Asociaciones civiles presentan se querellan contra exministros y Cotino por el proyecto Castor

VALÈNCIA. (EP). El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el proyecto activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) han presentado este martes una querella criminal ciudadana ante la Audiencia Nacional contra cuatro exministros del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y uno del 'popular' de Mariano Rajoy.

La querella se presenta contra los exministros de Industria, Comercio y Turismo Joan Clos y Miguel Sebastián (PSOE), así como el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria (PP) y a las exministras socialistas de Fomento, Magdalena Álvarez, y de Medio Ambiente y Agricultura, Elena Espinosa.

También acusan al exconsejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino; así como a Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritaria de la mercantil ESCAL UGS S.L. (quien tenía la concesión del almacén de gas); al presidente de la mercantil ESCAL UGS S.L., Recaredo del Potro; y al exsecretario general de Energía de Industria, Comercio y Turismo, Ignasi Nieto.

A todos ellos les atribuyen delitos de prevaricación, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos por el proyecto Castor de almacenamiento submarino de gas frente a las costas de Vinaroz (Castellón).

Según han explicado los responsables de las asociaciones demandantes, se presenta esta querella --registrada la semana pasada-- porque "presuntamente ha habido enriquecimiento ilícito" de ciertas personas y, porque tanto en los trámites administrativos, de contrato y de indemnizaciones a la empresa concesionaria del proyecto, consideran que hay "anomalías" con políticos implicados. "Se tiene que investigar", han sentenciado.

Responsables: Miembros y Gabinetes de Gobierno del PP y PSOE

Según indica Simona Levi, de Xnet, el juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional tiene "competencia en el caso, ya que se trata de una defraudación que ha producido graves repercusiones en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional y ha habido perjuicio patrimonial".

Según se desprende de la querella, que ha sido presentada en rueda de prensa por Simona Levi, de Xnet, y Alfonso Pérez, de ODG, atribuyen un delito de malversación porque consideran que la "repercusión directa de los gastos de mantenimiento de la plataforma Castor en los costes regulados del sistema gasista que las empresas comercializadoras de gas acaban repercutiendo al consumidor final, debe ser considerado caudal público".

A su juicio, Enagás, empresa pública que efectúa actividades de transporte, almacenaje y regasificación incluidas en los costes regulados del sistema gasista que las empresas comercializadoras acaban imputando al consumidor, "deviene el instrumento para recaudar las cantidades necesarias --a través del peaje-- para sufragar los gastos de mantenimiento de Castor y, por tanto, el instrumento para obtener caudales públicos que, lejos de servir para cubrir finalidades públicas o de interés general, son destinadas a sufragar la plataforma, ideada, planificada, construida y mantenida para enriquecer a los querellados".

Con respecto al delito de prevaricación, la querella apunta que uno de los actos administrativos dictados por los funcionarios públicos y autoridades querelladas, se realizaron "en connivencia con los querellados particulares para garantizar el éxito de la operación". "Constituyen decisiones criminales de los poderes públicos adoptadas al margen de la ley, arbitrarias, injustas y contrarias al interés general, y, por tanto, subsumibles dentro del delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal", indica el texto.

Asimismo, la querella también señala que la conducta de los querellados también es "subsumible en un delito de fraude a la Administración Pública". Así, la querella observa "un componente patrimonial, en cuanto se lesionan los intereses económicos de la Administración", y además destaca "la deslealtad del funcionario que infringe los deberes inherentes a la función que tiene encomendada".

"La concatenación de los hechos descritos en los párrafos anteriores no puede responder a la causalidad o al azar; el dictado de tantas resoluciones administrativas arbitrarias con el corolario de la millonaria indemnización por RDL del 2014 siempre en contra del interés general y solo en provecho de un grupo empresarial, solo pueden ser comprendidas desde el concierto entre responsables públicos de la energía y las empresas denunciadas en los términos descritos en uno de los fraudes más grandes jamás imaginados en el sector energético español", concluye la querella.

Buzón para que ciudadanos aporten información sobre el caso

Esta demanda, registrada por Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització (Observatorio de la Deuda en la Globalización), cuenta con el respaldo de la Red para la soberanía energética (Sxe); Alianza contra la pobreza energética (APE); @15MpaRato (querella ciudadana del Caso Bankia); el Observatorio de Defensa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observatorio DESC); la Plataforma Ciudadana e Defensa de las Terres del Senia; y la asociación de afectados de Castor (Aplaca).

Levi ha anunciado que se ha puesto en marcha un buzón para que ciudadanos, de manera anónima, puedan aportar información "sensible" sobre el caso. Por el momento, dos personas han contactado ya con las asociaciones, y esperan que más ciudadanos sumen información "interesante e inédita" que ayude a la querella.