Foto: ANTONIO PRADASCASTELLÓN. Una parcela de más de 1.500 metros cuadrados sale a subasta en el municipio castellonense de Almassora. El juzgado de primera instancia número 5 de Castellón ha sacado a subasta judicial un edificio a medio construir en la calle San Fernando, en la zona noreste de la localidad y justo en las proximidades del complejo municipal deportivo La Garrofera. Una finca de viviendas cuya construcción se inició al calor de la burbuja inmobiliaria a finales de la primera década de siglo y que, como otros proyectos inmobiliarios, quedó paralizado.
Se trata de una promoción de viviendas impulsada en su momento por la constructora local Verdice Promociones, que ofrecía a los futuros compradores pisos con piscina en la cubierta, "amplias terrazas privadas", plaza de garaje y trastero. Sin embargo, la compañía acabó entrando en concurso de acreedores en el año 2013, un procedimiento concursal que supuso la disolución definitiva de la promotora tres años después.
Uno de los acreedores de la promotora era un fondo de gestión de activos británico, Voyager Investing UK Limited Partnership, dirigido por el Fondo de Pensiones de Canadá, que le reclama más de 6,4 millones de euros -intereses y costas incluidos-. Deuda por la cual el juzgado ha iniciado el proceso de venta en pública subasta judicial por vía de apremio, abierta el pasado 14 de abril y a la que pueden presentarse ofertas hasta el próximo 5 de mayo, según el anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Aunque calificado como solar en la subasta, está construida hasta la primera planta. El sótano tiene dos plantas, que estaban destinadas a albergar hasta 90 plazas de garaje y 80 trasteros. Además, hasta la planta cuarta se iban a construir viviendas, y en la planta bajo cubierta, trasteros y zona de piscina de uso común. El edificio se había diseñado con la construcción de cuatro portales diferenciados con sus respectivos ascensores y escaleras.
El inmueble sale a subasta por valor de más de 15,1 millones de euros, y aunque en el proceso no se obliga a presentar una puja mínima, sí existe la obligación para aquellos interesados en poner un depósito por importe de casi 760.000 euros. Además, según el anuncio publicado en el BOE, las ofertas se podrán presentar en tramos de 300.000 euros. Por el momento, la subasta no ha recibido ninguna puja.
Si la mejor puja que se presente asciende a más del 70% del valor del inmueble, se aprobará el remate. De no ser así, el ejecutado puede presentar otra oferta mejor que sí supere ese límite, y si eso no ocurre, el fondo británico puede pedir la adjudicación del inmueble por ese precio, el 70% del valor. Y ya como última opción en este caso, se puede adjudicar a otra oferta que sólo supere el 50% del valor de tasación o cubra, al menos, los 6,4 millones adeudados.
El procedimiento permite también adjudicar el inmueble si la oferta es inferior al 50% del valor. En este caso, el juez deberá resolver "a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor" para con la deuda, así como "las posibilidades de lograr la satisfacción" del fondo británico mediante "otros bienes". Si rechaza, el fondo podrá adjudicarse la parcela por el 50% del valor.
