Gato por liebre, de nuevo

Que la política es un mercado donde prácticamente todo se negocia entre quien ofrece y quien demanda ya está más que asumido. Que ese mercado es un manoseo constante de lo que se intercambia para reducir el valor de lo que tiene el otro y aumentar al máximo el valor de lo que uno posee no es más que una lógica del sistema. Lo que ya no resulta tan admisible es que se falsee descaradamente lo ofertado engañando a la otra parte. Claro, que el mercado de verdad tiene normas y reglas reconocidas por quienes actúan en él, con infracciones y sanciones que, desde luego, en política no existen. Y no existen, simplemente, porque el consumidor último del mercado político, que somos todos nosotros, no queremos.

Esta misma semana nos hemos dado un baño de realidad con nuestro nuevo y flamante Gobierno autonómico de la Generalitat Valenciana. La declaración de intenciones del President Mazón no deja lugar a dudas al hacer balance de los primeros cien días de gobierno de PP y Vox: “nos encaminamos a unos primeros presupuestos que son muy duros”. Se acabaron por tanto las promesas de precampaña y campaña electoral del candidato popular sobre reducción de impuestos y de que se mantendría, o incluso se iba a aumentar, el gasto social. El mismo Mazón decía que “bajar impuestos es una obligación moral” o que uno de sus ejes era “acabar con la brecha social, que está aumentando en la Comunitat”, allá por diciembre de 2021. Casi dos años después ese discurso se traduce en “presupuestos muy duros”.

Alguien ha descubierto que los presupuestos sólo pueden equilibrarse para corregir deficiencias de dos maneras: o se suben los ingresos o se bajan los gastos. O las dos cosas a la vez… Y la pregunta es, President, ¿estamos para sólo una de esas cosas, o realmente vamos a tener que hacer las dos?

La justificación de Carlos Mazón no es por esperada menos sorprendente: el derroche del Botànic. Y oiga, estaríamos plenamente de acuerdo en que entre la infrafinanciación que arrastramos los valencianos -no digo ya los alicantinos con la falta de inversiones en sucesivos Presupuestos Generales del Estado, y no sólo de este Gobierno, sino también de los anteriores del mismo PP de Mazón-, y la deuda generada por Ximo Puig y compañía esto ha devenido en insostenible. Pero al PP se le votó en la Comunidad Valenciana precisamente -quien lo hiciera- para poner fin a ese desmán con el compromiso de menos impuestos y más gasto social. Esa era la promesa de Mazón para presidir el Consell. Y sólo poco después de ciento y pico días nos encontramos con que lo prometido muta en presupuestos “muy duros”. O sea, que o bien nos subirán los impuestos, o bien bajarán el gasto (que en un presupuesto es todo social, porque hasta los sueldos del personal se supone que están encaminados al interés general, y qué más social hay que el interés general ¿no?).

Y, personalmente, no me vale la justificación del derroche del Botànic, porque eso se sabía, se ha denunciado incluso por los que nunca estuvimos ni estaremos en el PP, estaba descontado, y era precisamente el nudo gordiano que ya nos anunciaba la única alternativa posible a la izquierda de la Comunidad Valenciana. Eso y la dichosa infrafinanciación, que nos limita y nos somete a una obligada dependencia: no ya de los bolsillos de todos los valencianos, sino de la escasa financiación del Gobierno central. Y a donde la segunda no llega, tendrán que llegar los primeros, porque no hay otra cuadratura del círculo posible.

Pero la cuestión fundamental es la de por qué, una vez más y como siempre, nos engañan en este mercado donde nos ofrecen lo que sea a cambio de nuestro voto. Por qué no dejan de tratarnos como a pardillos diciéndonos que todo es posible cuando eso no es verdad. Por qué, en definitiva, de nuevo, nos sorprende que un gobernante nos diga una cosa distinta a lo que nos dijo al pedirnos el voto, sea del color que sea, cuando sabía perfectamente lo que iba a terminar contándonos.

Miren, tengo que confesar que nunca he entendido del todo la normativa de protección al consumidor cuando éste ni siquiera se interesa por lo que como tal es su derecho. Me parece tratar al ciudadano, a veces, como a un niño pequeño, cuando éste se resiste a reconocer sus derechos y a ejercerlos antes de que el problema aparezca. No entiendo, por ello, que como consumidores de democracia sigamos comprando un producto con tara o que no da el resultado que nos prometen. Más aún cuando pese a estar avisados, pagamos lo que no está escrito. Y, sobre todo, cuando aquí no hay devolución posible, nos lo venda el PSOE o, como esto, el PP.