VALÈNCIA. Quedan menos de tres meses para las elecciones autonómicas y locales, una cuenta atrás que aumenta de forma proporcional la tensión entre las principales formaciones políticas de la Comunitat Valenciana. La precampaña, quizá una de las más largas e intensas de la historia democrática, viene lanzada desde hace semanas. En algunos casos, de una forma tan crispada que, de continuar en esta tendencia creciente, apunta a sobrepasar todos los límites de la cortesía política que se le presupone a los protagonistas.
Sin duda, los duelos más intensos se producen entre el bipartidismo. El motivo es claro: los comicios locales y autonómicos se viven como una primera vuelta de las elecciones generales de final de año con una lucha de poder a poder entre PSOE y PP. Esto hace que las cuestiones o escándalos nacionales también se importen a la Comunitat Valenciana, según a las siglas que beneficien. En este caso, son los populares los que más abonados están a este recurso, aprovechando los problemas que atraviesa Pedro Sánchez y también las decisiones que afectan o salpican al ámbito autonómico. Mientras, el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, prefiere centrarse en los asuntos valencianos, donde puede defender los hitos de su gestión y vender un liderazgo que, así presumen en su entorno, genera "estabilidad".
En este punto, se aprecian dos realidades paralelas o dos maneras de gestionar la precampaña hasta este momento entre PSPV y PP: un modelo autonómico más clásico y un enfrentamiento absolutamente encarnizado en València ciudad.
Así, el presidente de los populares valencianos y candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, está utilizando el método del 'martilleo' tan característico de su formación política. Una serie de temas esenciales con mensajes sencillos que puedan calar en la ciudadanía. Una reforma fiscal que incluya una bajada de impuestos; distintas promesas para mejorar la sanidad (un área siempre con agujeros negros a criticar, especialmente con una huelga de médicos convocada); la protección del trasvase Tajo-Segura, especialmente tras la reducción anunciada por el gobierno; la derogación del requisito lingüístico y la reducción de consellerias y los "gastos superfluos" en la administración. Un conjunto de reivindicaciones y propuestas principales que vienen acompañadas de otras muchas que componen el ideario del líder del PPCV para lograr acceder a la Generalitat.
Por supuesto, también aparece de forma reiterada en esta precampaña desde la dirección regional el intento de desgastar a Puig a través de casos judiciales como Azud (un asunto que curiosamente surge de la gestión del PP en el Ayuntamiento de València y más en concreto del entorno de Rita Barberá aunque también tiene una pieza sobre una posible financiación irregular del PSPV) u otros escándalos nacionales como el ahora denominado caso 'Mediador'. Eso sí, siguiendo la tradición, suelen ser los lugartenientes del líder los que salen a proferir las declaraciones más duras e impactantes sobre estas cuestiones, mientras que el candidato Mazón se centra más en anuncios y en el apartado propositivo.
De la misma manera, a los anuncios o a las críticas -cuando no exabruptos- del PP en el ámbito autonómico salen a responder generalmente los primeras espadas del partido de Puig, como el responsable de Organización, José Muñoz, o la vicesecretaria general, Ana Domínguez, no el presidente en primera persona. Una manera de que el jefe del Consell se mantenga en la gestión y conserve su perfil presidencialista, en un intento de volar por encima de las peleas en el barro por encontrarse en tareas más elevadas como el bienestar de los cinco millones de valencianos.
Esta pugna clásica contrasta con el nivel de crispación entre PP y PSPV en la ciudad de València. Es cierto que las circunstancias no son las mismas. En la capital la Alcaldía es de Compromís con Joan Ribó al frente, por lo que las dos grandes formaciones deben luchar por crecer sin valerse del aura que proporciona la vara de mando.
También se da la circunstancia de que la candidata popular, María José Catalá, además de ser portavoz en el Ayuntamiento, es la secretaria general del PPCV y síndica en Les Corts. Esto hace que en realidad sea una voz autorizada para hablar de cualquier asunto, con lo que no es extraño que los temas se mezclen y que el ritmo de comunicados y declaraciones de la dirigente sean un bombardeo constante.
Esta semana en especial, la tensión ha crecido por diversas cuestiones. Una de ellas, la que ha enfadado especialmente al PSPV, ha sido la declaración vertida por Catalá en uno de sus comunicados de prensa tras conocerse que una concejalía en manos de los socialistas adjudicó tres contratos menores a una empresas de drones relacionada con el caso 'Mediador' por un total de 17.000 euros: "Hoy mismo el PSOE debe dar la cara, dar explicaciones y contar a los valencianos si ha habido mordidas o se ha participado en las fiestas del diputado socialista" (en referencia al parlamentario investigado). Una afirmación que indignó al PSPV al interpretarlo como una insinuación "gratuita" de que miembros del grupo podrían estar relacionados con una causa en la que se ha publicado que se producían fiestas con prostitutas.
Pocas horas después, los socialistas contraatacaban con la propia vicealcaldesa y candidata, Sandra Gómez, al frente mostrando una imagen de una red social en la que la empresa vinculada a la trama decía "colaborar" con el Ayuntamiento de Alicante, en este caso gobernado por el PP. Desde el consistorio alicantino reaccionaron señalando que nunca se había contratado con la citada mercantil y, a día de hoy, es cierto que no ha aparecido dicho contrato. Si han surgido, no obstante, otras adjudicaciones de administraciones del PP con la empresa de drones salpicada por la trama: es más, una de ellos, un procedimiento abierto licitado por 60.000 euros en el Ayuntamiento de Finestrat, donde el alcalde es Juan Francisco Pérez Llorca, además vicesecretario de Organización del PPCV, número tres de Mazón en el partido. Ni el gobierno municipal de València ni el de Finestrat han facilitado el expediente con las facturas todavía.
Pero la tensión no quedó ahí. Catalá también se hizo eco de una información en la que se señalaba a un funcionario del consistorio por entrar a las dependencias de Comercio "para hacer fotocopias por la noche" , algo que respondió la propia concejalía defendiendo al trabajador y asegurando que todo partía de "denuncias múltiples por parte de dos personas contra diversos integrantes de la Concejalía de Comercio, desde el concejal hasta el funcionario que es ahora foco de la persecución de Catalá".
Mientras, este mismo viernes el PSPV aprovechaba una información nacional publicada por Infolibre en la que se aseguraba que el coronel Manuel Sánchez Corbí, en 2016 jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, investigó datos de la vida sexual de un periodista valenciano que puso en conocimiento del entonces número 2 del Ministerio de Interior, Francisco Martínez. En aquel momento, el reportero llevaba meses publicando múltiples noticias sobre la 'Operación Taula', por lo que Gómez pedía ayer "explicaciones" a Catalá sobre las supuestas "prácticas mafiosas" ejercidas contra un periodista "por investigar la corrupción de los 'populares' valencianos y de la exalcaldesa de la ciudad, Rita Barberá".
Unos hechos que prueban holgadamente el nivel de embarramiento y crispación entre PP y PSPV en esta precampaña municipal, que se traslada incluso a los ámbitos más banales, como la longitud de la lona desplegada por ambas candidatas en distintos edificios de València. La nota de humor la puso en este caso Compromís, quien promocionó a su vez como burla por redes sociales un cartel de Ribó de apenas unos centímetros de tamaño con el lema: "Tan prop de tu com tu estàs d'este cartell".