”, eludiendo cualquier responsabilidad de la elaboración de dichos pliegos. Asimismo y ante la pregunta de su letrado, destacó que “al llegar al Ayuntamiento no cambié a ninguna de las personas que trabaja allí, algo que hizo que tuviera algunas criticas dentro del partido”. Asimismo, expresó que “hasta 2015 no hubo ningún movimiento político ni queja ante dichas encomiendas” y recordó que la situación del Ayuntamiento y de IPG “era caótica”, con una deuda en créditos de más de doscientos millones de euros.
Unas declaraciones que ha realizado como acusado por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación por supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual entre los años 2012 a 2015 en el consistorio gandiense.
Según el escrito de acusación de Fiscalía, Arturo Torró, aprovechando su condición de alcalde del Ayuntamiento de Gandia y presidente del Consejo de Administración de IPG, utilizando esta empresa municipal, concibió, promovió y asumió la obligación de pagar a Comarques Centrals Televisió S.L. la cantidad de 580.000 euros de dinero público, "a sabiendas de que no había causa que lo justificase, causando un claro perjuicio para las arcas públicas, contando con la colaboración del otro acusado y con el consiguiente dominio del hecho por parte del mismo para poder llevar a cabo el acuerdo y la ejecución de dicha indemnización". Por ello, la Fiscalía pide una pena de ocho años de prisión y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de codena (artículo 56 del Código Penal) y la inhabilitación absoluta durante veinte años.
En cuanto a la relación entre Ricardo Manuel Faura Vidal, administrador y legal representante de la mercantil “Comarques Centrals de Televisió, S.L., y Arturo Torró, el exalcalde de Gandia sentenció que “lo conozco cuando firma el contrato y un día que vino a mi despacho con Paco Sanz para que le pague las deudas pues le debíamos más de 200.000 euros porque había una demora de tres meses en pago”. Hecho que Ricardo Manuel Faura en su declaración también corrobora al expresar que conoció a Arturo Torró en 2013 cuando me presenté en su despacho con la exigencia de cobrar los últimos trabajos. Un importe que asciende a 480.000 euros: “200.000 euros por trabajos no facturados, 70.000 que estaban por facturar correspondientes a febrero y el resto por indemnización”. Asimismo Faura ha recordado que “la situación era muy complicada, no podía ni pagar el IVA, de ahí que firmara la resolución —480.000 euros—”.
Por su parte, Francisco Javier Reig Garrigues, quien fuera Vicepresidente de IPG y concejal del equipo de gobierno de Arturo Torró por aquel entonces, expresó que no tenía relación con Faura y Jose Vicente Codina Tomás, administrador de la mercantil Inversiones Especiales del Mediterráneo, S.L.: “no tuve relación con ellos hasta que no se resolvieron las encomiendas, es Juarez quien realizó las gestiones”.
Del mismo modo, se pronunció Antonio Abad Rodríguez, por entonces concejal del Ayuntamiento de Gandia y recordó que “tuve que firmar el documento por ausencia de Francisco Javier Reig Garrigues, presidente del Comité Asesor de Contratación, quien debía firmar el acta que admitía a la licitación las ofertas presentadas por Comarques Centrals Televisió, S.L. e Inversiones Especiales del Mediterráneo, S.L”. De hecho, la acusación particular ha retirado su acusación contra él.
Josep Lluís Giménez Estruch, administrador único de la mercantil Inversiones Especiales del Mediterráneo, S.L, también señaló a Juarez como la persona encargada de realizar ese contrato, firmado por él mismo “porque me llamó a su despacho”. Un cargo que, según detalla, solo ejerció durante tres meses. Como Abad, ha sido absuelto de todos los cargos.
Cristina Serrano, jefa de Servicio de Actividades Empresariales Municipales, expresó que “con IPG no tenía ninguna vinculación y ese asesoramiento lo hace Juarez hasta que se cierra”. Cristina Serrano también dio explicaciones sobre su presencia en la licitación, en la que solo comprobaba que los requisitos se cumplieran.
En cuanto a Jose Vicente Codina Tomás, administrador de la mercantil Inversiones Especiales del Mediterráneo, S.L., expresó que conoce a Torró porque en diciembre 1997 buscaban un gerente del centro histórico de Gandia y lo estoy hasta 2007, cuando me voy a trabajar en otra empresa. Vuelvo a Gandia porque puedo comprar Televion del Mediterráneo en abril 2009. “La televisión no tenía actividad, había despedido a todo el mundo y pongo en funcionamiento la televión bajo el nombre de Tele 7 Safor”. Le cuesta 650.000 euros y en 2010 vendo las participaciones porque viene el apagón analógico. Además, ha comentado que “el señor Juarez es quien me avisa de que hay dos encomiendas y presento toda la documentación. Cuando se firma el documento ya no estoy en el consejo”. Una declaración que ha hecho que el abogado del Ayuntamiento retire los cargos contra él.
