Asignaturas pendientes de la I+D+i valenciana

Ya en 1999 se hablaba en documentos oficiales de la Generalitat de la desconexión existente entre los agentes del Sistema Valenciano de Innovación (SVI). Así lo reflejaba el primer informe del Alto Consejo Consultivo en I+D+i, a partir del trabajo realizado por el instituto Ingenio (CSIC y Universitat Politècnica de València). La escasa interrelación existente distanciaba a las empresas de universidades y centros públicos de investigación. Sólo los institutos tecnológicos formaban parte de las estructuras de interfaz con una misión económica clara y sostenida. Pese a ello, o precisamente a causa de ello, parte de la representación empresarial y de su primer portavoz mediático acusaban de elitismo e intervencionismo a los institutos: reproches que ocultaban una parte de clara ignorancia y otra de afán monopolizador de todo lo que se relacionara con la empresa.

Con la Agencia Valenciana de Innovación y la activación de un marco de apoyo que incluye iniciativas de varios departamentos y organismos de la Generalitat, se ha avanzado en el fortalecimiento de los institutos y se ha dado respuesta a la situación que, en 1999, suscitaba aquella preocupación. Una respuesta que ha abogado por la creación de conexiones entre quienes crean conocimiento en cualquier punto del SVI, esto es: la elección del mismo camino seguido por los países con mayor densidad de infraestructuras y personal investigador. Una opción lógica ya que el universo del conocimiento no conoce límites, expandiéndose de continuo, mientras que los recursos científicos y tecnológicos son limitados incluso en aquellos lugares que ocupan la cabecera de la ciencia y tecnología internacionales. La eficiencia del sistema de innovación forma parte, pues, de las claves de su éxito.

Tal hecho es aplicable, con mayor motivo, a territorios que, como la Comunitat Valenciana, dispone de medios situados a mitad camino de los utilizados por la Unión Europea. Podemos sentirnos satisfechos de otros logros, pero entre éstos todavía no se encuentra la fuerza relativa del SVI, por más que se den pasos para intensificarla: sigue inquietando la moderada velocidad a la que se produce su avance. Y ello tiene sus causas.

En el SVI se dan unas características que no es frecuente encontrar en otros sistemas de innovación. De una parte, el creciente pero todavía reducido peso de la investigación privada en la inversión total aplicada a I+D+i. Un hecho estructural que tiene su origen en las menores intensidades innovadoras presentes en la composición sectorial de la empresa valenciana, con el resultado de que también son menores la inversión empresarial directa en I+D y las demandas investigadoras que se le plantea al sector público científico. De otra, la propensión de parte de la investigación pública a aislarse de las necesidades innovadoras de las administraciones y del tejido empresarial regional.

Ambos problemas son bien conocidos y, en respuesta a los mismos, se han activado programas incentivadores destinados a reducir su alcance. Con todo, existen algunas posiciones cuya permanencia conviene seguir calibrando. Dicho sea con claridad: parece como si un sector de los investigadores financiados con impuestos considerase su carrera únicamente vinculada a sus intereses personales, prestando escasa o nula atención a la implicación de aquélla en el logro de servicios públicos de mayor calidad y de productos privados instigadores de mejor empleo y mayor valor añadido.

El investigador del sector público puede pensar que la orientación de sus preferencias prima sobre cualquier otra consideración y que la libertad de investigación constituye un derecho intocable. Que contribuye a un bien que, en sí mismo, es valioso: la promoción del conocimiento Incluso sostener que, en todos los países avanzados, la investigación básica o fundamental, sin vínculos con aplicaciones concretas, se encuentra apoyada y resguardada como base para la posterior floración de innovaciones prácticas.

Las anteriores afirmaciones, guardando parte de certeza, merecen amplios matices. En primer lugar, resulta vano reclamar que los niveles y patrones del apoyo público valenciano coincidan con los existentes en los países de mayores niveles de renta: está fuera de la realidad. En segundo lugar, existen trabajos que estiman en un 25% la producción científica valenciana que, cuando se ha publicado, no ha logrado atraer el interés de ningún otro investigador. En tercer lugar, los fallos del modelo de investigación doméstico son bien visibles en el pequeño tamaño de muchos grupos de investigación y en su reducida interdisciplinariedad, causantes de menores logros en las convocatorias competitivas de subvenciones en diversos campos. A lo anterior se añade una constatación: es la orientación de los incentivos diseñados para avanzar en la carrera profesional -y no otros, como las innovaciones domésticas-, los que todavía estimulan gran parte de las reacciones de los científicos y condicionan la estrategia de sus investigaciones.

Ante los saltos innovadores del saber actual, disruptivos y combinables, la adición a lo anterior de penalidades burocráticas, pulsiones endogámicas y trazas semifeudales no parece que integre un código de conducta deseable para quienes pertenecen a organizaciones entreveradas con su geografía inmediata y la ética de las instituciones públicas. Pensar en las necesidades del entorno no ahoga la universalidad de la investigación ni constituye una obligación, a no ser que se confunda ésta con un valor: el de la responsabilidad profesional.

Una responsabilidad que precisa de simetría en el comportamiento de empresas y organismos públicos. De estos últimos, corrigiendo los incentivos perturbadores que alienan la investigación pública y cuya presencia se encuentra a veces más en la letra pequeña de decretos y órdenes que en la solemne prosa de las leyes sobre Ciencia. Y, simultáneamente, evaluando los apoyos que se inyectan en la actividad privada. Son tan abundantes como limitado su volumen presupuestario individual y su conexión mutua.

Del sector empresarial cabría esperar una mayor capacidad organizativa y estimuladora de sus organizaciones, comenzando por la ampliación de los recursos comunes destinados a alentar la innovación de las empresas, continuando por la delimitación de las ayudas públicas que se consideran estratégicas y la propuesta de concentración en éstas de recursos y esfuerzos de coordinación: una información que ahora se desconoce, alimentando la continuidad del pasado, y de sus inercias, en un presente que requiere de estímulos ambiciosos pegados al terreno. No vaya a ser que las procesiones de palmas con que se recibía al anterior ministro de Fomento por diversos círculos empresariales e institucionales, se conviertan ahora en procesiones del silencio con la actual, e igualmente valenciana, ministra de Ciencia e Innovación.