La asociación empresarial de La Vall d’Albaida expone sus reivindicaciones de cara a las elecciones

VALÈNCIA. La Confederación Empresarial de la Vall d´Albaida (COEVAL) ha dado a conocer sus reivindicaciones ante las próximas elecciones del 23 de julio tras celebrar su Junta Directiva en Albaida. 

El alcalde del Ajuntament d'Albaida, Alejandro Quilis, inauguró el evento y se mostró dispuesto a trabajar junto con COEVAL, desde la colaboración público-privada, para tratar los temas de interés común. Quilis ha recalcado la necesidad de sumar para fortalecer las reivindicaciones. David Palaci, concejal de Promoción Económica, también asistió en representación del Ajuntament d'Albaida y ratificó las declaraciones del alcalde.

En cuanto a las reivindicaciones que COEVAL considera importante poner de manifiesto ante las elecciones del 23 de julio, se expuso que pymes y autónomos se están encontrando en su día a día con serias dificultades para hacer frente a la avalancha de obligaciones que se imponen por parte del legislador. La confederación explica que tienen que afrontar complicados retos procedentes de una globalización muy a la medida de las grandes empresas. Con todo ello, para poder competir deben hacer un gran esfuerzo en todos los ámbitos para continuar su actividad y mantener los puestos de trabajo, esfuerzo que necesita de financiación y liquidez en condiciones adecuadas. En este sentido, la confederación solicita a la administración pública el anticipo del 50% de la financiación de aquellos proyectos que han obtenido una resolución aprobatoria de subvención o ayuda.

Por otro lado, COEVAL insta por la reducción y agilización de las cargas burocráticas en todas las administraciones, para que se aceleren de ese modo muchos trámites y procedimientos que facilitarían proyectos de inversión que actualmente padecen retrasos y paralizaciones insostenibles. El grupo de empresas pide considerar como positivo el silencio administrativo, tras cumplirse los plazos legales previstos para que la correspondiente administración resuelva la solicitud planteada. Con ello, reclaman que el solicitante no puede ser el perjudicado de la falta de diligencia y agilidad administrativa. Otra medida importante en la misma dirección es la extensión en lo posible de la declaración responsable como mecanismo para impulsar solicitudes a las administraciones.

Las empresas y autónomos han pedido a los legisladores electos abordar con agilidad otros temas importantes para su futuro. Entre ellos se encuentra la supresión del importe de minimis, que actualmente exige que en los últimos 3 años no excedan de 200.000 € las ayudas públicas sujetas a minimis según convocatoria. De este modo, se podrían llevar a cabo un mayor número de proyectos de inversión con apoyo público.

También se solicita la modificación de las cuantías de los contratos menores, ya que es una vía importante de trabajo en proyectos de pymes y autónomos en colaboración público-privada. Esta cuestión está regulada en la legislación estatal de contratos. Así se solicita concretamente que los de suministros o servicios se eleven de 15.000 € hasta 50.000 € y los de obra hasta 100.000 €.

COEVAL pide, en referencia también a los contratos y concursos públicos que llevan a cabo todas las administraciones que se priorice la proximidad de las empresas a los territorios de la administración licitante. De esta forma, pymes y autónomos pueden optar con más posibilidades al valorar con más peso la proximidad en los pliegos, conocer del entorno y prestar con más celeridad los servicios y mantenimientos que se necesiten.